Miércoles, 18 de enero de 2017

| 1982/11/15 00:00

DISOLVIENDO LO INDISOLUBLE

Las medidas contra el sindicato Solidaridad amplian la brecha entre la iglesia y Jaruzelsky

DISOLVIENDO LO INDISOLUBLE

Solidaridad, primer sindicato independiente en la historia de los países de Europa del Este, suspendido el trece de diciembre después del golpe del general Jaruzelski, ha dejado de existir legalmente en Polonia.
Esta decisión, tomada por el buró político del Partido Comunista polaco (POUP), el 5 de octubre y presentada cuatro días después ante los diputados para ser ratificada, prevé que "el registro de todos los sindicatos efectuado antes de la entrada en vigor (de ese texto) no es válido". Volviendo a la ortodoxia que caracterizó al régimen hasta agosto de 1980, el gobierno ha previsto una serie de disposiciones tendientes a reconstruir a su manera la estructura sindical, pero descarta la misma idea de pluralismo.
La medida desató el 13 de octubre huelgas de protesta en los astilleros Lenin de Gdansk y en la acería de Nowa Huta en Cracovia, la mayor fábrica del país, generando en esta última localidad choques de varias horas con la policía que dejaron un muerto--un joven de 20 años--y varios heridos, según admitió la agencia oficial polaca PAP.
Los nuevos sindicatos, que según la ley serán creados después del 31 de diciembre de 1983, podrán escoger su nombre únicamente según la región geográfica o la actividad profesional. Ninguna estructura nacional será tolerada antes de un año y las federaciones intersindicales podrán formarse sólamente a partir de diciembre de 1984. Para crear un sindicato, los obreroso empleados tendrán que presentar los estatutos en los que deberá figurar el respeto a la Constitución, a la propiedad estatal de los medios de producción, a las alianzas exteriores de Polonia, al sistema socialista y al papel dirigente del POUP "en la construcción del socialismo".
La nueva ley estipula que los sindicatos podrán autoadministrarse y ser autónomos con respecto a la administración pero dependerán políticamente del POUP .
El derecho de huelga es mantenido. Sin embargo, los límites impuestos a su utilización lo anulan prácticamente. En caso de conflicto social, el sindicató y la dirección tendrán, obligatoriamente, que negociar. En caso de fracaso, las dos partes exigirán la apertura de un período conciliatorio. Si después de 7 días de negociación el desacuerdo no ha sido resuelto, el Tribunal Supremo de Polonia nombrará una comisión para tomar la decisión definitiva. Entretanto, el trabajo no podrá cesar. La nueva legislación excluye, por otra parte, las huelgas "políticas" o los paros de solidaridad con otros trabajadores en huelga. De la misma manera, el parlamento se ha reservado la facultad de suspender el derecho de huelga en "períodos excepcionales justificados por el estado crítico de la economía" .
Las autoridades pueden anular igualmente el registro de un sindicato si éste se "consagra a actividades contrarias a los intereses de Polonia, apoya tales actividades o establece relaciones con organizaciones polacas o extranjeras que obren contra los intereses de la República Popular de Polonia".
Los trabajadores de las industrias de producción y distribución de productos alimenticios, los empleados encargados del mantenimiento de los oleoductos, gasoductos, hospitales, bancos y aparato judicial, así como los militares, policías, guardianes de las cárceles, empleados de la radio y de la televisión (salvo los periodistas) y el personal que trabaja en las comunicaciones internacionales, han sido privados del derecho de huelga.
Para completar su arsenal jurídico, la burocracia polaca ha prohibido los piquetes de huelga y otorgado a los tribunales la posibilidad de exigir el cambio de dirigentes sindicales. Para los contraventores de cualquier aspecto de la nueva legislación laboral, han previsto una pena de un año de cárcel o cincuenta mil zlotys .
Esta legislación, votada en detrimento de los compromisos firmados por las autoridades desde el 13 de diciembre podría incitar al general Jaruzelsky a "levantar" el estado de guerra; encuyo caso, la ley marcial sería reemplazada por los poderes excepcionales que el general reclama desde el 28 de noviembre pasado.
Por ahora la disolución de Solidaridad hacreado una viva tensión entre los dirigentes comunistas y el episcopado polaco. En efecto, reconociendo que la iglesia católica juega un papel importante en la "reconstrucción de la concordia nacional" Jaruzelsky lanzó una seria advertencia: "Sería bueno tener en cuenta que no existen otros países en donde la iglesia se beneficie de condiciones tan favorables para sus actividades".
La estrategia de las autoridades parece clara: neutralizar a la iglesia y obtener su "discreción" a cambio de la visita que el Papa efectuaría a Polonia y cuya negociación se encuentra actualmente bloqueada.
Respondiendo a la inquietud de los polacos, monseñor Glemp afirmó que la iglesia no ha retrocedido y recordó las reivindicaciones indispensables y previas para todo diálogo: liberación de Lech Walesa, restablecimiento de las actividades sindicales, liberación y amnistía para todos los detenidos.
La actitud de la iglesia y la voluntad expresada por Solidaridad de no renunciar a sus aspiraciones (ver recuadro) muestran el aislamiento total en que se encuentra el gobierno. La militarización impuesta a los astilleros Lenin, el 12 de octubre, que en la práctica asimila los trabajadores al estatuto de soldados y los castigos previstos en caso de insubordinación--que puede llegar hasta la pena de muerte--pone de manifiesto los métodos a los que tiene que recurrir el gobierno polaco para imponer una "normalización" que el pueblo rechaza abiertamente desde hace dos años.
José Hernández (Corresponsal de SEMANA en Europa)

CRITICAS DE LA OIT
Las disposiciones laborales de la dieta polaca, que incluyeron la disolución del sindicato "Solidaridad", han sido criticadas por el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Francis Blanchard. En declaraciones formuladas en Ginebra, Blanchard explicó que "la disolución de todas las organizaciones gremiales polacas, cancela las asociaciones de trabajadores sin necesidad de juicio previo y estos organismos no tienen derecho de apelar la decisión".
En conferencia de prensa, el funcionario precisó que las actuales autoridades polacas presentaron a la OIT un borrador de la nueva disposición antes de elevarla al parlamento. Desmintió además una declaración de Jersey Urban, vocero del gobierno polaco, quien dijo que la OIT nada tenía que objetar a la nueva ley.
Blanchard declaró además que su oficina había enviado un mensaje a las autoridades de Varsovia reiterando la opinión negativa de la OIT sobre la disolución de los sindicatos, agregando que su misiva pedía el cese de los arrestos y la vigencia de la ley marcial. El único aspecto "positivo" que el director de la OIT le reconoció a la nueva legislación laboral polaca es el hecho de que, según dispone la norma, tras un período de transición 1983-1985, existiría una confederación de sindicatos, como establece la convención de la OIT.

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