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| 8/26/2017 10:15:00 PM

Consulta antitaurina: el problema es de plata

Desde hace tres semanas el Distrito y la Nación se están botando la pelota de quién paga esa movilización ciudadana.

Los antitaurinos estaban listos para sufragar por su causa en una consulta popular, pero se quedaron con los crespos hechos. La votación debía hacerse a comienzos de agosto, pero se enredó en medio de discusiones políticas y de presupuesto. Ni la Alcaldía, ni el Ministerio de Hacienda saben de dónde deben salir los 45.000 millones que cuesta preguntarles a los bogotanos si se debe seguir o no con las corridas de toros.

En mayo de este año, la Corte Constitucional ordenó realizar la consulta antitaurina que el Consejo de Estado le había tumbado a Gustavo Petro en 2015. Inmediatamente la Alcaldía Mayor, por boca del secretario de Gobierno, Miguel Uribe, anunció que se realizaría el 13 de agosto, tres meses después de que la corte la declaró obligatoria. “Ese día, los bogotanos decidirán qué hacer con la Plaza de Santamaría”, dijo.

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Sin embargo, semanas después la misma administración distrital interpuso una tutela para aplazar la consulta por falta de presupuesto. Pero la corte se la negó y dejó a la Alcaldía con la responsabilidad de organizar los comicios en la fecha establecida. Al final todo el mundo pasó de agache y la consulta no se realizó porque, argumentando estrechez presupuestal, la Alcaldía dijo que no tiene plata.

Por su parte el registrador, Juan Carlos Galindo, asegura que para realizar la votación necesita saber de dónde saldrán los recursos para convocar a los 5.648.390 ciudadanos habilitados para votar. La Alcaldía buscó que el Ministerio de Hacienda desembolsara los recursos, pero se encontró con una negativa, pues a nivel nacional tampoco hay de dónde sacar la plata. Ninguna autoridad se volvió a pronunciar, y la consulta quedó en el limbo.

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El tire y afloje por la plata tuvo consecuencias políticas. Los antitaurinos pidieron que, por razones de economía fiscal, la consulta se realice el mismo día de las elecciones a Congreso. Detrás de esa petición está la posibilidad de lograr el umbral de 1.882.000 votos necesarios para que sea válida. Mientras en agosto era improbable que tanta gente saliera a las urnas por un tema tan puntual, en las elecciones a Congreso votan más de un millón de bogotanos.

La Nación ha financiado otras consultas populares realizadas recientemente. Es el caso de las mineras que han recibido subsidios del gobierno nacional o del presupuesto de la Registraduría. Dos razones explican que, en ese caso, los municipios no hayan tenido que desembolsar la plata. En primer lugar, las cabeceras de Cajamarca o Pijao, donde ya se realizaron estas consultas, no tienen la capacidad de pagarlas. Por otra parte, a diferencia de la consulta antitaurina de Bogotá, todas las consultas mineras realizadas son de resultado vinculante y obligatorio.

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Por ser la ciudad con mayor presupuesto y haberla pedido, en el ministerio se asume que Bogotá puede pagarla con recursos propios. Algunos funcionarios de la administración distrital consideran que más que la falta de plata, el problema de que la ciudad financie la consulta es que se sentaría un precedente para que todos los municipios tengan que hacer lo mismo de ahora en adelante. Y es claro que la mayoría no tiene presupuesto para costear este tipo de iniciativas.

De otra parte, si Bogotá paga la consulta antitaurina con recursos propios, cabe la posibilidad de que los municipios tengan que asumir también los costos de las revocatorias de sus alcaldes. Una situación compleja si se considera que en la actualidad están marchando 133 solicitudes de revocatoria que costarían más de 100.000 millones de pesos.

Desde 2011 se han realizado más de 30 consultas sobre temas mineros y de infraestructura. Independientemente de si la consulta antitaurina es pedagógica y no vinculante como las anteriores, y si esta va a motivar la asistencia de los bogotanos a las urnas, las razones financieras no deben ser argumento para que las autoridades pospongan decisiones que tienen que ver con la democracia participativa.

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