Días cruciales

En la habitación de Ernesto Báez, el jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hay un solo cuadro: la imagen del ícono de la revolución socialista, Ernesto Che Guevara."Hombre, es mi ídolo. Su comportamiento me ilumina, dice Báez, Y luego agrega: Lo que yo quiero es hacer política pero en este momento estamos a la deriva".

Dice eso a pesar de que está optimista por lo ocurrido la semana pasada. Su contraparte en la mesa, el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, comparte la importancia de lo ocurrido en esos días. "Han sido, dice, de los más importantes y productivos". Hubo tres jornadas decisivas: el miércoles, en el que se firmó el cronograma para la inminente desmovilización de 3.000 hombres, incluidos Báez y Salvatore Mancuso; el jueves, con la reunión formal entre el Estado Mayor negociador de las AUC y una delegación del Congreso, y el viernes, cuando desde Santa Fe de Ralito salieron los jefes paramilitares Hernán Hernández y Mancuso. El primero, comandante del Bloque Bananero, viajó a Urabá mientras el segundo lo hizo hacia el Norte de Santander. Ambos iban a ultimar los detalles de las primeras desmovilizaciones. La más masiva será la del Bloque Catatumbo, en la que además, Mancuso y Báez entregarán sus armas.

Los acuerdos dicen que la desmovilización debe completarse antes de finalizar este año. Para eso, las partes establecieron una etapa con tres fases. Una de sensibilización y socialización que dura entre 15 y 30 días, luego viene otra de concentración y desmovilización que oscila entre dos y 10 días y una final de retorno a sus tierras de origen que se estima dure una semana.

Se prevé que los colombianos vean a través de la televisión centenares de combatientes desde la Costa Pacífica hasta La Gabarra y desde Montería hasta el Vichada entregando sus fusiles, sus pertrechos, explosivos y equipos de comunicación. La siguiente etapa prevista, la de reincorporación que hará individualmente cada desmovilizado, será menos espectacular pero más larga, pues podrá durar hasta 24 meses. Se firmó que todos aquellos que puedan beneficiarse de indulto podrán regresar a sus territorios, mientras que quienes estén involucrados en delitos de lesa humanidad o atroces deberán ir a unas zonas especiales determinadas por el gobierno mientras se les define su situación jurídica.

El problema con esta fase que comenzaría muy pronto es que aún no hay un marco legal para desarrollarla. Y sin el panorama legal despejado, pueden surgir muchos y graves obstáculos en el camino. "Es vital que en el Congreso se agilice la ley de justicia y reparación", dijo esperanzado el comisionado Restrepo después de la reunión formal que, a petición del gobierno, tuvo la delegación del Congreso con los jefes de las AUC. "Si el proceso es serio, nosotros estamos dispuestos a multiplicar nuestros esfuerzos para sacar adelante la iniciativa", prometió en Ralito Ignacio Mesa, vicepresidente del Senado y uno de los 24 congresistas que asistió al encuentro.

Si bien Restrepo informó que esa reunión en particular "fue muy importante", hubo otra lectura: el número de congresistas fue lánguido. No por la cantidad en sí, sino por los que dejaron de ir. En principio se informó que irían 55 congresistas, entre ellos el presidente del Polo Democrático, Gustavo Petro. Sin embargo, a última hora 36 parlamentarios, incluyendo al dirigente de izquierda, cancelaron el viaje. Este es un síntoma revelador de las dificultades que habrá para sacar adelante el proyecto de Justicia y Reparación en el Congreso. Además, por tiempo, es casi seguro que el tema no será tocado en la presente legislatura.

"Mi suerte depende del Congreso, explicó Salvatore Mancuso al abrir la puerta de una posibilidad para ir a la cárcel. Haré lo que los congresistas decidan en su sabiduría. Por ahora, no sé que irá a pasar".

En la etapa de reincorporación también aparecen las dudas laborales y económicas que les preocupan especialmente a los desmovilizados que sí puedan regresar a casa. El gobierno ha previsto un subsidio de 300.000 pesos (más un subsidio de 58.000 pesos de transporte) por un período máximo de 24 meses para aquellos que estén recibiendo capacitación o estén montando una empresa. "Trescientos mil pesos dan risa", dice 'Manolo', un joven paramilitar que cuenta que por pertenecer a las autodefensas hoy le pagan 600.000. Esa es una de las grandes encrucijadas del gobierno. ¿Cómo convencer a un ejército de ex combatientes que es mejor trabajar honestamente por un salario mínimo que pertenecer a una organización que les paga en promedio medio millón de pesos, los alimenta, les da uniformes, les pone transporte y hospitales en caso de ser heridos? Y posiblemente lo más importante: les da armas. "Una de nuestras tragedias es que tenemos los mejores guerreros. Porque son jóvenes de 18 ó 20 años que a esa edad se sienten poderosos e invencibles con un fusil. ¿Ahora cómo se los quitamos?", dice Báez.

El jefe político de las AUC acepta que el problema no es sólo mecánico sino emocional. "Algunos tienen dos fusiles: uno en la mano y el otro en el cerebro". Reconoce que muchos de los paramilitares lo único que saben hacer es la guerra y por eso dice que el país por el que, según él, dieron sus vidas ahora debe ayudarlos.

Según las cuentas de las autodefensas, son más de 3.000 hombres de 11 estructuras diferentes organizadas por bloques en todo el territorio nacional. La gran mayoría promedian los 18 años, con un grado escolar mínimo y cuyo único sentido de vida hasta ahora ha sido el camuflado y el fusil. "Sabemos de sus condiciones y por eso no vamos a dejar nada al azar", explica el Alto Comisionado. Bajo la dirección de Restrepo estará una verdadera macroempresa que implicará la participación de 11 entidades del Estado, de gobernaciones y alcaldías, de la Iglesia y de la OEA. El gobierno asegura que cada ex combatiente tendrá la atención del Estado, desde sicólogos hasta profesionales que los orienten en la búsqueda de oportunidades laborales.

Los jefes de las AUC consideran que el empresariado debe colaborar en esta causa. Sin embargo ellos creen que hasta ahora son más notorios los críticos del proceso. Eso los inquieta. "Es nuestra paradoja. Hemos levantado mucho billete para armar la más grande máquina de guerra de Colombia. Ahora veremos si somos capaces de hacer lo mismo para construir empresas de paz", explica Julián Bolívar, uno de los comandantes del Bloque Central Bolívar (BCB), la columna vertebral de las AUC.

A pesar de las todas las dudas, hay consenso entre los jefes paramilitares concentrados en Ralito en que el proceso no tiene marcha atrás y que lo ocurrido la semana pasada, si se maneja con cautela, puede ser el primer paso para decirles adiós a las armas. "Esto no tiene vuelta de hoja, dice Báez. En la Colombia de hoy la confrontación militar no tiene ningún sentido. La única salida es el diálogo", concluye.