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| 6/22/2015 9:45:00 PM

Diputados de Antioquia exigen escandalosa indemnización

A través de una demanda, 19 diputados pretenden ser indemnizados por privilegios que, según la Gobernación, no tiene ningún colombiano.

Sin mucho aspaviento avanza en los estrados judiciales una demanda que, de prosperar, les costará a los colombianos 35.395 millones de pesos. Esto es nada menos que lo que al mes se pueden ganar 54.932 personas que devenguen el salario mínimo o, yendo más allá, lo mismo que pueden valer 784 viviendas de interés social prioritaria.

Los demandantes son 16 diputados y tres exdiputados de Antioquia que aspiran a ser indemnizados por considerar que, en sus años de trabajo, el Estado ha sido injusto a la hora de liquidar sus cesantías.

Entre los diputados que radicaron la solicitud de conciliación prejudicial, etapa que se surte antes de instaurar la demanda, está Rodrigo Mesa Cadavid, el célebre diputado liberal que alguna vez dijo que “invertir plata en Chocó es como perfumar un bollo”. Su aspiración, tras 22 años de trabajo en la Asamblea, es de 5.595 millones de pesos. Algo así como ganarse el premio gordo de la Lotería de Medellín. Nada menos.

El diputado del partido Conservador Jaime Alonso Cano es el campeón si se considera el monto de su pretensión: 6.017 millones de pesos. Le sigue Jorge Iván Montoya Mejía, de Cambio Radical, con una aspiración de 4.061 millones de pesos.

Y de ahí para abajo aparecen el exdiputado Carlos Mario Marín Parias (liberal) con 2.623 millones de pesos; Héctor Jaime Garro Yepes (liberal), cuya reclamación está tasada en 2.388 millones de pesos, y Rigoberto Arroyave Acevedo (liberal), con 1.597 millones.

Y así hasta pasar por nombres como los de la propia presidenta de la Asamblea, Orfa Nelly Henao, quien aspira a 381,4 millones de pesos, y Jorge Alberto Hernández Quiñonez, del Partido de la U, el mismo que hoy se encuentra afectado con detención domiciliaria luego de que la Fiscalía le imputó el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. Su reclamación está por un monto de 429, 4 millones de pesos.

Pero ¿qué razones aducen? El 9 de septiembre del año pasado llegaron a los procuradores judiciales para asuntos administrativos las solicitudes de conciliación con la Gobernación de Antioquia, de donde saldría el dinero, pues es de allí de donde la Asamblea deriva su funcionamiento.

Los convocantes declararon haber fungido como diputados en diversos períodos y argumentaron que sus cesantías han sido deficitarias por cuanto no se tuvieron en cuenta los siguientes factores: prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios prestados y auxilio de transporte.

Un diputado que asista a todas las sesiones de la corporación tiene una remuneración mensual cercana a 19,3 millones de pesos (sólo por seis meses, los otros seis meses que no trabajan no se los pagan), más un apoyo administrativo al transporte que la Asamblea les entrega cada mes por valor de cinco salarios mínimos (3,2 millones de pesos) y una prima de navidad de un mes de salario. Las sesiones extras suman otro mes más de remuneración cada año.

Según Clara Luz Mejía, secretaria general de la Gobernación de Antioquia, lo que piden los diputados no tiene sustento en la ley. “Ellos quieren que se les reconozca en la liquidación de las cesantías el ‘apoyo administrativo al transporte’ como si fuera un ‘subsidio de transporte’, cuando son cosas distintas”, dice.
Un subsidio de transporte es al que tiene derecho todo colombiano que devengue hasta dos salarios mínimos legales vigentes, y para este año quedó en 74.000 pesos.

“Nadie en este país tiene un subsidio de transporte de 3,2 millones de pesos. Lo que reciben los diputados como apoyo administrativo al transporte no hace parte ni de su salario ni de las prestaciones”, agrega. Ese apoyo, dice ella, corresponde a una ordenanza, la 01 de 2010, mediante la cual la Gobernación entrega cinco salarios mínimos para transporte de cada diputado y cinco salarios mínimos para la unidad de apoyo administrativo, es decir, para personal a su cargo.

Con los cinco salarios mínimos del transporte los diputados generalmente (no todos lo hacen) sacan un crédito para la compra de un vehículo, que al final del período queda de su propiedad. Con ese rubro pagan, además, la gasolina y el resto del mantenimiento.

La corporación no cuenta con carros propios ni alquilados, salvo para quienes conformen la mesa directiva. La presidenta de la Asamblea, Orfa Nelly Henao, por ejemplo, está cancelando las cuotas de una camioneta que quedará de su propiedad. En su caso, ella reconoce que no es lo mismo un “subsidio de transporte” que “un apoyo administrativo al transporte”.

La pregunta es: ¿por qué entonces demandó? La respuesta que le dio a Semana.com es que “a veces uno es muy olímpico. Nosotros le dimos poder a un abogado que nos argumentó que teníamos derecho a esa reliquidación de las cesantías. Pero estoy revisando muy bien la demanda para eventualmente no hacer parte de ella”, dijo al ser consultada por este portal.

No obstante, hay diputados que dicen tener sus argumentos. El exdiputado Andrés Guerra, antes del partido de la U y ahora miembro del Centro Democrático, instauró la demanda por 381 millones de pesos.

“Eso es lo más justo. Las condiciones de funcionamiento de la Asamblea son precarias. Esto es como playa baja. Un senador o un representante recibe 25 millones de pesos para sus unidades de apoyo legislativo. Es lo que yo llamo playa alta. En cambio nosotros sólo tenemos cinco salarios mínimos que, en mi caso, sólo alcanzan para pagar a un secretario, que es estudiante de derecho y a una comunicadora”, dice.

Y agrega que los otros cinco salarios para transporte, que a su juicio hacen parte de su salario integral, son lo mínimo que necesita un diputado para movilizarse. Guerra también está pagando un vehículo con un préstamo en la Cooperativa Confiar. Según él, si los diputados quieren hacer bien su trabajo, viajando todo el año a las regiones, lo que reciben de salario no les alcanza.

Según dijo, de los 19 millones que recibía mensualmente (únicamente por seis meses) a Guerra supuestamente sólo le llegaban 13 millones debido a las deducciones. “Y si usted divide eso por otros seis meses, mensualmente solo cuenta con siete millones. Y de ahí hay que sacar para ir a las regiones”.

Demandas como la de Guerra están siendo apoyadas por la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia. Su presidente Hernando Quevedo, dice que las pretensiones son válidas.

“Y no es que estén pidiendo subsidio de transporte. Los diputados están solicitando que les reliquiden sus cesantías y los intereses a las cesantías que les corresponde por ley. Para la liquidación no se tuvieron en cuenta varios elementos, entre ellos lo que en un época recibían como apoyo al transporte”, expuso.

Las demandas, que según Quevedo se interpondrán en el resto del país, continúan su curso. En los estrados ya fue admitida la del diputado liberal Adolfo León Palacio. Su pretensión: 429 millones de pesos. Una cifra que nunca despreciaría un político.
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