Los fantasmas judiciales de Dilian

Dilian Francisca Toro podría convertirse en la primera gobernadora del Valle del Cauca, pero irónicamente esa meta depende más de un aval judicial, que político.
 
Aunque en ese departamento muchos se atreven a coronarla como vencedora en las próximas elecciones de octubre, las cuentas pendientes con la justicia podrían frenar su aspiración. Si bien Dilian no está inhabilitada, ella sabe el riesgo que corre estando sub júdice.
 
Pero los fantasmas judiciales que la persiguen a ella, su esposo y su cuñado no son de poca monta y por el contrario, en cualquier momento le pueden aparecer, especialmente porque muchos de esos líos fueron archivados y se podrían reactivar si aparecen nuevas pruebas.
 
Esta revista consultó varios despachos judiciales y encontró que entre Dilian Francisca; su esposo, Julio César Caicedo Zamorano, y su cuñado Jorge Enrique Caicedo Zamorano, existe una decena de denuncias por presuntos delitos entre los cuales calumnias, falsedades, fraude procesal, peculados, testaferrato, enriquecimiento ilícito y lavado de activos; la mayoría con una particular coincidencia: negocios con presuntos testaferros de la mafia; no obstante, se debe aclarar que esos casos fueron archivados.
 
El proceso más sonoro contra Dilian es el que le abrió en el 2008 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de lavado de activos. En febrero del 2013 el caso pasó a manos de la Fiscalía porque la entonces senadora renunció a su investidura y un mes después la Fiscalía la acusó y llamó a juicio.
 
Pero su abogado, Iván Cancino, logró la nulidad de esa acusación por violación al debido proceso al no permitirles recopilar tres testimonios; y mientras se buscaban esas declaraciones vino la prescripción de términos y Dilian recuperó su libertad el primero de agosto del 2013, tras permanecer casi un año detenida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo).
 
Hoy el caso contra Dilian, su esposo y su cuñado se encuentra “en fase de instrucción” en la Fiscalía 29 Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos en Bogotá y de acuerdo con una petición elevada a ese despacho, no se puede tener mayor información sobre el estado actual del proceso “por ser reservada”.
 
La verdad es que sobre ese caso existe bastante ilustración y se resume a la compra de tres fincas (San Miguel, Basilar y La Milagrosa) en Palmira y Bolívar, Valle; pero antes de llegar a manos de la exsenadora, su esposo y su cuñado, les perteneció a través de testaferros a por lo menos ocho narcotraficantes (Phánor Arizabaleta, Ignacio Álvarez Meyendorff, Víctor Patiño Fómeque, Iván Urdinola Grajales, Carlos Arturo Patiño Restrepo, Hans Barney Salazar, Juan Carlos Ramírez Abadía y Wílber Varela), tal como lo documentó la CSJ.
 
El reto que tiene la Fiscalía es demostrar Dilian, Julio César y Jorge Enrique sabían de la tradición mafiosa de esas fincas y que a través de la firma Agropecuaria Ceiba Verde (propiedad de los tres), se lavó dinero de la mafia.
 
Hay otro caso que surgió durante un informe de inteligencia del CTI en 1998 (cuando Julio César era senador) donde se advierte que al parecer los hermanos Caicedo Zamorano “recibieron dineros de Ismael Beltrán Maldonado y Luis Alfonso Maquilón Amaya”; en su momento las alertas de los investigadores se dispararon porque Maquilón era cuñado de los hermanos Rodríguez Orejuela y sobre Beltrán había “versiones” de narcotráfico.
 
Y aunque el proceso estuvo inactivo varios años, en el 2008 la fiscal cuarta especializada de Cali se abstuvo de investigarlos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato. En el fallo la fiscal explica que la decisión se toma por “atipicidad absoluta de la conducta (…) y prescripción de la acción penal”; dicho en otras palabras: no hubo delito alguno.
 
Esta revista pudo comprobar que entre el cuñado de Dilian y el cuestionado Maquilón hubo negocios. Ocurrió en 1992 cuando Jorge Enrique le compró a Luis Alfonso Maquilón un inmueble ubicado en Palmira que antes le perteneció a Ismael Beltrán. La transacción se hizo por 21 millones de pesos en la notaría 11 de Cali.
 
Otras dos denuncias formuladas entre el 2001 y el 2002 contra Dilian corrieron similar archivo. Cuando la 'baronesa del Valle' arrancaba su carrera como senadora la investigaron por presuntos hechos de corrupción por el desvío de 1.200 millones de pesos del Inurbe y un plan de vivienda en su natal Guacarí. Ambos procesos fueron asumidos por la Fiscalía Sexta Seccional de Buga y en el primer caso emitió Resolución de Prescripción y en el segundo el fiscal se inhibió.
 
En la Corte Suprema Dilian sólo tiene una investigación en etapa previa, por supuestos nexos con grupos paramilitares, en el que se le señala de reunirse con Éver Veloza, alias 'HH', jefe del bloque Calima de las AUC.
 
En favor de la exsenadora hay que decir que varios mafiosos y paramilitares han declarado no tener vínculos con ella. El primero en negar esas relaciones fue el propio 'HH'. Y el año pasado el confeso narcotraficante Víctor Patiño Fómeque le soltó un salvavidas a Dilian al enviar una declaración notariada a la Fiscalía.
 
La misiva de dos hojas, fechada y apostillada el 31 de julio del 2014 en una notaría del estado de Florida, EE. UU., le dice al fiscal Eduardo Montealegre, bajo la gravedad de juramento, que “puedo aseverar que ese predio hoy conocido como San Miguel, nunca perteneció  a Víctor Patiño Fómeque o persona con vínculo conmigo” y “no conozco a la señora Dilian Francisca Toro o a Julio César Caicedo Zamorano por circunstancia diferente a ser personas públicas”
 
Algo parecido hizo la exrepresentante a la cámara Nancy Montoya, conocida como la 'Viuda del diablo', por ser esposa de un desaparecido jefe de sicarios del capo Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño'. Pese a que 'Rasguño' salpicó a varios políticos, entre ellos Dilian, no obstante la 'Viuda del diablo' la sacó en limpio en una declaración ante la CSJ.
 
Y ese mismo rumbo tomó el señalamiento que hizo ante la Corte el capo Diego Montoya Henao. Aunque él enlodó a Dilian y otra docena de políticos, su mano derecha, Robeiro Castrillón, considerado el testigo estrella de la narcopolítica, negó ante la CSJ que la organización mafiosa de su expatrón hubiera apoyado a la exsenadora. Robeiro fue asesinado el 17 de febrero de este año en Zarzal, Valle, y su abogado le dijo a este medio que cree que detrás de su muerte “hubo intereses políticos”.
 
Esta revista intentó entrevistar a la exsenadora, pero respondió a través de una asistente que “no quiere hablar más sobre el proceso, eso ya es más que público”. Su abogado Cancino le dijo a SEMANA que está tranquilo con el caso y que siguen intentando obtener una declaración de Víctor Patiño, “la del mayor Juan Carlos Meneses ya se logró y con lo que ratificó no da ni para una orden de captura”, argumentó.
 
Pese a esos escándalos, Dilian sigue amasando poder y siendo el factor político en el Valle. Por algo es considerada la baronesa electoral de ese departamento tras 20 años de carrera pública; en el 2006 tuvo el mayor número de votos del recién creado partido de La U y en el 2010 fue segunda, pero la mujer más votada en todo el país, con 151.000 sufragios.
 
Su estructura política es envidiada por cualquier gamonal ya que cuenta con cuatro congresistas (un senador y tres representantes), tiene tres de los cinco diputados del Partido de la U en el Valle, 11 de las 42 alcaldías y cientos de concejales.
 
Todo ese poder le permite mantener bien aceitada su maquinaria política. En la Gobernación tiene dos secretarías (Salud y Hacienda) y tres dependencias (CVC, licorera, Corpocuencas). Además, controla la Procuraduría Provincial, la DIAN, el ICBF, el Fondo Nacional del Ahorro y el Invima, según publicó el diario El País de Cali.
 
Quizá la exsenadora salga bien librada de sus líos judiciales, pero mientras eso ocurre tiene en ascuas las elecciones de octubre próximo, “le puso suspenso a la campaña y la está perturbando”, argumentó Juan Pablo Milanese, politólogo de la Universidad Icesi.
 
Por ahora a la baronesa del Valle le sobran los respaldos políticos, pero le falta uno que no estaba entre sus cuentas: el aval judicial.