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| 3/19/2016 12:00:00 AM

Se aguó la fiesta del 23 de marzo

Es casi imposible que el próximo miércoles se anuncie un cese del fuego en La Habana. ¿Por qué se embolató un punto que parecía estar tan avanzado?

El 23 de marzo no habrá firma del acuerdo final entre el gobierno y las Farc, y todo parece indicar que tampoco anuncio de cese al fuego y de hostilidades. Esto era lo mínimo que las partes aspiraban lograr en esa fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estará en Cuba. El miércoles, a lo sumo, seguramente se mostrará algún diseño inicial del cese y se trazará una hoja de ruta con fechas para lo que resta de negociación. Esta vez el pan se quemó en la puerta del horno. ¿Qué pasó y qué tan grave es?

Que las negociaciones estaban virtualmente paralizadas se supo por una guerrillera que desde las montañas leyó un comunicado del jefe de las Farc, Timoléon Jiménez, enviado a sus frentes hace diez días. Las palabras de Timochenko están marcadas por una profunda desconfianza pues expresa el temor de que el gobierno les tienda una celada.

¿Qué fue lo que hizo el gobierno que indignó tanto a las Farc? Como se sabe, desde hace un año la mesa creó una subcomisión técnica para avanzar en el diseño del cese al fuego y la dejación de armas, de la que hacen parte cinco generales activos y varios miembros de alto nivel de las Farc, encabezados por Carlos Antonio Lozada. Esta subcomisión le presentó a la mesa, formalmente, un documento del trabajo de estos meses. La primera sorpresa para las Farc llegó cuando los negociadores del gobierno anunciaron que ese documento no era un acuerdo sino un intercambio, pues los acuerdos emanan exclusivamente de la mesa. Esta era una línea roja que ya Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo habían trazado el 23 de septiembre cuando, supuestamente, se logró un acuerdo en materia de justicia entre seis eminentes abogados que, sin embargo, no son negociadores.

Adicionalmente, para el gobierno hay asuntos no técnicos sino políticos que son la materia de la discordia, y no son fáciles de resolver. 1) Cuándo termina la rebelión. El gobierno considera que eso sucede con la dejación definitiva de armas y, por consiguiente, que las órdenes de captura solo se levantarán en ese momento y no cuando se firme el acuerdo final o cuando se dejen en un depósito. Para la guerrilla, esto debería ocurrir una vez firmado el acuerdo final.

2) Que las zonas de ubicación no deben estar en medio de la población civil, o que si esto llega a ocurrir debe haber una Policía comunitaria. 3) Que una vez ubicados en estas zonas, que ya fueron aprobadas en el Congreso, solo podrán salir los voceros excepcionalmente y para actividades aprobadas por el gobierno. 4) Que la amnistía, el indulto y la reintegración solo empezarán cuando las Farc hayan dejado las armas de manera definitiva. Es decir, para el gobierno el hito fundamental es la dejación de armas, pues de lo contrario considera que se crearía una zona de confort donde la guerrilla recibiría beneficios sin una dejación definitiva. Algo que el gobierno considera un error de procesos de paz anteriores, como la tregua de los años ochenta.

El 6 de marzo, luego de que la delegación de las Farc escuchó estas consideraciones, se frenaron las negociaciones pues la mesa no volvió a reunirse. Poco después, Timochenko envió una carta a los guerrilleros en la que dice: 1) Que el gobierno echó para atrás todo lo acordado en la subcomisión técnica para el fin del conflicto y que en un nuevo documento lo que busca es una rendición. 2) Que el gobierno pretende que las zonas de ubicación sean cárceles de las cuales ellos no se puedan mover. 3) Que quieren poner a la ONU como Policía de la guerrilla.

El impase se tornó tan grave que tuvo que intervenir de nuevo Enrique Santos, hermano del presidente, quien se ha convertido en un puente entre este y Timochenko. Ya en febrero, Enrique se había

reunido con las Farc en Cuba para reiterarles el interés de Santos de sacar por lo menos el punto tres del fin del conflicto para el 23 de marzo. Esta vez, trajo en su maleta una propuesta de esa guerrilla de construir una hoja de ruta para lo que resta de la negociación. Esa propuesta comenzó a ser discutida el viernes pasado cuando la mesa retomó actividades. Sería lo máximo posible para lograr el 23 de marzo, pero hasta esto suena difícil para muchos observadores.

¿Qué hay detrás de este impase?

A pesar del bajo perfil que ha tenido en los medios, este es uno de los momentos más difíciles de la negociación. Sobre lo ocurrido hay una explicación metodológica, otra política y otra humana.

La metodología es que para acelerar la negociación se ha acudido a subcomisiones de trabajo, pero al parecer estas no han colmado las expectativas de los plenipotenciarios del gobierno, especialmente de De la Calle y Jaramillo. Ya en septiembre quedó en evidencia que la mesa no aceptará fácilmente algo negociado por fuera de ella, como ocurrió con el acuerdo de justicia, presentado con bombos y platillos por Santos y Timochenko en La Habana, que tuvo que ser revisado en su integridad hasta dejarlo aprobado tres meses después, el 18 de diciembre.

Con esta subcomisión tiende a pasar lo mismo. Todos reconocen que los generales y Carlos Antonio Lozada hicieron un gran trabajo. Pero como el diablo está en los detalles, De la Calle y Jaramillo se encarnizan en estos. Pero no es claro por qué, si la subcomisión venía trabajando hace tanto, se esperaron hasta última hora para hacer las modificaciones o abordar los temas sensibles. ¿Una táctica de negociación?

La explicación política es que esto es una secuela directa del episodio de Conejo, que dejó mal herida la confianza. El gobierno considera que Iván Márquez violó la palabra empeñada y en lugar de pedagogía hizo proselitismo armado para las Farc -que reconocen que hubo excesos de su parte. Pero la reacción del gobierno resultó sobredimensionada. Este incidente, aunque en términos reales no fue tan grave, le echó sal a dos heridas que perviven en la memoria colectiva del país: la de la combinación de política y fusiles, y la de los desmanes en la zona del Caguán. Si a Conejo se suma que el Congreso acaba de aprobar una reforma a la ley de orden público que permite crear zonas de ubicación, en las cuales Uribe dejó sentadas varias constancias sobre lo que se puede o no hacer en ellas, es lógico que el gobierno quiera trazar líneas rojas que subsanen dudas.

Ahora, las Farc también tienen su valoración. Para los guerrilleros quedar encerrados en zonas aisladas, cuasicárceles rurales, es absurdo porque los aísla de una población civil con la que siempre han convivido, y hiere su dignidad de combatientes. Esto es muy importante porque los jefes de las Farc han viajado a hacer pedagogía a sus campamentos y convencer a cada guerrillero de dejar las armas y esto no es tarea fácil. Ellos esperan que el gobierno les tienda un puente para pasar de la guerra a la vida civil. Y las zonas tal como las ha presentado el gobierno no encajan en ese concepto.

Finalmente, está el factor humano. Para nadie es un secreto que durante los más de tres años de negociación la química entre Sergio Jaramillo e Iván Márquez ha sido nula. Aunque impera el respeto, la comunicación no fluye. También, aunque sea marginalmente, incidió en la ‘operación tortuga’ de las conversaciones, el hecho de que otros negociadores determinantes de las Farc, como Pablo Catatumbo y Pastor Alape, estuvieran fuera de La Habana. A eso se suma la presión de la fecha, el cansancio y que las horas definitivas para el fin de una guerra le ponen los nervios de punta a cualquiera.

Aunque no se puede hablar de una crisis sino de un estancamiento temporal de las conversaciones, lo cierto es que estos hechos han saboteado la posibilidad de hacer el 23 de marzo un anuncio robusto. Eso tiene más consecuencias fuera que dentro de la mesa. Al fin y al cabo, en La Habana los negociadores encontrarán fórmulas y caminos para llegar a un acuerdo final en unos cuantos meses. Pero para la opinión pública, este nuevo impase acrecienta el escepticismo.

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