Disparar o no disparar

Rafael Nieto Loaiza y Gustavo Gallón son dos gallos finos de pelea. Son dos juristas muy respetados en el país. Ambos expertos en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Como buenos abogados, dicen que las normas son objetivas. Sin embargo, son como el agua y el aceite. Nieto Loaiza, columnista de SEMANA, es percibido como uno de los cerebros de la derecha. Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, es considerado un hombre de izquierda. Divergen en casi todo. Esta vez han casado un debate de muchas implicaciones para el país.

Todo empezó hace dos semanas, cuando Rafael Nieto Loaiza publicó en SEMANA una controvertida columna titulada 'Derecho a la defensa'. En ella, Nieto comenta el ataque que hace tres semanas hicieron las Farc en Tierradentro, Córdoba. A su juicio, los policías se inmolaron creyendo que no podían disparar contra las casas del pueblo en las que se habían apostado los guerrilleros de las Farc, en lo que Nieto considera una interpretación equivocada del derecho internacional humanitario. "Cuando las Farc usan bienes civiles para realizar los ataques, no sólo violan el DIH sino que hacen que pierdan su inmunidad, dejen de ser protegidos y se conviertan en blanco legítimo", escribió. Luego de que recibiera insultos, reclamos, y argumentos a favor y en contra a la columna, Nieto Loaiza se ratificó en una segunda columna, y precisó algunas de sus afirmaciones.

Entonces Gallón escribió una pastoral a esta revista, para rebatir los argumentos del columnista. Dice Gallón que Nieto reivindica el derecho a la legítima defensa, pero olvida el principio de no reciprocidad, es decir, que "las infracciones de la guerrilla contra los bienes civiles no habilitan a los militares y policías a violar también la inmunidad de esos bienes civiles". Al finalizar su misiva, Gallón dice que "en ejercicio de la libertad de expresión se podría estar promoviendo en este caso, quizá inadvertidamente, crímenes de guerra y de lesa humanidad". Y le pide una rectificación al columnista.

El asunto es delicado y de alto turmequé jurídico. SEMANA entrevistó a varios especialistas en el tema, para enriquecer este debate, tan delicado como difícil.

¿Quién tiene la razón?

Para empezar, hay que aclarar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) está hecho para la guerra. Pretende ser realista, pues parte de la base de que la guerra es una actividad humana, horrorosa pero inevitable. Admite, por ejemplo, que es legítimo matarse en medio de la confrontación, pero con ciertas reglas del juego.

Los dos pilares sobre los que se basa el derecho humanitario para regular la guerra son buscar un equilibrio entre la lógica militar y la protección humanitaria. Es decir, el DIH admite que en una confrontación es inevitable que los ejércitos causen muertes y daños, pero busca que sea el mínimo posible. En pocas palabras, es un marco jurídico que legitima la doctrina del 'mal menor'.

Estas reglas del juego tienen cuatro principios. Distinción, que obliga a diferenciar a los combatientes de los no combatientes. Proporcionalidad, que habla de usar sólo la fuerza necesaria para ganar una ventaja sobre otro. Precaución, que trata de que se tomen las medidas necesarias para evitar un daño excesivo. Y, por último, la prohibición de causar daños innecesarios al bando enemigo. Este último, según explica Raoul Bittel, jefe adjunto del Cicr en Colombia, "sólo es aplicable a los combatientes, porque a los civiles no se les puede infligir intencionalmente ningún daño", dice.

Los principios son genéricos, pero el mundo real no. En la práctica hay muchas zonas grises que tienen que resolver quienes están en el campo de batalla. Rafael Nieto Loaiza argumenta que los policías, si se trata de defenderse, pueden atacar las casas de los civiles, si desde allí están siendo agredidos. "Pero el columnista nunca menciona si los dueños de esas casas están adentro o no. Esa no parece ser preocupación de Nieto, lo cual muestra su talante" ,dice Nelson Socha, abogado experto en derechos humanos de la Corporación Viva la Ciudadanía. A esa afirmación también responde Gallón con un ejemplo. "Por esta vía se justificaría el execrable ataque de las Farc a la iglesia de Bojayá, donde se parapetaron los paramilitares el 2 de mayo de 2002 y murieron masacrados 119 civiles, incluidos 45 niños y niñas", dice. Ejemplo que Nieto refuta invocando otro principio, el de proporcionalidad, según el cual "una acción militar es proporcional cuando no causa víctimas ni daños civiles excesivos en relación con la ventaja militar esperada". Esta norma, en la práctica, admite los daños colaterales. Es justamente esta norma la que han aprovechado gobiernos para hacer ataques indiscriminados como los bombardeos de la Otan en Kosovo, que para muchos fueron verdaderos crímenes de guerra, o del más reciente ataque de Israel contra Hezbolá, que llevó a la destrucción de Beirut.

Aunque en términos estrictamente jurídicos Nieto puede tener la razón, la guerra es un asunto político, y el bien en disputa es la legitimidad. Por eso, el DIH no es la única consideración que los militares y los policías tienen al momento de disparar. "Recientemente fue abortada una operación contra un destacado cabecilla de la guerrilla porque los militares escucharon el llanto de un niño" , dice un oficial de las Fuerzas Armadas, quien también reconoce que muchos ataques se han frenado para evitar que caigan en ellos secuestrados. La Fuerza Aérea, por ejemplo, apenas realiza cuatro de cada 10 operaciones planeadas, porque en las seis restantes los daños sobre los civiles, aunque el DIH los considere "colaterales", pueden generar consecuencias judiciales y políticas graves para el Estado. Tanto es el cuidado que hoy por hoy se tiene en esta materia, que la Fuerza Aérea tiene equipos especiales para disparar tiro a tiro y no en ráfaga como ha sido usual.

De hecho, en la toma de Tierradentro, la propia Policía les avisó a los pobladores sobre la inminencia de la toma guerrillera y los hizo salir de las casas cercanas a la estación de Policía. Los techos llenos de balas y esquirlas son testimonio de que de no haber sido porque los agentes cumplieron con el principio de precaución del DIH, muchos civiles habrían muerto. También evitaron daños mayores al abstenerse de disparar contra las casas de los civiles.

¿Ignoraron el DIH? Posiblemente. Pero demostraron que tenían claro que en la guerra insurgente, la disputa es por la legitimidad. Si el precio de salvar sus vidas hubiese sido disparar contra civiles, seguramente la mayoría de los 17 agentes estarían vivos, pero el Estado habría sufrido una derrota tremenda en su legitimidad.

Por eso el equilibro que se logre entre la necesidad militar y la humanidad revela también la conciencia moral de quienes hacen la guerra, que es por definición el más inmoral de los actos humanos.

Los policías de Tierradentro se habrán rajado en DIH. Pero demostraron que tenían claro los valores que estaban defendiendo. Y se inmolaron por ellos y, en ese sentido, pueden ser considerados unos héroes.