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| 5/16/2014 12:00:00 AM

"Consejo de Estado debe pronunciarse urgente sobre situación del POT"

Así lo dijo la veedora Distrital, quien afirma que hay incertidumbre jurídica en la suspensión provisional del POT.

Después de que el pasado mes de abril, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, expedido por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, varios sectores involucrados hablaron sobre los pros y contras de la medida. Esta vez, el pronunciamiento lo hizo la  veedora Distrital, Adriana Córdoba Alvarado, quien le pide a la Secretaría de Planeación asumir su responsabilidad en cuanto a la expedición de licencias.

“El problema para curadores y ciudadanos está en que aún no hay una orientación clara, por parte de la autoridad de planeación distrital, es decir, por parte de la Secretaria Distrital de Planeación”, advirtió Córdoba.

Los puntos en los que hay falencias en la orientación son: cómo proceder con las licencias en trámite que se presentaron, en debida forma, durante la vigencia de la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial del 2013. Además, cómo proceder con las aproximadamente 380 licencias expedidas entre agosto de 2013 y abril de 2014, periodo en que estuvo en vigencia el Decreto 364 de 2013, cuando soliciten modificaciones.

“La duda es, bajo qué norma se revisan, puesto que fueron expedidas con una norma que era vigente, pero que hoy se encuentra suspendida”, explicó la veedora Distrital.

Hasta la fecha, hay dos interpretaciones y mientras no haya un pronunciamiento de fondo por parte del Consejo de Estado o aclare el alcance de la suspensión, es la Secretaria de Planeación Distrital la encargada de orientar la aplicación de las normas urbanas en el Distrito.

El problema es de interpretación. Por el lado del Distrito, se conoce que la Dirección Jurídica de la Alcaldía considera que los efectos de la suspensión temporal son a partir de la expedición del acto de suspensión, es decir, el 3 de abril de 2014 y por ende, el estudio de modificaciones a licencias expedidas durante la vigencia del POT del 2013, deben realizarse bajo el Decreto 364. Mientras que el Ministerio de Vivienda considera que la suspensión temporal del POT lo hace inaplicable desde el momento mismo de su adopción en agosto 26 de 2013.

Las dos entidades coinciden en la norma bajo la cual deben estudiarse las licencias solicitadas con posterior al acto de suspensión temporal, pues dicen, se aplica el Decreto 190 de 2004.

La veedora considera que es urgente que se expida la directriz oficial por parte del Distrito. “La falta de claridad normativa propicia la ilegalidad en la construcción y dificulta el control que ejercen las entidades del distrito y las alcaldías locales, además de desincentivar la pequeña o gran actividad constructora”, señaló Adriana Córdoba.

Sin embargo, las leyes parecen quedarse cortas en este caso, ya que aún no existen antecedentes jurídicos aplicables a la situación de suspensión del POT. “Existen antecedentes jurídicos sobre suspensión de normas laborales o de comunicaciones, pero no jurisprudencia sobre suspensión de normas urbanas, ni por las razones de vicio de forma que dieron origen a la suspensión de POT”, añadió.

La petición del organismo de control es clave. La veedora le pidió al Consejo de Estado dar alcance e interpretación legal a su decisión para orientar, ¿qué se hace con las licencias que están en trámite y que fueron presentadas debidamente bajo la vigencia del POT del 2013 y, ¿qué pasa con las solicitudes de modificación, sobre las licencias ya aprobadas bajo la vigencia del la MEPOT?, qué norma se les debe aplicar?

Por su parte, la Administración Distrital dice que la suspensión del POT hace peligrar las metas de la Bogotá Humana, según la veedora, la información de los curadores demuestra lo contrario. “Hasta ahora se han generado muy pocas cargas en las licencias expedidas, que era uno de los pilares de las propuestas de la Bogotá Humana. Se presentaron solo cinco licencias con cargas y solo una se expidió”, expuso Córdoba.

Cabe recordar que, antes de que el Alcalde decidiera adoptar por decreto el POT, la Veeduría presentó un informe en donde se evidenciaba que las metas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, asociadas a temas de ordenamiento territorial, podían ser implementadas con reglamentación o desarrollos del Decreto 190 POT del 2004.

En el estudio que realiza la Veeduría sobre la situación actual, es claro que la norma aplicable para nuevas solicitudes de licencia a partir de abril, fecha en que quedó suspendida por el Consejo de Estado el POT del 2013, es el POT del 2004 y por lo tanto no es posible seguir aplicando los decretos reglamentarios de la MEPOT del 2013 (como el que definía el cumplimiento de obligaciones en vivienda de interés prioritaria).

Para dejar a un lado la incertidumbre que tienen, los sectores involucrados en el POT y los ciudadanos en general, es necesario un pronunciamiento urgente del Consejo de Estado. Esto, para precisar de manera definitiva el alcance de una suspensión provisional de un acto general, que se concreta en actos particulares, principalmente cuando no existen antecedentes jurisprudenciales exactamente aplicables.
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