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| 10/21/2013 12:00:00 AM

Implicados en corrupción en Paloquemao a la cárcel

El juez dejó libres a tres personas, una irá a detención domiciliaria y siete a la cárcel.

Tras cuatro días de audiencias y después de recibir una imputación por diferentes delitos, el juez 52 penal municipal con función de control garantías estimó que es pertinente y existe justificación razonable para imponer medida de aseguramiento carcelaria en contra de siete personas presuntamente implicadas en actos de corrupción, en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá. Tres más quedaron libres y otra recibió detención domiciliaria. 

Para el juez, la medida de aseguramiento indicada para las siete personas es la carcelaria, pues se infiere que los procesados pueden constituir un peligro para la comunidad, obstruir la justicia, las conductas endilgadas son demasiado graves y se deduce que pueden ser partícipes de los delitos que se les imputaron. 

“Las modalidades de las conductas, de todas ellas son dolosas; las dinámicas con la que se actuó hacen acudir a un juicio reprochable severo, pues se actuó con conocimiento y se encaminó la voluntad para desencadenar esos fines mezquinos, apoyándose en los papeles de cada uno y valiéndose de la administración de justicia”, explicó el togado. 

La determinación del funcionario judicial se fundamentó en que es necesario valorar el riesgo que correría no sólo la comunidad, sino las víctimas si se acepta que estas personas sigan libres mientras avanzan sus procesos. 

“Si no se toma medida de aseguramiento se afecta en forma grave la credibilidad de la administración de justicia y la confianza que el conglomerado social deposita en ella (…) existe latente peligro para la comunidad porque se trata de un contexto de una pluralidad de conductas que afectan y son de la mayor relevancia para la sociedad. La libertad de los imputados puede constituir un peligro para la comunidad, adicional al peligro para la víctima”, agregó.

El juez 26 penal municipal con funciones de control de garantías, Ricardo del Cristo Rodríguez Villar, a quien le fueron imputados concierto para delinquir, prevaricato por acción agravado, falsedad ideológica en documento público, concusión agrava y tráfico de influencias, fue uno de los enviados a prisión. 

Los otros afectados la determinación son Alejandro Francisco Navas (notificador), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado del Centro de Servicios Judiciales), Javier Yesid Español Palacios (oficial mayor de un juzgado), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho) y Manuel Humberto González Cuéllar (intermediario).
 
La medida de aseguramiento no cobijó al  juez 38 penal municipal con funciones de control de garantías, Francisco Javier Barbón, por considerar que no se dan los presupuestos para privarlo de la libertad.  

A Barbón le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y la calidad de determinador en falsedad en documento público agravado. Según lo narró el juez, uno de los testigos aseguró que se “dirigió de manera irregular al juzgado 38 penal municipal con función de control del garantías de Bogotá un proceso, en este caso dijo que ‘con el juez todo estaba cuadrado para la libertad del indicado, que sólo faltaba que llegara la carpeta al juzgado’”.

El juez aseguró además que no existen medios para fundamentar el concierto para delinquir imputado, pues quien hizo el reparto de manera direccionada al juzgado 38 fue una tercera persona y no Barbón. 

“No se puede relacionar al imputado Barbón con Leonardo Mahecha, que fue quien hizo el reparto dirigido, que no es posible inferir a través de los medios probatorios que pueda ser autor de la conducta de concierto para delinquir (…) no se identifica la autoría o partición además en el prevaricato por acción, por lo que no es procedente la medida”, explicó.  

Igual suerte corrió Marvi Quecano Urueña (empelada Centro de Servicios Judiciales), de quien el juez aseguró que no se pude deducir que puede atentar contra las víctimas y no se ha desvirtuado su inocencia. La funcionaria fue señalada de caer en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y otras conductas. 

“No se mostraron elementos materiales probatorios que la vinculen directamente con este grupo de personas que han actuado de manera indebida dentro del complejo judicial”, indicó el juez. 

También se salvó de ir a la cárcel Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), a quien le fue imputado el delito de concierto para delinquir; el juez aseguró que con las pruebas presentadas en su contra no se puede evidenciar la conducta imputada. 

En el caso de Anadelina Corredor (secretaria juzgado 26 penal municipal con función de control de garantías), el juez estimó darle detención domiciliaria por tener una hija con  discapacidad física y mental. 

“En el caso de la señora Anadelina es procedente la imposición de una medida de aseguramiento, pero se debe ventilar las consecuencia que esta medida tendría sobre su hija Diana. Debemos valorar que en caso de ser privada de la libertad, encuentra el despacho que se afectarían los derechos fundamentales de Diana por su condición de discapacidad mental y física”, aseguró. 

Los hechos investigados 

Durante las sesiones de audiencia desarrolladas la Fiscalía indicó que probablemente los detenidos podrían “ser autores, coautores o determinadores de las conductas de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias”.

La fiscal 13 delegada de la unidad de investigaciones de funcionarios contra la rama judicial  indicó que en poder de Daniel Esteban Hurtado Rey fue encontrada una agenda que contendría elementos que comprometerían a los capturados con la manipulación de procesos judiciales.

Mientras se dio a conocer por parte del ente acusador que los 11 millones de pesos encontrados en uno de los allanamientos pertenecían a Javier Yesid Español Palacios, quien no pudo al parecer justificar su procedencia, por lo que la Fiscalía infiere que es producto de los pagos ilícitos que recibieron por el presunto proceder irregular.

Según la Fiscalía, los capturados emitieron boletas de libertad falsas; se entregaron copias de audiencias preliminares indebidas, medidas de aseguramiento direccionadas, y se dieron traslados de procesos de manera irregular.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que uno de los presuntos actos ilícitos cometidos era realizar varios repartos al mismo caso, hasta que este llegara a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a ese proceso.

Semana.com confirmó que entre 500.000 pesos y cien millones de pesos fue el dinero que presuntamente recibieron algunos funcionarios de la rama judicial que laboran en Paloquemao, por manipular procesos que allí se desarrollan.

La investigación, según la Fiscalía, se desarrolló gracias a que uno de los vinculados con las irregularidades ha venido colaborando con las autoridades y está buscando un preacuerdo que le permita recibir beneficios jurídicos.

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