Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2015/08/15 22:00

Polémica nacional por la propuesta del congresito

La discusión sobre la implementación de los acuerdos con las Farc apenas inicia. Por ahora se ven dos caminos: congresito o facultades extraordinarias para el presidente.

Después de que el presidente Santos lanzó el globo del congresito, este parecía muerto antes de haber nacido. No solo la oposición lo tildó de inconstitucional e improvisado, sino que también los otros partidos, incluyendo los de la Unidad Nacional, se sumaron al coro de protestas. Horacio Serpa lo llamó “golpe de Estado”, Luis Fernando Velasco dijo que era un error garrafal y Claudia López aseguró que el presidente está “ensillando antes de tener las bestias”. El único que puso el pecho por la iniciativa fue el presidente del Partido de la U, Roy Barreras.

Sin embargo, este senador siempre sabe por dónde va el agua al molino y de pronto no está nadando contra la corriente. Aunque la palabra congresito fue mal escogida, cuando el presidente explicó la fórmula los críticos comenzaron a bajar las armas. El término congresito evocaba el fantasma del órgano legislativo transitorio creado por la constituyente del 91 después de que el Congreso había sido revocado. La propuesta actual no tiene nada que ver con eso.

El globo del presidente era una de las fórmulas que están sobre el tapete para darle legitimidad jurídica al acuerdo que eventualmente se firme en la Mesa de La Habana. Se trataría de delegarle a las comisiones primeras de Senado y Cámara la elaboración de las leyes que se requerirán para implementar lo pactado. En otras palabras, sería una comisión legislativa especial que contaría además con representantes del gobierno y de las FARC para que lo acordado cuente con el consenso de las partes. La participación de la guerrilla, sin embargo, solo será posible una vez esta se desarme.

El congresito o comisión legislativa especial no es la única opción. Hay otras. Se ha hablado de una constituyente, de referendo y de una ley habilitante que le otorgue facultades especiales al presidente para agilizar el proceso. Las primeras dos hoy están en el congelador. El gobierno ha sido claro en que no le gusta la constituyente y ve el referendo como muy riesgoso por temas de umbral electoral. La opción que está sobre el tapete hasta ahora y como posibilidad más viable es la de la ley habilitante. Esta es una palabra tan antipática como congresito, pues se puede asociar con una chequera en blanco para el presidente, concepto que es difícil de vender. Pero desmenuzada, aunque también imperfecta, suena más viable.

La ley habilitante es una derivación de una idea original del presidente César Gaviria, quien considera que un trámite de aprobación de los acuerdos de La Habana por el Congreso en pleno sería demasiado dispendioso. El expresidente proponía darle facultades extraordinarias a Santos para reglamentar la justicia transicional, la participación en política de la guerrilla, la creación de la Comisión de la Verdad y para redactar las leyes para la implementación de los acuerdos.

Esa iniciativa no prosperó pues en medio del santanderismo colombiano tenía un tinte dictatorial. Al fin y al cabo le permitía al presidente expedir decretos sin contrapeso de ninguna clase. Por eso, juristas como Juan Manuel Charry le han agregado un elemento de control para hacer que la fórmula sea viable política y jurídicamente. Consistiría en que al presidente se le otorguen facultades extraordinarias, pero que estas sean vigiladas y avaladas por una comisión legislativa especial. Esta estaría integrada, similar al congresito, por representantes del Congreso y de las dos partes negociadoras de La Habana.

Conclusión: hay dos opciones para darle sustento jurídico a los acuerdos que se firmen en Cuba, pero ninguno de los dos es fácil de poner en práctica. El mal llamado congresito y la mal llamada ley habilitante no solo son difíciles de entender, sino que enfrentan múltiples obstáculos ante el Congreso y ante la opinión pública. Para comenzar hay un problema de tiempos. Los dos tienen que ser el resultado de una reforma constitucional por medio de un acto legislativo que requiere ocho debates en el Congreso. Eso significa que trabajando a marchas forzadas nada estaría listo antes de junio de 2016. Los dos también requieren en alguna forma de una representación mixta con presencia de la guerrilla en las comisiones respectivas. Esto le choca a la oposición y a buena parte de la opinión pública, que no aceptan esa simetría pero es una exigencia del proceso por tratarse de una negociación bilateral. La razón por la cual no ha sido aplicable el Marco Jurídico para la Paz es que fue elaborado y aprobado unilateralmente por una de las partes.

A pesar de que suenan muy diferentes, las dos alternativas tienen elementos en común. En los dos casos habrá una comisión tripartita integrada por representantes del Congreso, de los negociadores del gobierno y de las FARC. La diferencia es que en el caso del congresito, el presidente le presentaría a esta comisión proyectos de ley como lo hace hoy con el Congreso y ella los convertiría en ley. En el caso de la ley habilitante, el presidente presentaría decretos ya dictados y la comisión se encargaría de determinar si se estaría o no extralimitando en sus facultades.

Al Congreso ninguna de las dos opciones le entusiasma. A las dos se les pueden encontrar reservas constitucionales, pues aunque el criterio del gobierno es el de agilizar, la interpretación de la oposición es que se quieren saltar al Congreso. No obstante, la fórmula que se escoja tendrá que ser producto de un gran pacto político donde ojalá esté la oposición. Es poco probable que la Corte Constitucional se oponga pues el muñeco estaría diseñado con toda clase de salvaguardas jurídicas para facilitar su aprobación. Sin embargo, cumplida esa etapa solo quedaría solucionado el problema de la legitimidad jurídica pero faltaría el de la refrendación política por voto popular. Ese será el más difícil dado que el 70 por ciento de los colombianos no creen en el proceso de paz en la actualidad.

Está por definirse si la refrendación popular sería por medio de una papeleta por la paz similar a la ‘séptima papeleta’ que dio pie a la constituyente del 91. El mecanismo consistiría en que todo el que vote en las elecciones de octubre por alcaldes o gobernadores podrá incluir un sufragio adicional a favor o en contra del proceso de paz. El resultado es simplemente político y no tiene consecuencias jurídicas que pudieran afectar la continuación de los diálogos. Esta fórmula ha sido criticada por el Centro Democrático, el cual considera que poner a los colombianos a votar SÍ o NO al proceso es un truco para encasillar como enemigos de la paz a los que tienen reservas al manejo que le está dando el gobierno Santos a los diálogos.

Lo cierto es que tanto para la papeleta por la paz, para el congresito, o para la ley habilitante el gobierno tiene que tomar decisiones en este momento. Para que la papeleta coincida con las elecciones de octubre es necesario anunciarla inmediatamente, pues se requiere un tiempo para hacer campaña. Y para que las ocho vueltas del acto legislativo, que le daría sustento jurídico a lo acordado, hayan sido tramitadas a mediados del año entrante, aquel tendría que ser presentado en los próximos días. Sólo así existiría una posibilidad de que el acuerdo definitivo de la paz se firme en 2016 y eso ya es pedirle mucho a un país escéptico y cansado de esperar.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.