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| 10/13/2012 12:00:00 AM

Diálogos: otros sectores que piden pista

Mientras gobierno y guerrilla dan la largada en Oslo, sectores sociales y políticos marchan para pedir espacios en la mesa. La Casa de Nariño tendrá que trazar una estrategia clara para tramitar todas estas demandas.

Cuando las conversaciones de paz arranquen oficialmente el próximo 17 de octubre en Oslo, al otro lado del océano Atlántico, en Colombia, muchos sectores sociales y políticos se sentirán excluidos. Uno de los desafíos más difíciles para el gobierno Santos será cómo integrar la sociedad civil a los diálogos con las Farc, cuándo hacerlo y a quiénes considerar voces representativas. Lo más grave es que hoy la estrategia gubernamental en esa dirección es, en el mejor de los casos, confusa y no se sabe exactamente quién la comanda: Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz; Luis Eduardo Garzón, ministro para el Diálogo Social o el jefe de la cartera del Interior, Fernando Carrillo.

Una vez se conoció que las partes habían llegado a un preacuerdo, la avalancha de ofertas de grupos y personas para colaborar en el proceso de paz no se hizo esperar. No obstante, dos de los aspectos más novedosos del anuncio gubernamental hacen difícil esa participación, al menos en las fases iniciales: la agenda cerrada y la decisión de montar la mesa en el extranjero. Ante unas negociaciones que se desarrollarán exclusivamente entre el gobierno y la guerrilla, las presiones para abrir los encuentros de La Habana a otros actores vienen de los más variados frentes.

Algunos de ellos son los movimientos sociales, que ya empezaron sus reclamos. La semana pasada varios grupos alrededor de la Marcha Patriótica, de fuerte arraigo en bastiones históricos de las Farc, celebraron la Semana de la indignación. Desde distintas partes del país, estas organizaciones hicieron reclamos sobre el sistema de salud, la situación de los trabajadores, los problemas de la educación, el acceso a la tierra y un largo etcétera de reivindicaciones sociales. "Vamos por la paz con una agenda social" fue el eslogan de la jornada. Campesinos de Caquetá, Putumayo, Nariño, Arauca, Valle y otras zonas del nororiente y del Magdalena Medio salieron a las calles de los cascos urbanos con el propósito de respaldar los diálogos, pero también de exigir derechos. Entre ellos las quejas por la entrega de las tierras a la explotación minero-energética.

Mientras manifestantes acampan enfrente del Ministerio de Salud para pedir la eliminación de las EPS, estudiantes de las universidades públicas en las principales ciudades, muchos de ellos de la Mane (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), salieron a reclamar una mejor educación.Para Carlos Lozano, director del semanario Voz, el problema es que el gobierno ha sido ambiguo ante la posibilidad de que los sectores sociales participen de la mesa de diálogo. "Da la sensación que el gobierno no quiere ruido sino un diálogo cerrado con la guerrilla. Absurdo porque en la mesa de diálogo se está definiendo el país que queremos y necesitamos". En el mismo sentido, David Flórez, vocero de la Marcha Patriótica, dijo en una entrevista con LaSillaVacía que la mesa del diálogo estaba coja. "Hay un sector que es el Establecimiento. Pero eso no es el conjunto de la realidad, hay todo un país afectado por las dinámicas de la guerra que no está representado". Por su parte, el ministro del Interior Fernando Carrillo ratificaba las garantías del gobierno a las expresiones de protesta, así como invitaba a los grupos armados a no infiltrarlas. "Las marchas no deben convertirse en factores de incubación de la guerra", escribió en Twitter el jefe de la cartera política.

Las peticiones de estos sectores giran en torno a dos puntos. Primero, la mesa de negociación es una oportunidad para discutir y arreglar los más variados problemas estructurales que sufre el país como el modelo económico, la salud, entre otros. Y en segundo lugar, que la consecución de la paz pasa no solo por los acuerdos entre Gobierno y Farc sino también por la participación del resto de la sociedad. Ambas consideraciones van en contravía del diseño de las conversaciones de paz, cuya largada se dará en la capital noruega.

Buscando contrarrestar esta ola de marchas, el ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, trató de convocar una manifestación simbólica para el pasado 11 de octubre, un día antes de la movilización de la Marcha Patriótica. La iniciativa impulsada por la Casa de Nariño, y a la que se unirían cantantes y jugadores de fútbol, nunca despegó y evidenció las fallas de coordinación dentro del Ejecutivo sobre cómo tramitar las crecientes presiones de la sociedad civil organizada. Otras manifestaciones que contaban con apoyo gubernamental tampoco se materializaron.

Dado que el gobierno perdió la iniciativa de la movilización ciudadana, otras corporaciones están tratando de llenar ese vacío. Por ejemplo, las Comisiones de Paz del Congreso anunciaron la semana pasada que se realizarán 16 mesas de trabajo en ocho regiones para que los distintos actores sociales discutan tres de los cinco temas de la agenda de La Habana: el desarrollo agrario, el narcotráfico y la participación política. Otro propósito sería recoger las propuestas sociales y llevarlas a La Habana. La primera se convocaría en Sincelejo para el 24 de octubre y el plan es recorrer el país hasta el 21 de noviembre, fecha de la reunión en Bogotá. Según reza el documento parlamentario, en cada cita regional participarían 300 representantes de los más diversos grupos: campesinos, afros, indígenas, mujeres, LGBT, niños, empresariado, iglesias y muchos otros.

Dentro del mismo Legislativo la iniciativa despertó aplausos y críticas. Para el representante Iván Cepeda, del Polo, las mesas regionales son espacios de participación democrática para que las personas de las regiones logren tener un canal  de expresión hacia la mesa de negociación. Otros senadores también aceptan que son necesarias dados los canales tan precarios entre los negociadores y el resto del país.

Sin embargo, esta regionalización de las comisiones de paz también ha generado duras críticas, aun de los mismos senadores y representantes que las integran. El vicepresidente del Senado, el liberal Guillermo García, cree que "la comisión de paz está dirigida por chicos y chicas 'bien' del parque de la 93". También criticó el hecho de que Nariño no fuera considerado como una región importante para desarrollar estas mesas de la paz. "No puede ser que no se contemple la posibilidad de adelantar una de estas mesas en municipios de Nariño, donde las Farc cuentan con cuatro estructuras y el ELN con tres" aseguró.

Senadores y representantes que hablaron con SEMANA consideran que si bien las mesas pueden ser útiles para que las propuestas de la sociedad civil se tramiten en la mesa de negociación, no son suficientes y los canales de comunicación no son claros.  "El gobierno no ha creado canales, no hay articulación y de una u otra forma el clamor ciudadano se expresará" dice el senador Carlos Alberto Baena del Mira. También alertan que pueden generar demasiadas expectativas que luego terminen en frustración. "Son una bulla mediática" dice un senador de la U quien incluso no descarta que alguno de sus colegas usen estas mesas como una plataforma electoral con miras al 2014.

La mayoría de los legisladores consultados por esta revista coinciden en que la solución institucional desde el gobierno al tema de participación ciudadana ha sido difusa. Por ejemplo, describen como atípica la decisión del presidente de nombrar un jefe de negociación distinto al comisionado de paz. Tampoco hay claridad sobre los roles que desempeñarán el Ministerio del Interior y la nueva oficina de Movilización Social creada para Luis Eduardo Garzón. Mientras la delegación del gobierno a los diálogos en el extranjero luce organizada y disciplinada, el frente interno a cargo de articular a la sociedad brilla por su ausencia. "Ha sido un mes de confusiones. Mientras el gobierno calla, las Farc se muestran muy locuaces y los colombianos están confundidos", dice otro senador.

Es inevitable que ecos de estas inconformidades sociales y políticas se escuchen esta semana en la capital escandinava. Así como la estrategia del silencio blindó la fase primera de las negociaciones de saboteos, es momento de que el gobierno diseñe una estrategia frente a los sectores que están "pidiendo pista". Porque si estas demandas no encuentran una recepción institucional adecuada, podrían terminar poniendo en jaque los esfuerzos del gobierno para mantener la negociación bajo control.
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