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| 9/6/2011 4:00:00 PM

División frente a cadena perpetua para violadores de menores

El proyecto de referendo que pretende consultarle al pueblo si aprueba este castigo para quienes atenten contra menores está a punto de hundirse en el Congreso. Los partidos políticos no se ponen de acuerdo.

La suerte del referendo de cadena perpetua es cada vez más incierta en el Congreso. Todos los partidos políticos dividieron sus opiniones frente a la iniciativa que pretende castigar “hasta” con esta pena máxima a quienes atenten contra los derechos fundamentales de los menores de edad.
 
Dos ponencias piden hundir el proyecto. Una es del liberal Pablo Enrique Salamanca y en la segunda coinciden Humprey Roa (P. Conservador) y Germán Navas Talero (Polo). Alfonso Prada (P. Verde) es el autor de la única ponencia que pide a la Comisión Primera de la Cámara aprobar esta iniciativa.
 
El debate se produjo el mismo día en que la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, rechazó la cadena perpetua como fórmula de persuasión para evitar delitos contra niños y niñas. Según Morales, establecer la cadena perpetua va “en contravía de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales”.
 
Los congresistas Humprey Roa, Germán Navas y Pablo Salamanca coincidieron en que la pena de 60 años de prisión, consagrada en el código penal para delitos contra menores, es suficiente castigo. Y además coincidieron en que la pena máxima no es la forma más efectiva para evitar la práctica de estos delitos.
 
Prada consideró que el mecanismo de referendo, para consultar a los colombianos si se debe establecer la cadena perpetua para este tipo de conductas, es el mecanismo más democrático. Y que la ausencia de política criminal del Estado obliga a establecer este tipo de sanciones para castigar a quienes vulneren los derechos fundamentales de los menores, que, según la Constitución colombiana, deben prevalecer.
 
La senadora Gilma Jiménez (P. Verde), principal promotora del referendo, al percatarse de que el proyecto no cuenta con pleno respaldo político, recurrió al presidente de la Cámara, Simón Gaviria (P. Liberal), quien pidió a la Comisión Primera que se apruebe la iniciativa.
 
El argumento de Gaviria es que la cadena perpetua lo que pretende es aislar de la sociedad a los violadores de menores, al señalar que quienes tienen antecedentes en esta conducta difícilmente se pueden resocializar.
 
En el debate hubo algunos dardos a Jiménez. Por ejemplo, Roa y Salamanca insinuaron que la senadora del Partido Verde utilizaba el discurso de la protección de los derechos de niños y niñas como bandera política. “La senadora de los niños es una forma inoportuna de autodenominarse”, dijo Salamanca, mientras Roa afirmó que "a quienes estamos en contra de la cadena perpetua nos señalan de estar a favor de los violadores y en contra de los niños”.
 
El presidente del partido de La U, Juan Lozano, también se hizo presente en el debate. Y aunque en su partido hay mayoría de parlamentarios inclinados en hundir la iniciativa, Lozano pidió a su bancada que lo aprobara con el argumento de que el referendo es una práctica democrática y que los colombianos deberían tener la oportunidad de decidir. “Los dos millones de colombianos que firmaron este proyecto verían que su opinión no es tenida en cuenta por el Congreso de la República”, dijo Lozano.
 
El proyecto, respaldado por algo más de dos millones de firmas, pretende que se le consulte al pueblo colombiano si quiere que la Constitución contemple “hasta” la cadena perpetua como castigo para quien atente contra menores.
 
Quienes están en contra del referendo, además, aseguran que este mecanismo significa un costo de algo más de 138.000 millones de pesos. “Eso es tres veces más que el desfalco de los Nule en Bogotá”, dijo Humptey Roa.
 
El proyecto de referendo debería ser votado este martes en su tercer debate. Gilma Jiménez pidió aplazar la votación, pues consideró que no había plenas garantías. Los detractores del proyecto compartieron la postura y pidieron que antes del debate algún miembro del Consejo Superior de política criminal, y la fiscal general de la nación explicaran sus posturas ante la Comisión Primera. La votación fue aplazada para el próximo martes 13 de septiembre.
 
Promotores estudian ‘plan B’
 
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, reveló que los promotores del referendo ya alistan un ‘plan B’ en caso que el Congreso archive la medida.
 
Se trata de un proyecto de ley denominado ‘Espacios Seguros’, que pretende establecer restricciones laborales para las personas que tengan antecedentes de violación o abuso de menores. El proyecto, por ejemplo, les impediría desarrollar oficios que tuvieran contacto con menores de edad, como pediatras, profesores, recreacionistas, etc.
 
Ese proyecto, además, crearía un registro público de quienes hayan incurrido en actos violentos contra los menores.
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