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| 5/19/2017 2:31:00 PM

A la casa, implicados en el "mercado negro" de datos de la Fiscalía

De los seis capturados cinco obtuvieron detención domiciliaria. Solo fue a la cárcel el señalado 'cerebro', Luis Alberto Jimenez Ospina, quien tenía acceso a los sistemas de la Fiscalía. Vendía hasta la información de acceso público.

La semana pasada, la captura de seis implicados en el tráfico de información de la Fiscalía a través de un funcionario del CTI llevó a que la ‘cacería‘ de casos de corrupción al interior del ente investigador alcanzara las 34 personas. Sin embargo, dos de los cargos con los que la Fiscalía presentó el "caso Mayor" ante la justicia se cayeron y en consecuencia cinco de los detenidos afrontarán el proceso en detención domiciliaria.

Por no estar suficientemente probados, el juez 61 de Control de Garantías echó para abajo los delitos de concierto para delinquir y fraude procesal. Sin negar la gravedad de las conductas imputadas, consideró que no se había demostrado que hicieran parte de una organización criminal ni tampoco que el protagonista del "mercado negro" de información en la Fiscalía tuviera las credenciales necesarias para modificar el sistema, un acto que solo puede ser ejecutado por altos mandos.

Los implicados, en consecuencia, no responderán como miembros de una red de traficantes de datos originada dentro del ente investigador, sino como implicados en un negocio particular de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que llegó a cobrar hasta por documentos que eran de acceso legal.


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Desde el comienzo de la audiencia, el fiscal 21 de la seccional del eje temático de corrupción a la administración de justicia colgó una manta en la pared con la imagen de los diferentes rostros de los inculpados; todos estaban dispuestos alrededor Luis Alberto Jimenez Ospina, mejor conocido como ‘el Mayor‘.

El exoficial del Ejército y miembro del Cuerpo Ténico de Investigación (CTI) construyó -dice la Fiscalía- un "mercado de negro" con información que obtenía aprovechando el acceso a la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA).

Categorizaba a sus clientes según la relevancia, la urgencia y la dificultad para obtener la información. Y de acuerdo con ello, establecía todo un sistema de cobros que iba desde los $ 100.000 hasta los 2 millones de pesos. Algunos de los precios los habría fijado al lado de Pablo Emilio Chavarría Martínez, colega suyo en el CTI también detenido.

De acuerdo con la investigación realizada a través de llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía 41 de la Unidad Antinarcóticos al "mayor" Ospina, que van desde marzo de 2014 hasta mayo de 2017, los implicados habrían pagado en efectivo o a través de giros por información como consulta de antecedentes judiciales, obtener tarjetas dactilares o borrar anotaciones en sus expedientes.

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Para el juez de control de garantías, de la estructura entregada por la Fiscalía se desprende que los cinco implicados tenían relación con "el mayor" de manera directa y no como una red, lo cual no generaba una organización con roles claramente definidos como sucede en una asociación delictiva.

En el negocio manejado por el "mayor" podrían además existir dos categorías de imputados. Unos primeros que pagaron altas sumas de dinero por una información que posiblemente habría podido ser usada para revender y otros que pagaron precios mucho menores por datos que incluso habrían podido obtener de manera legal. Este es el caso de uno de los detenidos que pagó 50.000 pesos por unas referencias aparentemente personales.

Aunque aún persiste el interrogante de a dónde iba a parar esta información, el juez tuvo en cuenta la gravedad alrededor de la violación de los protocolos de acceso a información de carácter estatal, lo que atenta contra la confianza pública en la institución por lo que merece un castigo ejemplar y envió a la cárcel al "mayor". Además, indicó que con el despliegue de las llamadas obtenidas por escuchas telefónicas, el Fiscal demostró claros indicios de que hubiera existido un interés de lucro detrás de estos escenarios.

Además de entregar información a particulares, Ospina también habría generado falsos documentos que vendió como oficiales. Para manipular esta información Jímenez Ospina habría usado las claves de varios funcionarios de la organización, incluida la de sus jefes.

Luis Hernando Medina, abogado defensor de uno de los implicados, alegó que estas "cruzadas" anticorrupción siempre comienzan "por los pequeños, los que no tienen oportunidad para defenderse”.

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Estas detenciones se suman a otras, como la de 16 funcionarios del CTI en Nariño por su supuesta relación con el narcotraficante José Feliciano Góngora Solis, alias ‘Chano Góngora‘ o la de otro fiscal quien también fue capturado por exigir dinero a un concejal de Villeta para librarlo de una investigación en su contra por supuestos apoyos a paramilitares.

En rueda de prensa, la vicefiscal María Paulina Riveros destacó el caso de la venta de información como uno de los claves en el empeño por castigar conductas que atenten contra la institución. Sin embargo, el caso sufrió un traspiés y pese a la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a la cárcel, no serán proceados como miembros de una estructura criminal sino como el caso alrededor de un funcionario que usó su puesto para hacer negocios ilegales de tipo personal.

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