"Dijimos no al ánimo de lucro y a la privatización de las universidades"

Este lunes, la reforma a la Ley de Educación Superior fue radicada en el Legislativo. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, y el viceministro de Educación Superior, Javier Botero, presentaron el proyecto de reforma ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. 
 
Su trámite se da en medio de anunciadas consultas estudiantiles para definir si cesan actividades académicas en algunas universidades del país en rechazo al proyecto.
 
La titular de la cartera le contó a Semana.com cuáles fueron las propuestas de los estudiantes y rectores que se incluyeron en la reforma radicada. También explica cómo se aumentará la cobertura y por qué este proyecto promete mejorar la educación superior en los próximos 20 años.
 
Semana.com: ¿Cuáles propuestas de los estudiantes están contenidas en la radicada reforma a la Ley de Educación Superior?

María Fernanda Campo: En primer lugar, los estudiantes reclamaban más recursos para la educación superior, entonces acogimos su propuesta en materia de financiamiento. Cabe recordar que el proyecto sólo cuenta con recursos de origen público. Decimos no a la mercantilización, no al ánimo de lucro ni a la privatización de las universidades.
 
En segundo lugar, se solicitó fortalecer más la autonomía universitaria, y esa recomendación fue extraída de una propuesta de ley estatutaria que elaboró la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN).
 
En tercer lugar, se pedía mirar el sector de la educación superior como un gran sistema con muchos actores, donde todos debemos trabajar de forma articulada, y ese sentido se creó el gran sistema de educación superior, junto al sistema de ciencia, innovación y tecnología, Colciencias y el sector productivo.
 
Un cuarto elemento está relacionado con el desarrollo científico.
 
Y el quinto punto propuesto por los estudiantes e incluido en la reforma se refiere el bienestar estudiantil.

Semana.com: ¿Qué cambios se instrumentaron frente al ejercicio de la autonomía universitaria?
 
M.F.C.: Uno de los elementos que mejorarán la calidad de la educación superior es el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, donde se presentan la inspección y la vigilancia. Es un mandato constitucional donde el presidente de la República tiene la obligación de velar por la calidad de la educación. El sector educativo nos pidió la doble instancia, que hoy día no existe, es decir que cuando el Ministerio emite una resolución con una sanción, no hay una segunda instancia donde apelar. Ahora incorporamos la segunda instancia.
 
Semana.com: La inversión privada prometía la creación de más cupos. Tras el retiro de esta posibilidad, ¿cuáles estrategias se instrumentarán para aumentar la cobertura?
 
M.F.C.: La meta que tenemos en estos cuatro años, aunque cabe aclarar que esperamos que este proyecto sea para los próximos 20 años, es generar 640.000 nuevos cupos: 600.000 para los niveles técnico, tecnológico y universitario y los otros 40.000 para los posgrados. Dentro de las proyecciones que habíamos hecho, estas instituciones con ánimo de lucro nos habrían aportado unos 50.000 cupos, es decir, menos del 10 por ciento del total de los grupos previstos. No obstante, estaba claro que una parte se iba asumir con créditos educativos, de esta forma no modificamos nuestra meta inicial.
 
Semana.com: Teniendo en cuenta el fenómeno de la silla vacía en la universidad privada y que las universidad públicas son menos y cubren la mitad de la matrícula del país. ¿Qué papel juega la universidad privada en el aumento de la cobertura?
 
M.F.C.: La universidad pública tiene el 55 por ciento de la matrícula y la privada el 45 por ciento. Las universidades privadas han hecho un esfuerzo de consecución de recursos vía donaciones y a través de la matrícula. En la reforma se hace énfasis en que no sólo debemos aumentar la matrícula, sino lograr un mayor éxito en la graduación de estudiantes.
 
Semana.com: ¿Qué plantea la reforma ante la tasa de deserción en el sistema, que es del 45 por ciento?
 
M.F.C.: Hicimos una convocatoria a todos los rectores de las instituciones para firmar un pacto para luchar contra la deserción de los jóvenes en el sistema. Nos comprometimos con recursos del gobierno nacional para apoyar los programas de retención de los estudiantes, y tanto la universidad privada como la pública se comprometieron a mejorar sus programas de bienestar y acompañamiento académico.
 
Semana.com: Las universidades tienen gastos de funcionamiento altos como el pago de internet o de los servicios públicos. ¿Sería posible que el Estado se responsabilice de la conectividad de las instituciones de educación superior?
 
M.F.C.: Claro. Ya está aprobado que los recursos de regalías podrán financiar la inversión física y en tecnología de la educación. Las universidades podrán mejorar sus campos y su infraestructura e invertir en tecnología. Además, se aprobó un billón de pesos para la ciencia, la innovación y la tecnología. Las universidades van a contar con muchos más recursos y podrán mejorar la dotación de sus centros de investigación.
 
Semana.com: Si las universidades públicas están a tope con la infraestructura, ¿se podría pensar en la creación de más universidades públicas?
 
M.F.C.: Buscamos fortalecer las universidades que hoy tenemos.
 
Semana.com: ¿Cómo se aseguran las metas de regionalización que se propone la iniciativa?
 
M.F.C.: Los recursos adicionales que se proveen a través de la reforma se van a distribuir con base en indicadores. Es decir que para que le lleguen más recursos a una universidad o a otra institución de educación superior, esta deberá cumplir con un aumento de cobertura a partir de la regionalización. Otros indicadores señalan el mejoramiento de la calidad financiando la formación docente al acceder a maestrías y doctorados. 
 
También se contempla la producción científica y la investigación. Si las universidades y las instituciones trabajan en esos cuatro lineamientos, les llegarán más recursos.

Semana.com: ¿Se mantiene el plazo de los ocho años para que las universidades cumplan los requisitos legales para llamarse como tal?
 
M.F.C.: Se mantiene. En este sentido hicimos un cambio. En la propuesta inicial exigíamos que uno de los requisitos que se tenían que cumplir para ser universidad era haber obtenido la acreditación institucional de alta calidad. Las universidades y el sector educativo nos hicieron ver que uno de los aspectos de mayor valor de la acreditación es que es absolutamente voluntaria y que al incluirla como requisito le quitábamos ese carácter de querer instrumentar procesos de mejoramiento continuo y búsqueda de la excelencia. Entonces retiramos la exigencia de la acreditación institucional y pusimos unos requisitos altos que deben cumplir.
 
El Ministerio de Educación plantea en la reforma a la Ley 30 el apoyo de recursos de origen público para acompañar a todas las universidades que todavía no tienen esos estándares de calidad. No queremos que se acaben o se reduzcan las universidades.
 
Semana.com: ¿Todavía se plantea que instituciones técnicas y tecnológicas puedan pasar a la categoría de institución de educación superior?
 
M.F.C.: Se mantiene. En busca de fortalecer la autonomía de las universidades, ahora las instituciones de educación superior, con excepción de los doctorados, podrán ofrecer distintos tipos de programas si le demuestran al sector su aseguramiento de calidad. Una institución técnica podrá ofrecer másteres y especializaciones siempre y cuando demuestren altas condiciones en calidad. El doctorado queda reservado para las universidades y las instituciones que tienen acreditación de alta calidad.
 
Semana.com: ¿Qué incluyó la reforma de la propuesta económica que presentaron los rectores?
 
M.F.C.: La acogimos casi en su integralidad. En la propuesta inicial decía que los recursos se debían aumentar de manera escalonada, un punto en el 2012, dos puntos en el 2013 y cuatro puntos en el 2014, y así hasta el 2019. Ellos propusieron más incremento y lo acogimos. A partir del 2012, se aumentan tres puntos cada año y será hasta el 2022.