Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2015/12/19 21:00

Acuerdo de justicia: garrote y zanahoria

El acuerdo sobre justicia contempla el castigo máximo que se puede lograr en un proceso de paz. Pero aún hay muchas zonas grises, preocupaciones y preguntas sin respuesta.

De izquierda a derecha, los miembros del secretariado Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape.

El punto de las víctimas que se cerró la semana pasada resultó ser el más difícil de las negociaciones de La Habana. Para abordarlo estaban en juego los derechos de las miles de personas que han sufrido en carne propia el conflicto; la dignidad de los combatientes; el miedo de quienes se han beneficiado de la guerra; y la mirada inquisidora de una opinión pública moldeada durante años por un ambiente de pugnacidad y venganza.

El acuerdo de 75 puntos crea un nuevo sistema de justicia cuyos pilares son una comisión de la verdad, la búsqueda de desaparecidos, la reparación a las víctimas y una jurisdicción especial que permita investigar, juzgar y sancionar a todos quienes cometieron atrocidades en estos 50 años de conflicto. Es un sistema de garrote y zanahoria pues da incentivos fuertes para que guerrilleros, militares o civiles que se sometan a él, cuenten toda la verdad y reparen a sus ofendidos reciban sanciones que no necesariamente son la cárcel. Pero quienes no lo hagan, pueden terminar hasta por 20 años tras las rejas. Tiene la ventaja que subsume los procesos que hay en otras instancias de la justicia y es un tribunal de cierre, inapelable, lo cual le da seguridad jurídica a todos los involucrados. Estos son algunos de los puntos más controvertidos.

Los sapos

Amnistía amplia y favorable. Las amnistías no son nuevas en Colombia, cuya historia ha estado marcada por la guerra. En toda la vida republicana se han concedido 53 amnistías y 103 indultos. Pero por primera vez esta no será una amnistía general sin condiciones. Se aplicará solo para los delitos conexos con la rebelión. Como en Colombia desde 1997 solo son conexos el porte de armas, uniformes y equipos de comunicación el gobierno tendrá que presentar una ley de amnistía “lo más amplia posible” y bajo el principio de “mayor favorabilidad para el destinatario” según reza el acuerdo. El mismo texto habla de que se pueden considerar conexas las actividades de financiación del grupo rebelde y ahí viene lo espinoso. Hay quienes temen que se cuelen por allí el secuestro extorsivo y el narcotráfico. Sobre el secuestro es casi imposible que los congresistas lo consideren objeto de amnistía, pues no hay delito que genere mayor rechazo en Colombia y sería muy impopular. Podría haber discusión sobre todo en el narcotráfico. Primero porque los jefes de las Farc insisten en que su actividad se limitó a cobrar un “impuesto” a los narcotraficantes y no a controlar rutas ni el mercado de la droga. Adicionalmente, ya la Corte Suprema de Justicia consideró al narcotráfico conexo con el conflicto armado cuando algunos jefes paramilitares argumentaron que acudieron a este para financiar la guerra.

Timochenko en el Congreso. El gobierno reconoce que la esencia del proceso de paz es que las Farc pasen de las armas a la política. Según el acuerdo, la sanción que imponga el nuevo tribunal, así sea por delitos de lesa humanidad, “no limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política” y en consecuencia se debe hacer una reforma a la Constitución para que esto se logre. Aun así, este tema encarna dilemas profundos. El primero es que si los guerrilleros pueden estar simultáneamente en el proceso de justicia transicional y en la política, las sanciones quedan como una farsa. El segundo es que si se espera a que los jefes guerrilleros cumplan sus sanciones de hasta ocho años para poder jugar en la arena política les quedaría poco tiempo pues cada uno de ellos ronda los 60 años. El tercero es que como dicen las propias Farc es muy difícil pasar de las armas a las urnas si los principales líderes de esa organización no pueden entrar en la competencia electoral. Este es hoy el tema que más hiere la sensibilidad del país. Especialmente por el esfuerzo que hizo la justicia para castigar a más de 60 congresistas vinculados con los paramilitares.

Han sonado opciones para resolver estos dilemas que van desde que puedan estar en el Congreso con voz y sin voto, hasta que se suspendan temporalmente las penas. Pero es remoto que ellos las acepten. Ahora, si las Farc realmente quieren tener un futuro político deberían entender que ver a algunos de sus integrantes en el Congreso puede generar tal indignación que tendría un efecto bumerán para su propio proyecto. Si algunos de quienes están acusados de crímenes de lesa humanidad se hacen a un lado de todo cargo de elección popular, sería leído como un gesto de dignidad frente al país y como un aporte a la reconciliación.

Las sanciones serán restaurativas. No es exacto decir que en este sistema de justicia no hay cárcel. La habrá siempre y cuando el acusado no cumpla con la verdad plena y exhaustiva y la reparación. Pero quienes sí cumplan esos dos requisitos, sean guerrilleros, militares o terceros, recibirán sanciones como reparar instalaciones dañadas, reforestar, desminar y ayudar a encontrar cuerpos. Mientras cumplen estas sanciones tendrán restricción de libertad de movimiento y residencia en condiciones que “en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes”. Es decir, que aunque Santos había dicho que habría privación de la libertad esto no será así ni habrá granjas agrícolas como quiere Uribe. Los jueces tendrán que decir cómo serán, y en todo caso deben tener control y vigilancia. Esto para muchos es lo más cercano a la impunidad porque para el colombiano de a pie justicia y cárcel son lo mismo. Sin embargo, este concepto restaurativo puede tener más eficacia de cara al objetivo de que no se repita la violencia, porque facilita la reconciliación en los territorios.

Las soluciones salomónicas

Militares y guerrilleros: igual pero distinto. Los militares y guerrilleros irán al mismo tribunal en el que recibirán un trato equitativo pero diferenciado, porque por dignidad los miembros de la fuerza pública no quieren quedar en el mismo saco con la insurgencia. Es decir, que todos tendrán que contribuir con la verdad y se les aplicará el mismo tipo de sanciones, aunque la restricción de la libertad se les aplicará con base en el fuero carcelario.

Que los militares serán juzgados con base en el derecho internacional humanitario, y no bajo la mirada de la justicia ordinaria o de los derechos humanos, es una vieja aspiración de la fuerza pública y hoy lo consideran un gran logro de la Mesa de La Habana. En muchos casos los militares están siendo procesados por muertes ocurridas en combate y ese es el tipo de procesos que el tribunal podría resolver rápidamente. Por eso este acuerdo, contrario a lo que se piensa, ha caído muy bien en los batallones.

Los presidentes quedan por fuera de la jurisdicción. En septiembre a Uribe le quedó la sensación de que toda esta justicia transicional buscaba dejar libre a las Farc y llevarlo a él a los tribunales. Ese temor quedó desterrado. En consonancia con el punto anterior, los presidentes no irán a la jurisdicción, y si tienen investigaciones en su contra estas seguirán siendo asumidas por la Comisión de Acusaciones y luego por la Corte Suprema de Justicia. Esto resuelve un debate innecesario que aumenta la polarización política del país.

No habrá magistrados de bolsillo. Posiblemente el tema más crucial de todo el acuerdo de justicia es quiénes conformarán el tribunal. En septiembre, cuando se conoció un resumen del acuerdo, hubo gran rechazo a la idea de que el gobierno y las Farc escogerían a sus propios jueces. Por eso, en el acuerdo se establece como mecanismo que ambas partes nombrarán a quienes hagan esa selección. Esto aún no está acordado en La Habana, pero el gobierno cree que podrían ser tres personas –por lo menos una de ellas internacional– de altísima reputación. Por supuesto no podría ser Lula, ni Raúl Castro ni Tony Blair. Tendrían que ser personas de tal prestigio que neutralicen las críticas. Ya han surgido nombres como el secretario general de Naciones Unidas o algún alto jerarca del Vaticano.

Ninguna extradición. En Colombia ya está prohibido extraditar por delitos políticos. Sin embargo, el acuerdo también elimina la extradición por otros delitos de conocimiento del tribunal, sean de guerra o comunes, sean objeto de amnistía o no, siempre que se hayan cometido antes del fin del conflicto. Esto blinda a las Farc, a los agentes del Estado y a los terceros no solo de solicitudes por narcotráfico, sino por las que emanen de cualquier tribunal del mundo, incluida la Corte Penal Internacional.

Las zonas grises

Un salvavidas para los generales. En el acuerdo se cae la tesis de la responsabilidad por cadena de mando que se venía imponiendo en los tribunales colombianos. La tesis de Roxin de la responsabilidad mediata, por la que ya hay condenados, tanto entre militares como civiles, no se aplicará en esta jurisdicción. “La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberán fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta”, dice el texto. Sin embargo, como el requisito de esta justicia es la verdad y el reconocimiento de los hechos, es muy probable que algunos altos mandos militares sientan herida su dignidad y muchos no se acojan a ella, corriendo el riesgo de que en la justicia ordinaria, donde estas tesis de la responsabilidad mediata prevalecen, los terminen condenando.

Los cómplices de los paramilitares también van. Fruto del proceso de justicia y paz, en la Fiscalía reposan 15.669 compulsas de copias de las cuales un número todavía no determinado corresponde a personas que financiaron grupos paramilitares o civiles, que en todo caso tuvieron una “participación determinante o habitual en la comisión de crímenes” de lesa humanidad. Probablemente, muchos de estos investigados simplemente hayan sido víctimas de extorsión o aleguen que fueron coaccionados. Pero quienes se involucraron abiertamente pueden acceder a esta jurisdicción donde serán investigados, juzgados y sancionados. Al igual que con los militares, el gobierno se reservó el derecho de establecer unilateralmente, y no de acuerdo con las Farc, cómo se aplicarán esas sanciones. Es decir, dónde y cómo se aplicará la restricción de la libertad. Ahora, la impunidad en la que han estado estos financiadores es tan endémica que habrá que convencer a más de uno que la jurisdicción es mejor opción que arriesgarse a que la justicia ordinaria nunca les llegue, como hasta ahora.

¿Qué significa hacer reparación material? El acuerdo dice que las Farc harán reparación material, pero eso no necesariamente se puede entender como que entregarán dinero. Para empezar, el Estado no solo no sabe dónde está la plata de la guerrilla como tampoco lo logró con los paramilitares. Solo el 6 por ciento de la reparación a las víctimas de las AUC provino de los bienes de los jefes de ese grupo.

Es un hecho que las Farc tienen una fortuna proveniente del narcotráfico y la extorsión pero es muy poca la parte ubicable, cuando más algunos bienes inmuebles. El resto solo ellos lo saben y no lo van a revelar porque lo necesitan para hacer política y para asegurar que con sus combatientes y bases de apoyo que ingresan no pasen necesidades cuando ingresen a una sociedad que no los va a acoger tan fácilmente. Así que seguramente esto no será mucho, pero muy posiblemente sea superior a lo que se logró en otros procesos como el de los paramilitares.

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