Corrupción: así se tiran la pelota

Las peleas entre el presidente Santos y el expresidente Uribe se han vuelto el pan de cada día. Ya a nadie sorprenden y por lo general no hay nada nuevo. Sin embargo, la de la semana pasada, a pesar de que era la repetición de las anteriores, tuvo una intensidad que la convirtió en noticia.

El presidente Santos dio el primer cañonazo. En el discurso que pronunció durante la posesión del nuevo procurador Fernando Carrillo hizo un extenso resumen de todas las medidas que había tomado su gobierno para combatir la corrupción. El listado era real, bastante impresionante e incluyó algunas medidas de mucho alcance como el cierre del Inco y el DAS.

No obstante, como le sucede a veces, Santos aprovechó para sacarse algunos clavos que tenía pendientes con su antecesor. Sin mencionar a los hijos ni al hermano de Uribe, aludió a ellos indirectamente al reiterar que ningún familiar de él había hecho negocios con el gobierno ni tenido enredos con la Justicia. A esto le agregó que ni uno solo de sus altos funcionarios ha sido acusado de corrupción.

Esas indirectas contra Uribe no fueron su único blanco. Santos también arremetió contra el exprocurador Alejandro Ordóñez con la frase “No le dio la importancia que tenía (a la Comisión Nacional de Moralización) y nunca asistía. Infortunadamente tenía intereses diferentes a los de ser un buen procurador”.

Las pullas del presidente fueron consideradas fuera de contexto por haber sido pronunciadas en un acto solemne como la posesión del nuevo procurador.

Haber esgrimido los resultados de su gobierno en la lucha contra la corrupción era lo apropiado, pero los dardos personales sobraban.

Como era de esperarse, Álvaro Uribe reaccionó como una fiera. Si hay algo que lo descontrole es que ataquen a sus hijos. Y después de la muerte de su exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego ha asumido como causa propia la defensa de su honra. Como en el ambiente creado por el escándalo de Odebrecht el papel de ese ministerio está en el centro de la polémica, fue enfático en que quedara limpio el nombre de su antiguo amigo.

El expresidente hizo público un comunicado en el cual después de hacer las defensas del caso procedió a hacer su propia enumeración de los logros de su gobierno en materia de anticorrupción. Sin embargo, como estaba cargado de tigre, se vino lanza en ristre contra Santos con mayor ferocidad de la que el presidente había mostrado pocos días antes.

El meollo del asunto era aclarar cómo había llegado a trabajar a su gobierno el viceministro Gabriel García, acusado de ser el receptor de los sobornos. Aclaró que se lo había recomendado la Cámara de Comercio de Cartagena sin que él lo conociera y que tenía una hoja de vida satisfactoria. Dejó claro que se sintió traicionado y que todo el peso de la ley debía caerle al funcionario.

Sin embargo, lo que le interesaba enviar como mensaje en el fondo era que el fallecido ministro Gallego no podía haber tenido nada que ver con ese negociado. En esto puede tener razón, pues todos los que conocieron de cerca a Gallego lo describen como un hombre austero. La conclusión de observadores independientes es que bajo su ministerio sí tuvieron lugar muchas irregularidades, pero no se ha podido probar que él estuviera directamente involucrado.

Uribe se extendió para explicar detalles de por qué durante su gobierno Glencore fue escogida como socia para hacer Reficar y por qué CB&I fue seleccionada para reemplazarla después de que Glencore se retiró y Ecopetrol compró su participación en el negocio por 549 millones de dólares. Como esa transacción fue cuestionada y los sobrecostos de esa refinería fueron del orden de 4.000 millones de dólares, el expresidente quería dejar claro que las decisiones se tomaron con criterios estrictamente técnicos.

El dossier de la defensa de su gestión sonaba convincente. Quedaba claro que en cada una de las etapas del proceso de Reficar habían participado varios funcionarios técnicos y empresas asesoras cuyas recomendaciones eran simplemente aprobadas por sus superiores. Esa interpretación correspondería con la del actual ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ha sostenido que en Reficar ha habido más incompetencia e improvisación que corrupción, aunque de esta también ha habido.

Los dos tienen en parte razón, pero hacen caso omiso de que la corrupción en Colombia no se presenta tanto a nivel directivo sino en etapas preliminares e intermedias, que si bien están fuera del control de los jefes, sí tienen con frecuencia el propósito de favorecer a alguien.

Uribe dejó claro que no le pueden echar toda el agua sucia del caso Reficar a él, pues el proyecto siguió adelante bajo la administración Santos desde 2010 sin que a nadie le importaran los sobrecostos hasta que los denunció el contralor. El expresidente repitió algunas de sus acusaciones de siempre, pero agregó una nueva que tenía una carga de profundidad: acusar a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez de favorecer a Gina Parody a través de la construcción de una carretera que llegaría cerca de un puerto propiedad de su familia. En concreto se trataba de una adición al contrato de Odebrecht de la Ruta del Sol, tramo dos: una transversal comprendida entre Ocaña en Norte de Santander y Gamarra. Según Uribe, ese tramo hubiera necesitado licitación pública y un contrato independiente.

Sobre ese tema Cecilia Álvarez ha hecho algunas aclaraciones pertinentes. En primer lugar, que esa carretera se convirtió en una prioridad con motivo de la ola invernal de 2010 y que ese proyecto se le presentó al entonces ministro de Transporte, Germán Cardona. Este le dio instrucciones al Invías para que lo estudiara e hiciera un convenio con el Fondo de Adaptación para que el Invías financiara los estudios.

En junio de 2012 Odebrecht solicitó que se integrara ese tramo al contrato de la Ruta del Sol. En ese entonces, Cardona había sido reemplazado en el Ministerio de Transporte por Miguel Peñaloza, quien aceptó la sugerencia. Cuando Cecilia Álvarez llegó al ministerio el proyecto estaba definido, pero no firmado. Ella se había declarado impedida en todo lo que tuviera que ver con puertos en razón de su relación con Gina Parody. La recomendación final en materia técnica y la firma del contrato quedó entonces en manos de la ANI, entidad que tiene un comité de contratación en el que no participa el ministro. La viabilidad financiera estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda.

De todo lo anterior queda claro que las acusaciones de lado y lado por lo general han sido exageradas. El presidente Santos y el expresidente Uribe son personas íntegras, que no asocian el ejercicio del poder con el enriquecimiento personal. Sin embargo, en el entorno de Álvaro Uribe se han presentado varios escándalos. Unos han tenido sabor político y otros no. Algunas de las condenas que han recibido altos funcionarios de su gobierno han sido exageradas y otras muy justificadas. Por ejemplo, dos jefes de seguridad del expresidente están hoy en la cárcel por nexos con el narcotráfico.

El presidente Santos tiene razón en aclarar que en su gobierno no ha sucedido nada parecido, pero es arriesgado y apresurado poner la mano en el fuego por la totalidad de la burocracia. En todo caso no hay duda de que con estas peleas es inexacto decir que nadie gana. Cuando el establecimiento se debilita de esa forma por rencillas internas siempre hay un ganador: el populismo.