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| 5/21/2016 12:00:00 AM

Ordóñez versus Santos: se intensifica la pelea

La última arremetida del procurador contra la paz fue su amenaza a los funcionarios públicos para que no promuevan el plebiscito. Por qué se equivoca.

Si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que el procurador Alejandro Ordóñez está compitiendo con Álvaro Uribe por el puesto de jefe de la oposición. La guerra frontal que ha tenido lugar entre él y el presidente Juan Manuel Santos en las dos semanas recientes se ha intensificado.

El último capítulo comenzó con la dura carta que le envió al presidente a propósito del anuncio de La Habana sobre el blindaje de los acuerdos de paz. Ordóñez acusó a Santos de querer, junto con Timochenko, burlar la Constitución y el Estado de derecho. Señaló que con esa fórmula el gobierno y las Farc se estaban atribuyendo el poder de una constituyente y cometiendo un fraude contra la voluntad popular. Al final de la misiva, Ordóñez amenazó a Santos con que sus acciones podrían tener consecuencias penales y disciplinarias.  Como el procurador no es juez del presidente, la advertencia era un saludo a la bandera pero pretendía dejar el mensaje de que el presidente estaba haciendo algo irregular.

La semana pasada, Ordóñez lanzó otra ofensiva. En diferentes intervenciones atacó a un solo objetivo: el plebiscito para la paz. Su viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, lanzó el primer disparo al asegurar el martes que los funcionarios públicos podrían ser sancionados si hacen campaña a favor de ese mecanismo. La advertencia cayó como una bomba. El presidente decidió que había llegado la hora de dejar de poner la otra mejilla. Abiertamente disgustado y en tono enérgico le contestó: “Procurador, usted no le va a prohibir a los funcionarios hablar de paz ni va a pasar por encima de la ley”. Y, al contrario de la recomendación del Ministerio Público, invitó a todos los funcionarios a ponerse la camiseta. “Trabajemos como un ejército para sacar esta paz adelante”, dijo.

Ordóñez también respondió casi de inmediato y le agregó sarcasmo. Le pidió al presidente “no dramatizar ni crear una tempestad en un vaso de agua”. Aseguró que el tema está en la Corte Constitucional, que cuando evalúe la ley que convoca al plebiscito determinará si los funcionarios pueden o no hacer campaña, y que hasta que eso no pase la prohibición seguirá vigente.  Y al final le hizo una ‘recomendación’ a Santos.  “Lo que yo le aconsejo al presidente es tranquilidad republicana para esperar los fallos de los jueces”, dijo.

La guerra, sin embargo, no solamente se libra en los medios. La Procuraduría también envió un concepto a la Corte Constitucional en el que pide declarar inexequible la ley que convocó el plebiscito. La entidad sostiene que no se pueden reducir la totalidad de los acuerdos de La Habana a una pregunta cuya única respuesta sea Sí o No.  También asegura que no está bien “subordinar” a todos los poderes públicos “bajo el pretexto de un 13 por ciento del censo electoral y la amenaza de 50 años más de guerra”.  Asegura que en caso de que la corte declare constitucional la norma, debería tumbar al menos el artículo que asegura que “los servidores públicos que deseen hacer campaña a favor o en contra podrán debatir, deliberar y expresar pública y libremente sus opiniones o posiciones frente al plebiscito”. En otras palabras, le pidió a la corte que lo respalde en su idea de prohibir a los funcionarios apoyar el plebiscito para la paz.

Esa posición tiene algo de absurdo. El país está polarizado alrededor del tema de las negociaciones de La Habana, y tanto los partidarios como los críticos deben tener la libertad de exponer sus puntos de vista para que haya una opinión pública informada. Se trata quizá del debate democrático más importante en Colombia en las últimas décadas, en el cual se necesita pedagogía, argumentos, posiciones y críticas. Lo que salga de ese ejercicio va a definir en gran parte el rumbo que tomará el país en los próximos años.

Por otra parte, el presidente Santos considera que su principal logro sería el acuerdo de La Habana si llega a firmarse, y todo presidente y su equipo tienen el legítimo derecho de defender su obra. Como la paz es la bandera del gobierno, no tiene sentido que sus funcionarios sean unos convidados de piedra en lo que sería su propio legado. Sería la negación de la democracia por la vía de silenciar a los funcionarios públicos para opinar y defender sus propias políticas.

Ahora, si se prohíbe hacer proselitismo a favor, solo quedarían con el derecho a hablar los que están en contra, lo cual tampoco tendría sentido. Si además se extiende esa prohibición a alcaldes, gobernadores y parlamentarios -como pretende el procurador-, la situación sería aún más preocupante. En primer lugar, porque la búsqueda de la paz es un mandato constitucional que obliga no solo al presidente sino a todos los funcionarios del Estado. Segundo, porque estar a favor del acuerdo de La Habana no es proselitismo político. No se está favoreciendo un candidato, ni buscando un beneficio de acceso al poder. Lo que se discute es el acuerdo en unas condiciones que podrían dar pie al fin de un conflicto que ha dejado miles de muertos.

Pero quizá los más difícil de entender de la posición del procurador es qué significa para él “apoyar” el plebiscito para la paz. ¿Que ningún funcionario pueda hablar de paz? ¿Que ningún funcionario puede salir a marchar por la paz? ¿Que el gobierno no puede sacar documentos ni directivas para prepararse para el posconflcito? ¿Que no puede haber campañas que muestren lo que cuesta la guerra?

Lo más paradójico en este capítulo es que quien pretende prohibir participar en la discusión sobre el plebiscito es el funcionario que más ha participado en política en los últimos años. Nunca antes una persona que haya ocupado ese cargo había tenido tanto protagonismo ni una agenda tan estratégicamente efectista y política como la de Ordóñez. Ya es evidente que cuando se retire de la Procuraduría aspira a ser candidato presidencial y que presumiblemente buscará los votos del uribismo.

Tal vez por eso sus posiciones están alineadas casi milimétricamente con las del expresidente y tienen características similares. Y es que aunque corresponden a un sentimiento popular moralmente deseable tienen el problema de ser políticamente inviables en la práctica. Sus dos banderas: meter a los guerrilleros a la cárcel y no permitirles hacer política hacen imposible la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla en La Habana. Casi nadie duda que ese sea el tratamiento que merecen, pero es imposible que negocien cuatro años para terminar presos. Al fin y al cabo, los que están en la mesa a nombre de las Farc son los máximos responsables y por lo tanto serían los que tendrían que ir a la cárcel. Ordóñez quiere cabalgar sobre su tesis, popular en la opinión, de la claudicación ante las Farc, cuando la realidad se trata de un proceso que tendrá costos para la sociedad, pero también enormes beneficios.

Las costumbres políticas del país han ido evolucionando imperceptiblemente en los últimos años. Alejandro Ordóñez seguramente pasará a la historia como el procurador más famoso de ese periodo. El antecesor más recordado en ese cargo es Mario Aramburo, quien pasó a la leyenda por haber tenido el valor de jalarle las orejas al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo por intervención en política. En 1970 cuando se enfrentaban para la Presidencia Misael Pastrana y el general Gustavo Rojas Pinilla, el presidente pronunció un discurso de respaldo a Pastrana, quien había sido su ministro de Gobierno. Aramburo lo amonestó dada la prohibición que existía para todos los funcionarios públicos de hacer política. Era tan trascendental ese acto de valor que el procurador consideró que cumplido su deber, dada la jerarquía del presidente, debería renunciar a su cargo. Lleras no le aceptó la renuncia y, por el contrario, lo alentó a seguir desempeñando su cargo con el mismo rigor. La anécdota llama la atención por el contraste que hay entre las dos eras. En 1970, el primer llamado de atención de un procurador a un presidente fue considerado un hecho histórico. Hoy en día lo raro es que pase una semana sin que el procurador arremeta contra el presidente.

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