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| 9/26/2013 12:00:00 AM

Conciliación en caso del grafitero quedó para 5 de octubre

La audiencia en la Procuraduría se reprogramó para recaudar unas pruebas.

Aplazado quedó el intento para conciliar el pago de una indemnización por 5.600 millones de pesos que el Estado pagaría por los perjuicios ocasionados en la muerte del joven gafitero Diego Felipe Becerra. 

La familia Becerra demandó a la Nación por los perjuicios morales y materiales causados y para ello estimó una cuantía de 5.600 millones de pesos. La cifra está siendo evaluada por el Ministerio de Defensa y la Policía, contra quienes va dirigida la acción.

El primer paso era la conciliación ante la Procuraduría delegada, en donde las partes se tenían que poner de acuerdo en un monto y en el valor real de los perjuicios ocasionados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional solicitaron el aplazamiento de la diligencia para recaudar unas pruebas.

Un hecho causó revuelo. La abogada defensora de la familia, Miriam Pachón, hizo énfasis en que la discusión sólo se ha centrado en el dinero y se han dejado de un lado aspectos como el buen nombre de la familia y los perjuicios morales sufridos.

Para la funcionaria, las partes solo han mirado el tema económico cuando resulta que esta no es la pretensión principal. “Lo que nos interesa es limpiar el nombre de Diego Felipe y que todos los años la Policía recuerde que se deben proteger los derechos humanos", precisó la jurista.

La diligencia fue reprogramada para el próximo 5 de octubre. Ese día se podría definir cuál será el futuro de la indemnización para esta familia en un proceso que sin duda ha despertado indignación.  

Como se sabe, la muerte de Diego Felipe Becerra ha puesto a la justicia a trabajar en todos los frentes. El penal, donde está en juicio del patrullero Wilmer Alarcón, quien presuntamente le disparó al joven. Al igual que están siendo investigados los agentes de la Policía que participaron en el presunto montaje de la escena.

Ahora la pelea se da en la Procuraduría en contra la Nación y los perjuicios ocasionados a los familiares por la muerte del joven.
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