Así quieren acabar con los antiguos desmanes en las UPJ

En abril del 2016 la UPJ de la localidad de Puente Aranda estuvo en el centro de una fuerte  polémica por cuenta de las condiciones deplorables en las que eran mantenidos los conducidos y que eran llevados allí por protagonizar contravenciones, riñas, ruido o por estar en un alto estado de excitación.

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En esa oportunidad los medios de comunicación divulgaron un video en el que quedó en evidencia cómo las personas eran obligadas por agentes de Policía a desnudarse a altas horas de la madrugada y bajo el frío capitalino.

También quedó en evidencia que eran obligados a hacer cuclillas con el objetivo de que expulsaran cualquier arma, estupefaciente o elemento extraño. Algunos familiares incluso denunciaron golpizas.

Meses atrás la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo habían advertido también sobre el hacinamiento de esa UPJ y otros sitios similares. Esas y otras anomalías obligaron a las autoridades a reformularlar los procedimientos de quienes eran conducidos.

Esa polémica UPJ fue transformada para darle paso a un modelo que da prioridad a los derechos humanos de quienes llegan allí por contravenciones y además se pone en la línea del nuevo Código de Policía, ya que responde al modelo de justicia restaurativa.

“Esta es una nueva forma para trasladar a las personas que se encuentran en gran excitación o que han cometido alguna contravención como una medida de protección”, dijo el secretario de Seguridad, Daniel Mejía.    

El nuevo centro fue remodelado en su estructura, cuya reparación tuvo una inversión de 800 millones de pesos que fueron invertidos en la puesta en funcionamiento de cámaras y un detector de metales, elementos que estaban fuera de servicio y que no permitían que las condiciones mejoraran.  

Además contará con una oficina de atención al ciudadano para que los familiares de los conducidos puedan preguntar por ellos, se adecuaron computadores para que los registros de ingreso y salida no se hagan a mano.

El comandante operativo de Bogotá, coronel Dairo Puentes Bedoya, aseguró que “fueron capacitados 45 policías en derechos humanos, altos mandos, patrulleros y oficiales para el buen trato”.