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| Foto: Archivo SEMANA

JUSTICIA

El juicio por la muerte de Jairo Zapa lleva 18 meses en el congelador

Después de meses, se definió que tres conjueces decidirán si se rompe la unidad procesal; el testigo clave cambió su versión y la captura del fiscal Gustavo Moreno por recibirle sobornos al exgobernador Lyons termina de enrarecer el panorama.

7 de julio de 2017

Sin duda alguna el asesinato de Jairo Zapa, exdirector de regalías de Córdoba, destruyó la poca gobernabilidad que había en el departamento. Marcó de manera dramática los 18 meses de gobierno que le quedaban a Alejandro Lyons y gravita como una pesada sombra sobre la administración de justicia, sobre los contratistas, sobre los políticos, sobre Córdoba entera; llena de escepticismo a la ciudadanía.

Jairo Zapa Pérez, un joven ingeniero salido de las canteras de la clase media, hijo de maestros que con muchos esfuerzos educaron a sus hijos, fue asesinado el 27 de marzo de 2014. Su esposa, sus hijos y sus padres se fueron de la ciudad. Los abogados iniciales renunciaron a los poderes porque fueron amenazados por ‘motorizados’ con rostros cubiertos que se acercaban a intimidarlos.

Los abogados de los señalados por el crimen se inventan argucias para dilatar la continuación de una audiencia que no debió durar más de tres días, en el peor de los casos.

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Los seis presuntos responsables fueron detenidos el 1 de mayo de 2014, 35 días después de la desaparición de Zapa. Ellos son, Jesús Henao, el contratista y presunto determinador del homicidio; Maximiliano García Bazanta, subdirector de la oficina de Regalías; Carlos Pérez Escobar, primo de Zapa, abogado de la dirección de Regalías; Jesús Albeiro Torres, funcionario de la Unidad de Parques, amigo de Henao; Joicer Hernández Muñoz, autor material del homicidio y Zuan Naiduth López, esposa de Hernández, quien trabajaba como guía turística y había sido contratada por Jesús Henao para atender las reuniones que periódicamente sostenía Zapa con funcionarios de regalías y contratistas. Atendió el almuerzo el mismo día en que fue asesinado Zapa.

El juicio oral ya tiene varias escenas, como en una obra de teatro. Sin embargo, parece haberse quedado congelada desde hace 18 meses en la audiencia preparatoria. Una diligencia que debía tardar 72 horas lleva 540 días interrumpida.

La demora radica en una solicitud del fiscal 48 de la Unidad de Derechos Humanos, Carlos Pión Mayorga, quien pidió a la jueza que declarara una ruptura procesal: que vaya por un lado la desaparición forzada de Zapa y por otro su homicidio.

La jueza de entrada rechazó la petición del fiscal. Sin embargo, el veredicto final quedó en un hamaqueo de apelaciones, recursos, decisiones de jueces de garantías y revisiones de magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería. Lo último, es que después de haberse pronunciado, los magistrados se terminaron por declarar impedidos para conocer la apelación.

Pues bien, aunque existe una lista de conjueces que pudieron haber participado de un eventual sorteo para resolver el asunto, surgió otro inconveniente: los sorteados se declararon impedidos. Uno de los conjueces había sido procurador y había estado en una audiencia de este proceso; otro conjuez se declaró impedido porque uno de los defensores del caso Zapa lo estaba representando.

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Como en una historia sin fin, el año judicial terminó, con lo que se venció la lista de conjueces, y fue necesario lanzar una nueva convocatoria. En una ciudad donde los abogados se pelean el privilegio de ser conjueces del Tribunal, lo cual les da el estatus, no se presentó nadie. De manera inexplicable nadie quiso ser conjuez del Tribunal Superior de Córdoba. 

Fue un tire y afloje de concursos de conjueces e impedimentos de los sorteados que duró varios meses, hasta que hace 15 días
se logró integrar una sala. Con ello, se prevé que en pocas semanas se conozca finalmente si habrá o no ruptura procesal en el caso Zapa. 

Pero no es el único traspié del caso. La audiencia preparatoria del juicio, que comenzó el 16 de diciembre de 2015, debió haber empezado cinco meses después. Sin embargo, por cuenta de las clásicas dilaciones de los abogados, tiene un retraso de un año. La instalación fue aplazada en siete ocasiones porque los abogados estaban incapacitados o por cambio de defensores. Jaime Granados, defensor de la familia de Zapa, dijo que con estas estrategias dilatorias lo que buscan es un vencimiento de términos.

La captura del exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien está solicitado en extradición por Estados Unidos al haber recibido un soborno en Miami de parte del exgobernador Alejandro Lyons, llena de intrigas adicionales este caso de por si enrarecido. La participación de Lyons en el crimen es un interrogante que no ha podido ser resuelto en la justicia y lo que se teme es que 
el homicidio de Zapa sea otro de los casos por los cuales se estuviera extorsionando al exgobernador.
Inicialmente, el presunto autor material Joice Hernández confesó que el homicidio había sido por motivos pasionales, porque vio a su esposa sentada en las piernas de Zapa. Sin embargo, ante la Fiscalía se retractó y dijo que no fue por motivos de ira e intenso dolor. En una nueva versión que también ratificó a SEMANA, Hernández aseguró que ese móvil fue acordado con Jesús Henao, el contratista, porque el director de regalías había incrementado en un 5 por ciento la comisión por contrato. Por sembrar esta tesis ante la justicia, Henao le pagaría a Hernández 600 millones de pesos, sin embargo, le incumplió. Con el agravante -dice Hernández- de meter en un problema a su esposa, ya que ella no habría tenido conocimiento alguno de los planes de asesinar a Zapa.

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