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| 7/4/2015 10:00:00 PM

¿Misión imposible?

Por qué es tan difícil negociar con Venezuela.

En tres ocasiones los negociadores venezolanos y colombianos llegaron a un acuerdo sobre la delimitación de las aguas del golfo. A pesar de esa concertación inicial en esas tres ocasiones, al final el gobierno de Venezuela se echó para atrás. El primer caso fue el acuerdo entre Alfonso López Michelsen y Carlos Andrés Pérez. Este tenía la ventaja de que la relación entre los dos países estaba en su mejor momento y había una amistad cercana entre los dos mandatarios. La negociación contemplaba entre otras cosas el condominio sobre el golfo. Sin embargo, la oposición del partido Copei fue tan fuerte y el rechazo general tan grande que el presidente Pérez optó por no firmar lo que se había acordado.

El segundo intento fue durante la Presidencia de Julio César Turbay. En esta se emprendió una negociación que terminó exitosamente con la llamada ‘Hipótesis de Caraballeda’. El problema se presentó cuando el presidente Herrera Campins de Venezuela decidió consultar al Ejército antes de firmar. Convocó al alto mando en el Fuerte Tiuna y envió a su canciller, José Alberto Zambrano, a explicar los detalles del acuerdo. Cuando este señaló que la línea fronteriza no sería la prolongación de la frontera terrestre, como ha pretendido siempre Venezuela, sino al sur de esta, la reacción negativa de los oficiales no se hizo esperar. Se caldeó tanto el ambiente que Zambrano se retiró y dejó a sus asesores frenteando la situación. Al igual que su antecesor, el presidente venezolano resolvió no suscribir el acuerdo.

A pesar de estos fracasos, los dos países hicieron un tercer intento durante el gobierno de Álvaro Uribe y su homólogo Hugo Chávez. En esa ocasión se recurrió a la Comisión Bilateral, creada para manejar asuntos de interés común y que había iniciado labores en 1990. Los negociadores fueron Pedro Gómez Barrero por Colombia y Pável Rondón por Venezuela. Como en las ocasiones anteriores, se pensó que era posible terminar de una vez por todas con ese conflicto centenario. Pero antes de la firma, un miembro venezolano de la comisión bilateral, Francisco Nieves-Croes, exoficial de la Armada de ese país, produjo un memorando denunciando que Venezuela había abandonado su posición histórica de la prolongación de la frontera terrestre y que el acuerdo significaba el sacrificio del 50 por ciento de sus áreas marinas y submarinas en la zona. El previsible efecto fue que Chávez también se echó para atrás.

A primera vista esos tres fallidos intentos dejan la impresión de que tras largas, complejas y arduas negociaciones no hemos hecho sino volver al punto de partida. Eso, sin embargo, no es tan automático. No deja de ser inquietante que cada vez que Colombia logra un acuerdo con Venezuela es porque llegó al límite de lo que está dispuesta a ceder. El problema es que al echarse para atrás Venezuela, las concesiones que hizo Colombia creyendo que iba a haber firma puedan llegar a ser interpretadas por los venezolanos como una conquista ya adquirida para cuando se reanuden las negociaciones.

La dificultad de llegar a acuerdos con Venezuela reside principalmente en que en en el país hay una hipersensibilidad en la opinión pública frente a los temas limítrofes que no tiene paralelo en Colombia. Mientras que muy pocos colombianos se duelen por la pérdida de Panamá y la mayoría probablemente ni siquiera sabe que formaba parte de Colombia, los venezolanos crecen con la convicción de que sus vecinos se han aprovechado de ellos para despojarlos de parte de su territorio. Ese fantasma siempre ha estado presente en el caso de Guyana. Todos los mapas oficiales de Venezuela incluyen al 65 por ciento del territorio de ese país como ‘zona en reclamación’. En cuanto a la frontera con Colombia, en las clases de historia en los colegios del vecino país se da por sentado que La Guajira debía haber sido venezolana. Ese supuesto zarpazo tendría su origen en dos laudos arbitrales adversos. El laudo arbitral de la reina María Cristina de España a favor de Colombia en 1891 y el laudo que fijó la frontera con la Guayana Inglesa en 1899.

De ese sentimiento se derivan varias actitudes: por un lado, “ni un centímetro más para Colombia”, como si ya les hubiéramos quitado algo. Por otro lado, nos ven como unos advenedizos en el golfo, con pretensiones sobre áreas marinas y submarinas en una región que consideran tan integralmente de ellos que la bautizaron con el nombre de ‘Golfo de Venezuela’. Las pretensiones de ese país han sido tan extremas que han llegado a desarrollar teorías legales absurdas como la de la llamada ‘Costa Seca’, según la cual los 40 kilómetros que tenemos sobre el golfo no nos dan derecho a nada en el mar y para zambullirnos en el agua necesitaríamos una visa venezolana.

Con todos estos antecedentes es muy fácil entender por qué es tan rentable políticamente prender la mecha nacionalista haciendo anticolombianismo. Han explotado este filón, entre otros: Rafael Caldera, Pedro José Lara Peña (autor de la teoría de la ‘Costa Seca’), la cadena de prensa Capriles y el excanciller Ochoa Antich. En Colombia no existe una situación equivalente y el tema de fronteras es sólo del dominio de un puñado de expertos, excancilleres y negociadores.

En cuanto a encontrar una solución negociada, en Venezuela es un axioma que cualquier arreglo solo puede ser fruto de un acuerdo bilateral. Ellos descartan cualquier decisión de terceros por la mala experiencia que supuestamente han tenido con los laudos arbitrales que fijaron sus fronteras actuales. El tratado de 1939 que abre la posibilidad de un arbitraje si no se llega a un acuerdo excluye asuntos que se consideren vitales, y Venezuela naturalmente considera al golfo de interés vital. Vital porque sus más importantes explotaciones petroleras quedan ahí o en el adyacente lago de Maracaibo; vital porque es la entrada a Maracaibo, la segunda ciudad más importante; vital también porque tiene un papel preponderante como vía comercial. Por todo ello, es prácticamente imposible someter a Venezuela a algún tipo de arbitraje por parte de terceros.

Hay otro factor que incide con enorme fuerza. En Venezuela, a diferencia de Colombia que es un país esencialmente civilista, el Ejército siempre ha jugado un papel preponderante en la política. Salvo el paréntesis de 40 años entre la caída del general Pérez Jiménez en 1958 y el ascenso del coronel Chávez en 1999, el país ha estado gobernado buena parte del tiempo por caudillos militares. En la hora actual no es un secreto que la Fuerzas Armadas juegan un papel fundamental en el régimen. Y los militares venezolanos, como todos sus compatriotas, han sido educados con la obsesión del zarpazo territorial de sus vecinos.

Como puede apreciarse, dada la enorme carga emocional y política que tiene el tema en el vecino país, no es fácil resolver el diferendo limítrofe. En Colombia es considerado un asunto de derecho internacional que debe ser zanjado por internacionalistas expertos. En Venezuela, en cambio, la dimensión emocional y política prima sobre la jurídica.

Por lo anterior, el polémico Decreto 1787 mediante el cual el presidente Maduro establece una zona de defensa estratégica tiene que ser analizado dentro de este contexto. Lo primero que hay que entender es que no se trata de una provocación de Maduro a Colombia. Se trata más bien de la reacción de Maduro a los ataques de la oposición que lo acusaba de permitir que Guyana otorgara licencias de exploración a la Exxon en zonas que reclama Venezuela, y donde se encontraron importantes yacimientos de petróleo. El decreto está dirigido a fijar una posición frente a Guyana y a la Exxon, pero toca de refilón a Colombia e increíblemente también a Surinam, país con quien Venezuela ni siquiera tiene frontera terrestre.

Por eso no es tan obvio que en esta ocasión se trate de una cortina de humo invocando el anticolombianismo, como se ha hecho en el pasado. De ser así, se habría presentado algún tipo de populismo patriotero por parte del régimen o de los medios de comunicación controlados por este. La verdad es que las implicaciones del decreto para Colombia, que han sido objeto de legítima preocupación para la opinión del país, en Venezuela no han sido registradas prácticamente a ningún nivel. Ni siquiera Telesur que es la voz del amo ha tocado el tema.

De ahí que antes de recurrir al tono beligerante o al patrioterismo colombiano, hay que seguir insistiendo a través de los canales diplomáticos. La presión tiene que ser firme y contundente. Guyana reaccionó en esta forma cuando el Decreto 1787 fue hecho público y rápidamente obtuvo una modificación del texto original. El hecho es que Colombia no puede pasar por alto la pretensión de ese decreto de que aguas que están en litigio puedan convertirse en teatro de operaciones militares por parte del gobierno venezolano. Hacerlo sería permitir que se consolide un statu quo y la experiencia ha demostrado que la inercia en esas materias tiende a ir en detrimento de los intereses colombianos.
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