Digno de Kafka

El proceso contra GustavoAdolfo Canal parece un capítulo de Kafka sobre la justicia colombiana. El exministro de Transporte acaba de ser detenido por peculado, que es el delito para quienes malversan o se apropian de los bienes del Estado. Lo paradójico es que a Canal se le acusa de lo contrario: de haber pagado menos de lo que le correspondía en una conciliación de un pleito por una carretera. Las cifras del caso son escandalosas y evidencian los exabruptos a los que llegó la contratación estatal en el país.

En 1983, el Fondo Vial Nacional (hoy Invías) adjudicó a un consorcio un tramo entre dos municipios de Antioquia por 600 millones de pesos. Y ahora el Estado está obligado a desembolsarles a esos contratistas más de 70.000 millones de pesos por esa vía de 22 kilómetros que nunca se terminó de construir. Parece insólito, pero así es.

La historia de cómo un enredo de 600 millones de pesos se convirtió en uno de 70.000 millones no es sencilla. Y esa novela es la que tiene hoy a Gustavo Canal detenido en su casa en las afueras de Bogotá. En menos de un mes, el exministro pasó de recibir una de las mejores noticias de su vida, el nacimiento de su nieto en Estambul (Turquía), a tener una orden de captura por ser "un peligro para la sociedad" que lo hizo regresar al país y por la cual lleva más de tres semanas privado de la libertad.

El caso al que se enfrenta Canal es tan complejo como desconocido para la opinión pública. Pero de concretarse, la conciliación que pagaría el Estado sería tres veces mayor que la del escándalo de Dragacol (que fue de 26.000 millones). Por eso, quizás ningún ministro ha querido hacerla. Incluso cuando hace unos años la Contraloría conminó a Andrés Uriel Gallego a pagarla, este se negó diciendo que así se "desfalcarían en forma ostensible, sin posibilidad de recuperación, las arcas del Estado" y que preferiría ir a la cárcel antes que girarles el cheque.

Para entender semejante enredo hay que remontarse varios años atrás, cuando Gustavo Adolfo Canal nada tenía que ver con la función pública. En el momento en que la carretera se adjudicó, él trabajaba como gerente de una empresa familiar que confecciona cueros. El 'chicharrón' le llegó 13 años más tarde, en 1998, cuando aceptó el cargo de director de Invías. Hasta ahí el caso podía ser parte del inventario de obras frustradas del país. La carretera debía construirse en dos años, pero el contrato se prorrogó ocho veces, hasta que en 1991 Invías decidió que era mejor no hacer la carretera con el consorcio que seguir en ese calvario, y les terminó el contrato.

Los integrantes del consorcio, entre ellos, el polémico empresario Édgar Botero Aguilar, demandaron al Estado pues, según ellos, el incumplimiento fue culpa del Invías por no pagar a tiempo y no revisar los precios. La entidad concilió con los empresarios esa demanda con base en un cálculo de los 690 millones del costo original del contrato más los intereses.

Si se hubiera conciliado en 1991, cuando los contratistas demandaron, esa cifra habría sido del orden de 12.000 millones de pesos. Pero Invías concilió solamente en 1998, y en ese momento el monto ya se había duplicado. Y Canal, quien se acababa de posesionar como director del organismo, buscó fórmulas para solucionar esa papa caliente. En resumen, Canal y su asesor jurídico, Federmán Quiroga (también detenido en la actualidad) aplicaron un interés del 6 por ciento anual al monto del acuerdo. Con esta operación, el Invías terminó pagándoles a los contratistas un poco más de 24.000 millones de pesos. Pero estos últimos consideraron que la liquidación se hizo mal porque la tasa de interés debía ser del 12 por ciento. Y por esa razón, en 2000 volvieron a demandar al Estado. Esto hizo que a pesar de ese desembolso multimillonario, la pelea, lejos de terminarse, se intensificara.

Por haber pagado el 6 y no el 12 por ciento de interés Canal está detenido. Según el auto de la Fiscalía que le ordenó medida de aseguramiento, "pese a que no se advierte que se haya apropiado de recurso alguno del erario", al aplicar una fórmula con un porcentaje menor hizo que el "Estado tuviese que afrontar una nueva reclamación". Es decir, la Fiscalía maneja la absurda hipótesis de que el exministro pudo haber estado amangualado con los contratistas y decidió pagarles menos para que estos pudieran volver a demandar, como efectivamente lo hicieron. Luis Fernando Mejía, abogado del consorcio, señala que no existió ningún acuerdo con Canal. De hecho asegura que la conciliación no se tramitó con él sino con el funcionario anterior a su administración, pero asegura que Canal sí "pecó por omisión", y pudo cometer peculado, al no haber hecho el pago como tocaba.

La segunda demanda es otra película. El Estado perdió el pleito. El Tribunal de Antioquia condenó al Invías a pagar lo que faltaba. Para esto, la entidad llamó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario, que dirigía Francisco Ramírez Vasco, quien conceptuó que por intereses de mora, honorarios de abogados y otros conceptos, el saldo había llegado a 200.000 millones. Con base en esa cifra, el Invías decidió conciliar de nuevo con los contratistas por 70.000 millones. Sin embargo, en mayo de este año ese pago fue suspendido por la Fiscalía por considerarlo "ilegal".

Desde que se enteró, en 2006, de la nueva conciliación, Canal se ha reunido con todos los que han tenido que ver con el caso en el Estado para impedir el desembolso: con el anterior contralor Turbay, con la contralora Morelli, con los zares anticorrupción, con el entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego.

Pero resolver ese embrollo no es para nada fácil. Por un lado, porque el pago de los 70.000 millones es el resultado de una conciliación, que en términos prácticos tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. Por ahora, lo que hay son unas indagaciones de las Fiscalía para encontrar si esta conciliación fue irregular. Mientras estas se adelantan, los intereses y las indexaciones pueden más que duplicar el monto original si el Estado vuelve a perder, como sucedió en el pasado. Por otro lado, el caso de Canal en un país sacudido por escándalos de corrupción también deja un pésimo precedente. En primer lugar, que aceptar firmar una conciliación entraña riesgos enormes para cualquier funcionario. Y en segundo, que es mejor girarles a los contratistas lo que pidan que irse con ellos a pleito. Eso en el país de los Nule es una lección bastante difícil de procesar.

Al final, la justicia determinará si Canal es inocente o culpable. Pero parece un exabrupto haberle aplicado una detención preventiva como "peligro para la sociedad" por una actuación suya de hace 14 años. El exministro pudo haberse equivocado al liquidar los intereses por buscar favorecer a la Nación. Pero no parece lógico suponer que se trató de una decisión deliberada para favorecer a los contratistas y deducir de ahí el delito de peculado. El caso es definitivamente kafkiano.