Viernes, 2 de diciembre de 2016

| 2016/01/06 10:12

Capturan a otra implicada en desfalco a recursos de la niñez en La Guajira

La representante de la Fundación Mejor Vivir, Solimar Rodríguez Effer, deberá responder por un fraude de casi 2.200 millones de pesos, en el que la Fiscalía investiga a otras 16 personas.

La Fiscalía investiga un desfalco de cerca de 2.200 millones de pesos. Foto: José Guarnizo / SEMANA

La defraudación a los recursos para atender a niños desposeídos de la región caribe sigue en el ojo del huracán. Este martes el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) capturó a 12 exfuncionarios del ICBF Atlántico por sobrecostos en contratos para atender a ese vulnerable sector de la población. Este miércoles el tema vuelve a ser noticia, tras la captura de otro de los presuntos responsables del escándalo en La Guajira.

La detenida es Solimar Rodríguez Effer, representante legal de la Fundación Mejor Vivir, quien se presentó voluntariamente a las autoridades. La mujer era requerida por un juez de Riohacha luego de que la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir, peculado y falsedad ideológica en documento público.

Al parecer, fue cómplice del detrimento patrimonial que sufrió el ICBF de La Guajira a través de multimillonarios contratos destinados a la atención integral de niños menores de cinco años y madres gestantes y lactantes.

Desde el año anterior la Fiscalía inició indagaciones contra 16 personas, por presuntas irregularidades en la contratación de operadores para el suministro de alimentos y artículos esenciales para la atención de la pequeña infancia en el departamento.

Para este fin, el ICBF tenía destinados 141.000 millones de pesos. Mediante la convocatoria a 73 operadores, fueron adjudicados contratos por 77.000 millones. Se establecieron 106 acuerdos contractuales, en los que se disponía la atención a 27.000 beneficiarios.

Pero a la hora de valorar la ejecución se empezaron a notar las inconsistencias. Se encontraron cupos de beneficiarios que no existían, lo que hizo evidente la defraudación. Supuestamente, la Fundación Mejor Vivir fue una de las protagonistas del ilícito, mediante dos contratos que se le habrían adjudicado pos 5.000 millones de pesos.

También se hizo evidente que se falsificaron documentos para justificar gastos que nunca se hicieron. Cuentas por el pago de servicios logísticos, de transporte, viáticos, papelería, compra de mercados y otros rubros hicieron parte de la lista de gastos sin que en realidad se hubieran ejecutado.

Así, mientras los niños de Riohacha, Albania y demás poblaciones del departamento literalmente morían de hambre, los recursos para aliviar su drama llenaban las arcas de personas cegadas por una ambición desmedida.

Doce detenidos en Atlántico

Esta aberrante modalidad de robo al erario parece extenderse por gran parte de la región. Al drama de los pequeños que mueren de hambre en La Guajira se suma otro vergonzoso fraude que tuvo lugar en el ICBF del Atlántico.

Agentes del CTI capturaron a 12 exfuncionarios de la entidad por sobrecostos en dos contratos para el suministro de alimentos e implementos de aseo para niños menores de cinco años. Entre los detenidos se cuenta la exdirectora regional del ICBF Atlántico Yolanda Ruiz.

En el 2014 el organismo celebró contratos por más de 2.400 millones de pesos para beneficiar a 1.178 niños. El primero para la compra de refrigerios por 1.208 millones y el segundo para la compra de útiles de aseo por 1.253 millones más.

Sin embargo, la Fiscalía cuenta con información que demostraría que ese dinero no sólo estaba destinado a satisfacer las necesidades de tan vulnerable población. El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, y el director Nacional de seguridad Ciudadana, Luis González, aseguraron que se presentaron sobrecostos  y otras irregularidades en la ejecución contractual.

Según ellos, el valor que se pagó por los alimentos fue 35 % mayor que el que se debió cancelar. Además, los artículos de aseo fueron comprados por un costo que superaba en 40 % la inversión que se debió hacer. Las actuaciones de los procesados generaron un detrimento patrimonial que podría superar los 750 millones de pesos, indicó el vicefiscal.

Perdomo no se explica porqué se firmaron contratos de arrendamiento, cuando el objeto sólo era suministrar kits de aseo y alimentos. De ahí que se presuma que se trate de un fraude parecido al que se produjo en La Guajira, donde se defraudó el erario por cerca de 6.000 millones de pesos en la celebración de contratos para la niñez desvalida.

Los 12 exservidores involucrados tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.

Lo triste del caso es que los niños de Atlántico  y La Guajira no son las únicas víctimas de tan insensible grado de avaricia. La modalidad de fraude tiene a la Fiscalía investigando a funcionarios responsables de proteger a la niñez en 10 departamentos más del país, entre ellos Chocó y Antioquia.

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