Diez años de la revolución cachaca

En 1892 el humanista español Menéndez Pelayo señalaba que "la cultura literaria en Santa Fe de Bogotá, destinada a ser con el tiempo la Atenas de la América del Sur, es tan antigua como la conquista misma...". Esta afirmación, hecha por un escritor que nunca conoció la capital, y que todo su contacto se reducía a los epistolarios sostenidos con algunos eruditos capitalinos, fue convertida luego en el mito de la Atenas suramericana. Nada más contrastante que la distancia que había entre el mito y la realidad, puesto que mientras la ciudad vivía su más profunda crisis higiénica, se construía el imaginario de ser la ciudad más culta del subcontinente.

Si el panorama de comienzos del siglo XX era desalentador, al finalizar esta centuria encontramos un cambio total. Bogotá aparece como una ciudad que resuelve positivamente sus principales problemas y está mostrando un cambio radical en la gestión pública que se perfila como un nuevo modelo de gobernabilidad, ejemplo para todo el país y experiencia que es presentada como destacada para América Latina. Cómo fue posible este cambio, en la capital de un país que deriva hacia todo lo contrario y si su capital aparece como modelo de gobernabilidad urbana, el país es descrito por unos como "una nación a pesar de sí misma".

El primer elemento que explica esta transformación se inicia con la elección popular de alcaldes en 1988, condición que, sin embargo, no es suficiente, en razón de que las dos primeras alcaldías estaban limitadas a períodos de dos años y a que las relaciones entre el Distrito Especial y la Nación no le permitían a la ciudad definir su propio rumbo. En razón de ello, las dos primeras alcaldías no son de grata recordación; las administraciones de Andrés Pastrana y Juan Martín Caicedo.

Así, hay que esperar a la Constitución de 1991 para que se introdujeran reformas sustanciales en las relaciones entre Bogotá y la Nación. En ella, la participación del constituyente Jaime Castro fue definitiva, puesto que permitió diseñar los cambios en el nuevo Distrito Capital. Para muchos observadores, sin ese cambio no se habría podido hacer nada por transformar a Bogotá. Es la nueva Carta Política la que permite promulgar el Acuerdo 1421 de 1993, que introduce mecanismos fiscales que aseguran la solidez financiera de la ciudad y donde se establecen diferencias claras en las funciones entre la Alcaldía Mayor y el Concejo. La separación del Concejo del cogobierno de la ciudad significó que el alcalde mayor se volviera más ejecutivo, pero dejó al Concejo sin la fuente más importante de la gestión política de la ciudad, como era el control de empresas e institutos distritales. Desde ese momento se inició una deriva del Concejo con la administración, y mientras los alcaldes ganan en popularidad, los concejales aparecen como los malos del paseo.

La reforma fiscal de Jaime Castro y los recursos generados por la Empresa de Energía de Bogotá, provenientes de las descapitalizaciones y las utilidades, se han constituido en dos fuentes definitivas para explicar el origen de nuevas fuentes de recursos que han permitido financiar buena parte de las nuevas obras y los programas exitosos que se han desarrollado en Bogotá en esta década pasada.

Las transformaciones que introduce Castro hacen posible la elección de Antanas Mockus. Alcalde entre 1995 y 1997, inicia varios programas de singular novedad en la administración pública. Este es el caso de Obras con Saldo Pedagógico bajo la dirección de Luis Fernando Ramírez, quien transformó las funciones de las juntas de acción comunal. Estas pasaron de ser correa de transmisión de los políticos bogotanos, a ser la red social más importante de la ciudad y encargadas de ejecutar obras de gran impacto social en los barrios, las cuales transformaron los espacios públicos en numerosos barrios de estratos 1 y 2. Otro programa de gran trascendencia en esta administración fue el de Cultura Ciudadana bajo la dirección de Paul Bromberg. Con esta acción se buscó introducir la cultura como un componente esencial en la convivencia y en la planeación urbana. Si bien los cambios en los comportamientos que se buscaban por medio de eventos masivos no se dio, sí se produjo otro resultado, un tanto inesperado como fue la construcción de la percepción de pertenencia a una comunidad, es decir, se fortaleció de manera significativa la identidad de los bogotanos con su ciudad.

Así como Castro hace posible el éxito de la administración Mockus, ésta es la base de la administración de Enrique Peñalosa. Alcalde de 1998 a 2000, propuso la continuidad en varios programas de la administración anterior. Así por ejemplo, continuó con la propuesta mockusiana de la primacía de lo público sobre lo privado. Además propone una ciudad para los peatones, un transporte público racionalizado, una expansión urbana ordenada, una ciudad legalizada, la apropiación del espacio público por la ciudadanía y la cobertura universal en educación y salud. Introduce esquemas administrativos novedosos, como Transmilenio, Empresa de Renovación Urbana y Metrovivienda, así como esquemas contractuales novedosos, como la administración de colegios por concesión. En una sociedad diletante, el pragmatismo y la gran capacidad ejecutiva de esta administración fueron las características principales. Mientras que la anterior administración se caracterizó por la planeación, el manejo de los símbolos y el cuidado en la ejecución, Peñalosa apresuró la ejecución de programas, los cuales implicaron enormes inversiones, a niveles difíciles de volver a alcanzar.

Es en este escenario político e institucional que nos encontramos en la segunda administración de Antanas Mockus, alcalde desde 2001. A los 10 años de la puesta en marcha de las reformas que introdujo la Constitución de 1991 se hace evidente que la ciudad ha apostado por una forma de administración pública bastante diferente a la que se aprecia en el resto del país. Si bien no podemos clasificarla como un modelo de gestión pública, en razón de diferencias sustanciales entre los tres alcaldes, lo que sí es cierto es que la continuidad en los programas ha permitido la consolidación de varios indicadores

Este es el caso del cubrimiento en salud, donde se ha logrado la inclusión de 450.000 nuevos afiliados en los últimos años, como también se han dado avances en el funcionamiento de una verdadera red hospitalaria, condiciones que han permitido reducir los índices de mortalidad materna y de menores de 5 años. En educación se han duplicado los recursos financieros, lo cual ha permitido incrementar la cobertura con la ampliación de 140.000 nuevos cupos, para llegar a 711.000 alumnos en las escuelas públicas en el año 2001. Este esfuerzo ha estado acompañado de un mejoramiento en la gestión y en la dotación de textos escolares, donde se dobló lo que se ofrecía hace cuatro años.

En servicios como el del acueducto, al tiempo que se ha mejorado el cubrimiento de las redes domiciliarias se ha reducido el consumo. Este caso es el resultado de la campaña por el ahorro que se adelantó en 1997 ante una emergencia en las redes de conducción de aguas de la capital. La participación ciudadana en la reducción del consumo de agua es una muestra de su disposición a participar en campañas que involucren a todos. Además, significó la liberación de recursos y la postergación de megaproyectos de alto costo. Así mismo se ha incrementado la conciencia sobre los cuerpos de agua internos, como canales, humedales y quebradas. El servicio domiciliario de gas llegó en días pasados a un millón de abonados.

Si bien es mucho lo que se ha avanzado, también es mucho lo que falta por hacer, así como las amenazas en el futuro inmediato. En el tema de la movilidad, es evidente la falta de capacidad de gestión de la administración Distrital por regular el tráfico, y no se logran los acuerdos políticos necesarios para reformar definitivamente la Secretaría de Tránsito y Transporte. Se ha avanzado en la regulación del tráfico con el pico y placa, pero no se ha hecho mayor cosa en el tema de la semaforización. Definitivamente se ha avanzado en el uso de la bicicleta y en el desarrollo de Transmilenio.

En seguridad los avances son notables, pues la reducción de los homicidios pasó de 83 por cada 100.000 habitantes a 39, con una clara tendencia descendente en los últimos años. Todavía queda mucho para llegar a la media latinoamericana de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero es indiscutible que es mucho lo que se ha logrado. Sin embargo, las amenazas son varias, entre otras razones por el bajo número de policías, pues la ciudad sólo cuenta con 2.700 policías por turno, muy lejos de lo que se tiene en otras capitales latinoamericanas. Además, el sistema judicial es insuficiente, y todavía la tasa de no denuncia de delitos es muy alta y la percepción de inseguridad también.

En el futuro inmediato las exigencias son bastante grandes. El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, tiene una lista de 529 proyectos por ejecutar hasta el año 2009, donde se incluye la primera línea del metro, 14 troncales para buses, 96.000 viviendas de interés social, entre otros compromisos. Al mismo tiempo, los ingresos corrientes entre 1999 y 2000 han crecido por debajo de la inflación, y el impuesto predial ha perdido su dinámica. A su vez el sistema educativo reproduce las desigualdades de una sociedad que se estructura alrededor de la estratificación socioespacial, donde hay educación pobre para pobres.

Sin embargo, si en 2001 el 83 por ciento de los encuestados en una medición del Instituto Distrital de Cultura y Turismo decía sentirse bogotanos, así fueran provenientes de otras ciudades, en el presente año esta respuesta la daba el 88 por ciento de los encuestados.

Hoy ya es evidente que los bogotanos no se contentan con ser habitantes de la ciudad sino ciudadanos, es decir, sujetos políticos que toman decisiones sobre los temas que consideran decisivos para la suerte de Bogotá.