Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/10/04 21:33

Así fue el fraude al Magisterio en Córdoba

Las 16 personas que fueron capturadas por un fraude al sistema pensional de los maestros que supera los 80.000 millones de pesos fueron presentadas ante un juez en Bogotá.

Los capturados fueron trasladados a Bogotá, donde se legalizarán las detenciones. Foto: Johnny Hoyos Soto

En el complejo judicial de Paloquemao este fin de semana se vivieron dos audiencias de suma importancia. Por un lado, se le imputaban cargos y se solicitaba imposición de medida de aseguramiento al otrora todopoderoso gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, involucrado en escándalo de corrupción por la contratación pública de Bogotá.

Por el otro, había una sala de audiencias repleta, porque allí un juez oía la imputación que la Fiscalía les hacía a los presuntos responsables de un millonario fraude al Magisterio de Córdoba.

El escándalo reventó el viernes pasado, cuando fueron capturadas 16 personas a quienes se les culpa de haber participado en tamaña estafa a las de por sí golpeadas arcas de ese departamento del Caribe.

Entre los detenidos se cuenta una  exjuez civil del circuito de Lorica (Córdoba), un supervisor de la Secretaría de Educación Departamental, una exsecretaria de Educación municipal, la esposa de un magistrado, un ex vicepresidente de la Fiduprevisora, siete abogados y otros funcionarios judiciales y departamentales.

Cómo se produjo el fraude

Aparentemente, los indiciados falsificaban documentos y aportaban elementos de prueba viciados, con el fin de que los jueces fallaran el pago de millonarias pensiones que en realidad carecían de fundamento legal.

Los organismos de policía judicial estiman que a través de esta modalidad, el sistema pensional de los maestros en Córdoba sufrió la pérdida de unos 80.000 millones de pesos. Gracias a las triquiñuelas y las movidas que aparentemente fraguaban estas personas, se autorizó el pago de pensiones vitalicias, pensiones gracia y reajustes que no tenían razón de ser.

La supuesta red de fraudes habría operado entre el 2007 y el 2011, instaurando demandas ejecutivas laborales en contra de la Fiduprevisora y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. A pesar de que las solicitudes se basaban en documentación falsa, funcionarios como la juez civil Isabel Montes libraron las órdenes de pago reconociendo derechos pensionales que no tenían bases legales ciertas.

Se espera que las próximas horas se termine el proceso de legalización de estas capturas, ocurridas en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Bolívar y la ciudad de Bogotá.

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