Deuda pendiente

El TLC con Estados Unidos entró al congelador por una razón simple: los sindicatos. A los congresistas demócratas les preocupa la manera como matan y amenazan en Colombia a los sindicalistas. También que se les pongan miles de trabas a estas organizaciones, y, lo que es peor, que se corra el riesgo de exportar productos baratos, gracias a una sobreexplotación de los trabajadores. Los legisladores gringos sorprendieron al gobierno porque manejaban información detallada sobre todos estos temas. Los más especializados de ellos tenían sobre sus escritorios un completo informe elaborado por la Escuela Nacional Sindical (ENS) sobre la situación de los sindicalistas y en general de los trabajadores.

El documento, fruto de una rigurosa investigación, es escalofriante. Muestra, por ejemplo, que en 2005 Colombia aportaba el 61 por ciento de los casos de homicidios de sindicalistas en el mundo. Que la tasa de sindicalización de los trabajadores cayó a niveles sólo comparables con los que existían en 1947 y que en algunos sectores de agroindustria se exprime tanto a la gente, que es imposible no evocar las caucheras que hicieron famosa a la Casa Arana hace un siglo.

El tema es complejo; las cifras, divergentes, y existen muchas verdades a medias. Para empezar, todos coinciden en que en 2006 se incrementó la violencia. El Ministerio de Protección Social habla de 25 asesinatos de afiliados a sindicatos, de los cuales nueve eran dirigentes, contra 13 casos que se habían presentado en 2005. La ENS, sin embargo, tiene cifras más elevadas. Habla de 70 crímenes en 2005, y 72 en 2006. La divergencia se da sobre todo porque el gobierno cuenta aparte los crímenes de los maestros, que suelen estar sindicalizados, y que son la mitad de los casos de muertes y amenazas.

Para la ENS hay una correlación entre huelgas, paros y pactos colectivos con el incremento de las amenazas y los atentados. "Los maestros son los más activos en cuanto a luchas sociales y por eso son más atacados", dice Luciano Sanín, director de esta organización.

El gobierno objeta con razón estas cifras. Muchos sindicalistas han sido asesinados por causas diferentes a su ejercicio sindical, bien sea por asuntos personales o por negocios. Pero como durante tantos años estos crímenes han estado en la impunidad, es difícil demostrar que las causas pueden ser múltiples.

La Fiscalía creó un grupo especial de 13 fiscales y 78 investigadores para sacar adelante los 1.097 casos que hay por muertes de sindicalistas. De estos, apenas 37 han terminado en condena a los responsables. Con ayuda de los organismos internacionales, la Fiscalía intentará resolver 200 casos prioritarios en los próximos meses. La más reciente acusación la hizo contra 'Jorge 40' por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa carbonífera Drummond en Cesar (ver recuadro La viuda del sindicalista).

Pero la confusión que hay con las cifras suele empantanar una realidad que no es sólo numérica. Ser sindicalista es un oficio de alto riesgo para cualquier persona en este país y eso no es aceptable en una democracia. Así se lo recalcaron varios congresistas norteamericanos al presidente Álvaro Uribe durante su visita a Washington.

Los sindicatos, a pesar de que han abusado de sus privilegios, son esenciales para evitar que la riqueza de un país se produzca a costa de empleos esclavizantes. Los sindicatos han logrado cosas que ahora a muchos colombianos parecen obvias, como que la jornada laboral sea de ocho horas y no de 14, o que las vacaciones pagas sean un derecho, o que una mujer embarazada tenga derecho a conservar su empleo.

Pero en Colombia la guerra ha complicado las cosas. Decir que la guerrilla no actúa dentro de algunos sindicatos es como tapar el sol con las manos. Baste recordar casos como el de Manuel Chacón, un carismático trabajador de Ecopetrol asesinado hace casi dos décadas en Barrancabermeja, cuya memoria se la disputan entre el ELN y el sindicato (USO), puesto que éste pertenecía a ambas organizaciones. Estos casos, que son minoritarios, no pueden dar pie a justificar la violencia, y, por el contrario, les han hecho un enorme daño a los sindicatos, que en algunos casos son vistos como correas de transmisión de los grupos armados.

Las libertades

La segunda preocupación de los legisladores demócratas es la falta de libertades sindicales. "Sólo conozco dos países donde el gobierno puede declarar ilegal una huelga: Colombia y la Unión Soviética", dijo el congresista estadounidense Sander Levin a SEMANA durante la visita del presidente Uribe. En igual sentido se ha pronunciado el Departamento de Estado. A todos les preocupa, por ejemplo, que el gobierno tenga la facultad de expedir licencia de funcionamiento a los sindicatos. "El gobierno apenas debería ser notificado de la creación de los mismos", dice Marcelo Castro, representante de la OIT en Colombia.

Para los organismos internacionales, las trabas legales son inadmisibles. Un ejemplo reciente sobre estos obstáculos les ocurrió a los futbolistas. "El Ministerio de Protección dijo que como no éramos un sindicato sino una asociación, no podíamos presentar pliego de peticiones. Nos quejamos ante la OIT y ésta ratificó que nos podemos organizar de muchas maneras", dice Carlos 'El Puche' González, que promueve la agrupación de 800 futbolistas que aspiran a negociar sus condiciones de trabajo con 14 empresarios diferentes.

A las trabas legales se les suma la falta de confianza y legitimidad que tienen los sindicatos. Casos de corrupción como los de Foncolpuertos, donde los dirigentes sindicales tuvieron una enorme responsabilidad en la defraudación de la empresa, desprestigiaron enormemente el sector. "Los sindicalistas tienen un gran trabajo por hacer para ganarse la confianza de la opinión pública", dice Castro.

La nueva vorágine

Pero de todos los temas, quizá el más espinoso es el de las cooperativas de trabajo asociado. El propio gobierno ha reconocido que no ha sido capaz de ponerlas en cintura, a pesar de que en diciembre expidió un decreto para regularlas. El asunto es sencillo. Muchas empresas ya no contratan directamente a sus trabajadores, sino a través de cooperativas creadas, supuestamente, por los mismos obreros. Estas cooperativas contratan con la empresa y son ellas las que les pagan a los trabajadores.

Las cooperativas en sí no son malas, y por el contrario, la OIT las promueve. Los problemas son las trampas que los avivatos están haciendo con ellas y la falta de control. En primer lugar, se ha descubierto que muchas cooperativas son creadas por los propios empresarios para eludir el pago de prestaciones sociales. En segundo lugar, ha surgido toda una red de subcontratos donde cada vez baja más el ingreso y la calidad de vida de la gente. Y en tercer lugar, se ha generado una gran inseguridad laboral para los trabajadores.

Muchos son llamados a trabajar apenas unos días al mes, sus prestaciones sociales funcionan sólo para esos días, y el resto de tiempo pasan hambre. Como si fuera poco, como trabajan en sectores muy exigentes de agroindustria, nadie responde por las enfermedades que les quedan como secuelas de su oficio. Y como son cooperados, no pueden sindicalizarse. En menos de cinco años el número de personas vinculadas a cooperativas ha crecido un 1.000 por ciento. Actualmente son casi medio millón de colombianos que trabajan así cortando caña, palma de aceite o flores (ver recuadro Vivir para trabajar).

La calidad de este tipo de empleo puede llegar a ser pésima, y tanto el gobierno como algunas empresas se lavan las manos, con el argumento de que las cooperativas son autónomas y pertenecen a los propios trabajadores.

Es evidente que las cooperativas son una respuesta a la necesidad de las empresas para reducir sus costos con el fin de poder competir en el mundo. En muchos casos, están compitiendo con países de Asia y África, donde hay dictaduras y no se respetan los derechos de la gente. Pero eso no es una excusa válida: Colombia es una democracia y tiene que mantener un estándar de calidad en el ingreso y el empleo de la gente. Ese es el dilema y el mensaje de los demócratas dejaron planteado: que la competitividad no se podrá hacer a costillas del eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores. Un problema que en sana lógica debería preocuparle más al gobierno colombiano, que al Congreso de Estados Unidos.