Dinerocracia

Nunca en la historia política de Colombia se había visto que los políticos invirtieran tanto dinero en las campañas como ahora. Denuncias y testimonios en todo el país dejan claro que en esta oportunidad las vallas, los pasacalles, las gorras, las lechonas y las camisetas son tan sólo los gastos de caja menor de millonarios presupuestos destinados al proselitismo.

"El clientelismo ha cambiado", dice Juan Carlos Flórez, historiador y candidato al Senado. Y se refiere a que el tradicional intercambio de favores por votos ya no se hace con tejas o ladrillos a los electores, sino con fajos de dinero en efectivo. El costo de un voto varía según las regiones. En Bolívar puede llegar a los 50.000 pesos; en Bogotá y en Cali su valor oscila entre los 20.000 y los 30.000; y en las ciudades intermedias bordea los 15.000 pesos. El dinero es pagado por los clientelistas en dos cuotas: una, al hacer el trato con el elector, que equivale al 30 por ciento del costo. Otra, una vez están listos los escrutinios.

En la mayoría de los casos, el candidato no es quien ofrece el dinero. Para eso se vale de los 'capitanes', los encargados de buscar a los electores y de anotar en una planilla su cédula, el lugar de residencia y el sitio de votación. Si después de las elecciones se comprueba que un número similar a los anotados en cada zona votó por el candidato, el 'capitán' reparte la plata y se queda con un porcentaje de acuerdo a los votos conseguidos. No más en este rubro, hay candidatos al Senado que, si le apuestan a sacar 30.000 votos 'de organización', invierten hasta 1.500 millones de pesos.

"Ser capitán es todo un negocio", dijo a SEMANA un edil que en diciembre le hacía campaña a un candidato conservador a la Cámara y que hoy trabaja para un aspirante de La U en Bogotá: "Nosotros les ponemos votos a los de Cámara y ellos a los de Senado. Aquí lo único nuevo es la plata", dice.

En Bogotá, un líder capaz de poner 1.000 votos puede llegar a costar 70 millones de pesos. En este contexto, los líderes compiten por los candidatos que más pagan y los candidatos, por los líderes que ponen más votos. "Hay ediles que dicen: doctor, yo le pongo tantos votos, pero usted me da un anticipo... cobran porque hay políticos que los acostumbraron a recibir millonadas", dice el candidato a la Cámara Alfonso Prada mientras recuerda que en la capital esta práctica tomó fuerza en la elección al Concejo en 2007.

Según varios congresistas, desde que entraron a la escena política los partidos ADN -hoy sin personería jurídica- y el PIN, se disparó la venta de líderes al mejor postor. El senador Juan Manuel Galán denunció que candidatos del PIN compran líderes en Bolívar y en Santander. "En Cartagena, por ejemplo, Enilse López, la 'Gata', está dando dinero en efectivo a los políticos y personas naturales para que voten por su hijo Héctor Alfonso López, actualmente candidato por el partido PIN", dice.

Como en la mayoría de transacciones que se hacen en Colombia, en el clientelismo también impera la desconfianza. Por eso es común que los 'capitanes' les retengan la cédula a los votantes para que no le vendan el voto a otro candidato. El Consejo Nacional Electoral comprobó estas prácticas cuando a comienzos de febrero anuló la inscripción de cédulas que se realizó en 2009 en Barranquilla, al descubrir que más de la mitad, de 200.000 ciudadanos que se registraron en octubre, vivía en sitios diferentes a los lugares en que se habían inscrito. Por esa razón, en la ciudad sólo podrán votar quienes tenían sus cédulas inscritas en 2006.

Que las elecciones actuales operan como un mercado, lo demuestra el vocabulario que se ha acuñado en esta campaña. Así, la expresión "voto prepago" es utilizada en Antioquia y en el Valle. Significa que el elector cobra por anticipado la venta del voto. Otra categoría es el del "voto combo", que supone que al sufragante se le ofrece una suma mayor si vota por una fórmula de Senado y Cámara.

A los gastos que políticos tradicionales y nuevos caciques hacen en la compra de votos, se suman los de la publicidad. Entre ellos, los de las vallas. Recientemente el CNE advirtió que, para el caso bogotano, cinco partidos habían sobrepasado el número de vallas permitidas.

Exceptuando el caso de los llamados candidatos de opinión, en los pasillos del Congreso se calcula que los costos de las campañas se dispararon al punto que, entre gastos publicitarios y líderes, un candidato a Cámara puede llegar a gastarse 2.000 millones, y uno a Senado 5.000 millones. Mucho más del tope legal, que para Cámara oscila entre 264 y 531millones, dependiendo del Departamento, y que para Senado es de 675 millones.

¿De dónde sale el dinero para que los aspirantes, que acuden a nuevas formas de clientelismo basadas en la compra de líderes, financien sus exorbitantes campañas? De varias fuentes. Una de ellas es la de los contratistas, interesados en que los parlamentarios les 'ayuden' a tramitar contratos a nivel local, departamental y nacional. A cambio de esta intermediación, les ofrecen a los candidatos y por anticipado un porcentaje del valor en que se calcula el contrato. "No sólo los estratos bajos compran votos", insiste el senador Jorge Enrique Robledo.

En este mismo sentido, la candidata al Senado Mapi Velasco le pidió al Procurador conformar una comisión especial para estudiar presuntas anomalías, como la supuesta utilización de recursos de la Alcaldía de Cali para favorecer la candidatura al Senado de Mauricio Ospina, hermano del mandatario.

Otra fuente de recursos proviene, sin duda, de actividades ilegales como el narcotráfico. "En el Norte del Valle la plata se ve a caudales", dice Velasco. En este mismo departamento, los organismos de control ya tienen los ojos puestos. Buenaventura, El Dovio, Yotoco, Guacarí y Argelia son municipios donde la Registraduría, el CNE y la Misión de Observación Electoral, MOE, han identificado amenazas a la transparencia del proceso electoral. Entre ellas, exceso de publicidad, compra de votos y trasteo de cédulas.

Lo más grave de esta forma imperante de hacer política es el significado que tiene para la democracia. Así, los candidatos que le apuestan a la renovación y que son cumplidores de las normas tienen pocas posibilidades de llegar al Senado o a la Cámara. Por más reconocimiento que tengan, no tienen cómo competir con quienes compran líderes o financian votos, dos condiciones que hoy en día garantizan que alguien en Colombia puede ser elegido. Una situación lamentable, si se considera que, el Congreso que termina es uno de los menos legítimos en la historia.

El CNE pidió recursos al Ministerio de Hacienda para fortalecer 21 unidades preventivas de delitos electorales que no dan abasto en el país. Concentrar esfuerzos en esta tarea y castigar efectivamente a los candidatos es una tarea fundamental para que lo que está pasando hoy con la exorbitante financiación de las campañas no se quede en el terreno del escándalo. Pero a tres semanas de las elecciones y tal como están las cosas, no hay muchos motivos para el optimismo. En esta campaña, al menos, en Colombia parece haberse encauzado en una especie de plutocracia, en la que los que más plata tienen son los que saldrán elegidos.