Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2010/10/20 00:00

Discurso del presidente Juan Manuel Santos

Palabras del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el 'Seminario de Restitución de Tierras: un Propósito Nacional'.

Discurso del presidente Juan Manuel Santos

Tantas veces como sea necesario asistiré a este tipo de eventos para defender e impulsar ese compromiso del alma que tenemos: resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y han padecido la violencia.
 
Este proyecto se debe asumir y entender como un propósito nacional, porque es una gran deuda moral y humanitaria que tenemos todos los colombianos con las víctimas.
 
El desafío es reparar a esta población, que –para colmo de males– está hoy sumida en la pobreza.
 
Hemos establecido que esa deuda histórica debemos saldarla a través de tres pilares, que buscan reparar a las víctimas y devolverles la productividad a ellas y al campo.
 
Uno de los pilares es la Ley General de Tierras.
 
Estamos avanzando en la elaboración del proyecto, pero ya he dicho que éste buscará optimizar el uso de la tierra, cerrar la expansión de la frontera agraria y darles condiciones a los campesinos para que sean exitosos empresarios del campo.
 
El segundo pilar de este propósito nacional es la Ley de Víctimas que presenté al Congreso –personalmente– el pasado 27 de septiembre.
 
Esta ley busca ser un punto de partida para un período de transición de 15 años en el que debemos reparar –en los niveles social, económico, sicológico y simbólico– a cerca de cuatro millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia.
 
El tercer pilar es –precisamente– el tema que nos convoca en este seminario: la Restitución de Tierras Despojadas.
 
Es un capítulo incluido en la Ley de Víctimas, pero –por su alcance e impacto– lo consideramos como otro pilar en nuestro objetivo de devolverles la productividad a las víctimas y al campo.
 
Esperamos que estas iniciativas sean aprobadas el próximo año, pero quiero decirles que no vamos a esperar hasta ese momento para iniciar la devolución de tierras despojadas.
 
¡Ya le dimos la largada a eso!
 
¡El proceso de restitución de tierras empieza ya!
 
Por eso tenemos estructurado y listo todo un plan de choque para avanzar inmediatamente en la materia.
 
En total, nos proponemos devolverles 312.000 hectáreas de tierra a casi 130.000 familias campesinas, en una primera etapa de este plan de choque que se cumple el próximo mes de abril.
 
Está definido todo: las regiones y poblaciones beneficiadas, el presupuesto estimado que se necesita y ¡hasta el número de abogados requeridos!
 
Contemplamos varios componentes, de los cuales quiero resaltar los siguientes, cuyos resultados esperamos para finales de diciembre:
 
El primer componente consiste en restablecer derechos frente al despojo administrativo del que fueron objeto las tierras de los campesinos desplazados.
 
Sobre este tema, el ministro de Agricultura –Juan Camilo Restrepo– anunció la semana pasada que serán revocadas varias resoluciones del INCODER (el antes llamado INCORA).
 
Se trata de predios que inicialmente habían sido entregados a los campesinos, pero que luego debieron abandonar por amenazas de grupos armados ilegales; así, sus terrenos fueron readjudicados a terceros de manera fraudulenta.
 
Las resoluciones que revocaremos corresponden a áreas en Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia y Cesar, y el proceso será acompañado por organismos como la OEA y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.
 
De ahí aspiramos devolver más de 6.000 hectáreas para 220 familias campesinas.
 
Un segundo componente del plan de choque se refiere la formalización de la propiedad rural.
 
Con este buscamos titular 2.631 predios baldíos en manos de las entidades territoriales y formalizar la propiedad de otras 592 parcelas que están en el Fondo Nacional Agrario.
 
Aquí estamos hablando, en total, de 3.223 familias beneficiadas con más de 21.000 hectáreas de tierra para trabajar.
 
El tercer componente consiste en un plan de acción en conjunto entre la Dirección Nacional de Estupefacientes y el INCODER, que facilite la entrega y el recibo de los predios rurales en extinción de dominio.
 
La idea es que sean transferidos de forma definitiva al INCODER los predios con vocación agropecuaria, pesquera o forestal.
 
La meta de este componente es llegar, en una primera etapa, a disponer de unas 19.500 hectáreas para casi 1.300 familias.
 
El cuarto punto es el componente más amplio de este plan de choque, y es el que tiene que ver con nuestras minorías.
 
Nos hemos propuesto la constitución de 23 resguardos indígenas, tanto para aquellos que hoy habitan sus tierras sin título de propiedad como para quienes no las poseen hoy día por diferentes circunstancias.
 
Ampliaremos, además, otros 21 resguardos indígenas en los que la tierra actual es insuficiente para su desarrollo económico o para el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, o, incluso, porque en el resguardo no fueron incluidas la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.
 
También estamos comprometidos con reconocer el derecho de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en la cuenca del Pacífico; antes que se termine este primer plan de choque vamos a formalizar siete títulos colectivos para grupos en Chocó Valle del Cauca y Bolívar.
 
La población beneficiaria de estas minorías étnicas nos da un total de 21.600 familias negras e indígenas, a lo largo de 252.000 hectáreas, en varias regiones del país.
 
El quinto y último componente que quiero resaltar es un proyecto especial en la zona de los Montes de María –en donde estaremos mañana–.
 
Haremos un profundo diagnóstico de esta zona para recopilar información en todas las áreas posibles: biofísica, económica, social, ambiental, de tenencia de la tierra, presencia institucional y capacidad organizativa y de gestión de los actores rurales.
 
La idea es hacer de los Montes de María una zona de reserva campesina modelo, que –para este caso particular– beneficiará a más de 82.000 familias de una región tan afectada por la violencia.
 
Esto es, a grandes rasgos, el plan de choque; pero –les insisto– ¡apenas estamos hablando de la primera cuota de ese compromiso con las víctimas!
 
El acelerador real para la restitución se dará una vez el Congreso apruebe nuestras iniciativas.
 
Esta semana escuché en la radio que los campesinos, en los últimos 30 años, han sido desplazados de más de seis millones de hectáreas de tierra productiva, según un estudio de la comisión que hace seguimiento al fallo de la Corte Constitucional sobre desplazados.
 
Además del drama humanitario que eso implica, calculen ustedes los años de atraso que cargamos como un lastre, debido a esa tremenda improductividad en nuestros campos.
 
Supe de otros datos del mismo estudio, que incluye además una encuesta; dice que el 50 por ciento de los desplazados aceptaría retornar a sus predios si mejoran las condiciones de seguridad.
 
También asegura que dos terceras partes de los desplazados se sentían propietarios –al momento del despojo– a pesar de no tener formalizados sus derechos sobre la tierra; incluso, apenas el 9 por ciento de los desarraigados tenía escritura de propiedad.¡Eso es precisamente lo que queremos cambiar!
 
Por eso, los esfuerzos de todo este plan de choque están enfocados –justamente– en regiones que fueron objeto de desplazamiento masivo y en zonas donde, además, se está consolidando la presencia del Estado.
 
Haremos que el retorno de nuestros campesinos se haga en óptimas condiciones de seguridad, pero no sólo en materia de orden público; hablo también de seguridad jurídica, de manera que cada campesino tenga una garantía legal –¡un título!– que los acredite como dueños de la tierra que habitan y cultivan.
 
Por eso quiero que redefinamos el concepto de “consolidación”, que hasta ahora se ha entendido como la presencia del Estado (su fuerza pública e instituciones) en todo el territorio nacional.
 
A partir de ahora, deberíamos entender la “consolidación” de una zona o región cuando se titulen las propiedades de sus campesinos.
 
Como Gobierno debemos repetirnos cada día: “consolidar” significa “titular”, “consolidar” significa “titular”.
 
Ya dimos un primer paso, el pasado 3 de septiembre, cuando acordamos la entrega de 1.600 hectáreas en Simití (Bolívar), que habían sido despojadas por el paramilitar alias ‘Macaco’.
 
Esos predios serán administrados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y las tierras podrán ser trabajadas por 400 familias de la región, que se beneficiarán con su producción.
 
La idea es que se entreguen desde ya las miles de hectáreas en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, así como las recibidas por Acción Social a manera reparación a través de la Ley de Justicia y Paz.
 
Pasado el tiempo del plan de choque –y una vez el Congreso apruebe la Ley de Víctimas– el capítulo de restitución de tierras nos permitirá avanzar en otros objetivos.
 
Podremos, por ejemplo, obtener facultades para el uso de predios productivos incautados y vincularlos a programas de entrega de tierras; también la Ley dará pie a la elaboración de un sistema de información detallado sobre despojo –hasta el nivel predial– que permita identificar a los desarraigados.
 
En todo caso, los propietarios honestos, que han trabajado con dedicación y rectitud, pueden estar tranquilos.
 
Se ha dicho que esto se va a convertir en una cacería de brujas, ¡y eso no es cierto!
 
Para evitar suspicacias, precisamente, decidimos retirar –del capítulo de restitución– la mención que se hace sobre designar áreas globales de despojo.
 
Eso ya está conversado con el ministro Restrepo y los ponentes de la iniciativa, de manera que cada caso se estudiará por separado, predio por predio.
 
Desde aquí quiero hacerles un reconocimiento a los congresistas, quienes han entendido que éste es un propósito nacional, un interés superior de Colombia.
 
Los miembros del Partido de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical y del liberalismo han asumido esto como un compromiso patriótico.
 
¡El país espera que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estemos a la altura de este reto que no da más espera!¡Y así lo haremos!
 
Tengo la certeza de que los partidos y los parlamentarios seguirán debatiendo estas iniciativas con el rigor y la seriedad histórica que amerita el tema.
 
¡Todos entendemos que el bienestar de las víctimas no tiene color político!
 
El espíritu de los tres pilares es que las víctimas y los despojados puedan reconstruir sus proyectos de vida, con una atención integral que les dé bases sólidas para reintegrarse al aparato productivo.
 
Ésta es una de nuestras metas fundamentales –como nación unida– para encaminarnos hacia la paz de Colombia y dar el salto a la prosperidad.Así lo han entendido otros sectores, incluso medios de comunicación como la revista ‘Semana’.
 
Desde allí he sentido –además de una crítica ecuánime– un patriótico respaldo hacia esta iniciativa, que en definitiva sólo busca favorecer a los desplazados y otras víctimas de la violencia.
 
El país, en su mayoría, ha comprendido que devolverle la tierra al campesino –que sabe trabajarla con vocación y sudor– es una oportunidad para el desarrollo, para convertirnos en la gran despensa de un mundo que cada vez requiere más fuentes de alimentos.
 
Quiero agradecerle al ministro Juan Camilo Restrepo, quien ha demostrado carácter, determinación y entrega para liderar la restitución de tierras.
 
Me tranquiliza además que el INCODER esté dirigido por el doctor Juan Manuel Ospina, quien ya anunció investigaciones contra funcionarios que en el pasado habrían facilitado la adjudicación de títulos de manera irregular.
 
Como decía un poeta: “Estamos haciendo justicia a los hombres y mujeres del campo; a los presentes en la gestión de la vida, a los ausentes en la insensatez de la muerte”.
 
Ayúdenme a que, como país, hagamos justicia: Ustedes representan aquí a organizaciones de víctimas, partidos políticos, gremios económicos, centrales de trabajadores, organizaciones campesinas, entidades territoriales, académicos e instituciones públicas.
 
Unidos podemos devolverles el bienestar a millones de colombianos inocentes que padecieron la violencia.
 
Dije el 27 de septiembre que, para mí, habrá valido la pena ser Presidente de la República si tan solo este proyecto a favor de víctimas y desplazados se hace realidad.
 
Hoy voy más allá: creo que aprobar estas iniciativas, con la ayuda de ustedes –para pagar esa deuda moral con millones de colombianos–, se convertirá en el mayor logro de nuestras vidas.
 
Habiendo conseguido esto, podremos pararnos en frente de Dios y justificarle –con esta sola obra–, nuestro paso por el mundo.
 
Muchas gracias.

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