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| 8/27/2011 12:00:00 AM

¿Dónde está el torcido?

El terremoto político que causó la Registraduría al invalidar dos candidaturas por firmas a la Alcaldía de Cali puso el dedo en la llaga sobre las amenazas de corrupción y delitos electorales en estas elecciones.

La campaña electoral para las elecciones de octubre, que ya se siente en todo el país, tuvo su escenario más caliente en Cali, la semana pasada. La Registraduría invalidó las firmas que presentaron dos candidatos, Rodrigo Guerrero y Susana Correa, en momentos en que aparecían las primeras encuestas en las que Guerrero figuraba en primer lugar. Los candidatos afectados y quienes los apoyan -entre los que se cuentan los más simbólicos y representativos sectores del establecimiento caleño- salieron voz en cuello a denunciar una trampa de sus rivales -algunos asociados a cuestionados sectores políticos, salpicados en varios escándalos- para quedarse con la Alcaldía.

Desde que se conoció la noticia se armó un tremendo alboroto en Cali. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, habló de la existencia de "un torcido". Otros pidieron la cabeza del registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, y consideraron absurdo que por "un margen de error estadístico" descalificaran a los candidatos. La metodología de análisis de la entidad fue ampliamente criticada hasta por el exdirector de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta, y por políticos y gremios que consideraban se les estaban violando los derechos a los candidatos y a los miles de ciudadanos que habían firmado para apoyarlos.

La fuente del escándalo está en que la Registraduría dejó por fuera de concurso a Guerrero y a Correa sin haber revisado todas las firmas que ellos presentaron. Este hecho, para los candidatos afectados, demuestra que hay un complot en su contra. Pero para la Registraduría, esa ha sido la metodología utilizada desde 1996 para todos los candidatos que presentan más de 8.000 firmas. Se examina una muestra, y los resultados se aplican al universo de las firmas, con el objeto de agilizar y hacer más expedito el enmarañado proceso.

Las firmas de Guerrero y Correa viajaron desde Cali a Bogotá, en cajas selladas y en camiones de la compañía Portes de Colombia a mediados de julio, y fueron abiertas para ser revisadas cuando llegaron a una bodega en Bogotá por funcionarios de la Dirección del Censo Electoral. Los funcionarios siguieron el proceso establecido en la ley, descartando de entrada las firmas repetidas, incompletas o ilegibles. Luego sacaron una muestra de aquellas que sí servían y confirmaron que estuvieran inscritas en el censo de Cali, que las cédulas no fueran de personas muertas, presas y que todas estuvieran registradas en el Archivo Nacional de Identificación. Lo último que hicieron fue hacerle una prueba grafológica a un pequeño porcentaje para identificar si una misma persona había falsificado varias o, como el registrador dijo, si había "planas enteras".

En el caso de Rodrigo Guerrero, de las 115.250 firmas que presentó, analizaron 75.157 e invalidaron 29.870, entre otras razones porque más de 900 parecían hechas por una misma persona. Y a Susana Correa le revisaron 73.817 de las 152.147 que presentó. Le quedaron faltando un poco más de 700 firmas válidas para alcanzar las 50.000 requeridas para poder ser candidata.

El tema, en principio, no tenía por qué llegar a complicarse tanto. Que se revise solo una muestra, y no la totalidad, no es escandaloso ni es anormal. Y si había dudas sobre la cuantía de las firmas inválidas o el número se acercaba al límite de las requeridas, bastaba con un recuento total para ponerle fin al problema. Para eso era suficiente con que los candidatos lo solicitaran mediante un recurso de reposición. Así lo hizo Rodrigo Guerrero, mientras que Susana Correa se retiró de la contienda y adhirió a su campaña.

Los ánimos, sin embargo, se exaltaron y la crisis se desbordó. La alusión de Santos a la existencia de "un torcido" generó todo tipo de preguntas. Guerrero dijo que unos médicos lo habían abordado y le habían dicho que por 200 millones de pesos le cuadraban las firmas que le faltaban en la Registraduría, y que semanas antes también le habían pedido 2.000 millones para asegurarle el triunfo electoral.

Como medida preventiva, el registrador trasladó al director nacional del Censo Electoral, Holman Ibáñez -quien era la cabeza de la dependencia encargada de hacer la revisión de las firmas-, a otro cargo, pero él finalmente terminó renunciando a la entidad. También trasladó a otros 19 funcionarios de las registradurías municipales del Valle e inició sus propias investigaciones disciplinarias, a las que están llamados a ampliar sus denuncias los candidatos Guerrero y Correa esta semana, cuando una delegación viaje hasta Cali a recibirles la declaración.

El lío siguió creciendo. Se supo que el candidato del PIN a la Alcaldía, Edison Bioscar Ruiz, fue abordado por una persona que supuestamente tiene cómo acceder a la Registraduría y que, a cambio de 3.000 millones de pesos, le garantizaba ganar la Alcaldía de Cali. Bioscar tampoco hizo ninguna denuncia ante las autoridades.

Para completar el panorama, salió a la luz que Holman Ibáñez tiene una relación sentimental con la secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Cali, Eliana Salamanca, y que esta última es muy cercana al senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, actualmente preso por posibles vínculos con parapolítica. Ella llegó a la Alcaldía como cuota del PIN y figura en el listado de visitantes de Martínez en La Picota. La funcionaria no quiso hablar con SEMANA, porque considera inadmisible "que se metan en mi vida privada". Ibáñez tampoco quiso dar declaraciones.

La Registraduría y la Procuraduría también tendrán que investigar la presencia de la registradora Rosario Tafur en una reunión política del hijo del senador Roy Barreras, quien aspira al Concejo de Cali. "Asistí al acto cuando aún no me había posesionado", dijo Tafur. Vale la pena recordar que no es la primera vez que se alerta sobre los vínculos entre funcionarios de la Registraduría y políticos vallecaucanos. En las elecciones de 2010 se denunció que Audry Toro, sobrina de la senadora Dilian Francisca Toro, era la registradora delegada para el departamento. Toro terminó suspendida por permitirle a la EPS SaludCoop acceder a sus bases de datos y hoy es candidata de La U al Concejo de Cali.

Todas estas acusaciones y rumores se convirtieron en una bola de nieve, también, por el clima de polarización que existe en el departamento entre el establecimiento tradicional y nuevas fuerzas con frecuencia contaminadas por fenómenos como el narcotráfico y la parapolítica. La debilidad de los partidos ha dejado espacios abiertos para la proliferación de fuerzas políticas ligadas a fenómenos delincuenciales y la erosión de las instituciones se ha traducido en un incremento de la violencia y de prácticas políticas ilegales.

Hoy existen denuncias por trashumancia en 40 de sus 42 municipios y riesgo de delitos electorales en diez de ellos, según varias organizaciones sociales. La semana pasada, sicarios asesinaron a un candidato al Concejo por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), que es del exsenador Martínez. Con ese crimen son seis los candidatos asesinados en el Valle, dos para alcaldías y cuatro para concejos.

Estos son suficientes motivos de preocupación para los caleños y una prueba de que no han logrado salir todavía de una crisis política y social, provocada en parte por el narcotráfico y por gobiernos que no han dado la talla. Tres gobernadores en cuatro años y una mala racha de tres alcaldes anteriores en Cali son apenas una muestra del problema, y las elecciones que se avecinan son la oportunidad para cambiarlo o para repetir los mismos errores.

La mayor inquietud está en que la polarización política que ha vivido el Valle se exacerbe con el escándalo. Los adversarios de Guerrero se irán con toda contra él, porque quedaron en la mira de todo el mundo como los principales sospechosos. Entre ellos están María Isabel Urrutia, candidata del Polo, que se beneficiaría si le sacan de la contienda a un competidor como Rodrigo Guerrero, que la derrotaría, según las encuestas. En la lupa conspiradora también podría estar la candidata de La U, Clara Luz Roldán, respaldada por los senadores Dilian Francisca Toro y Roy Barreras. Pero Clara Luz también tendría que sacar de la contienda a quienes marcan por encima de ella: Sigifredo López, del Partido Liberal, y Milton Castrillón, del Conservador.

Este último sería el más beneficiado con la ausencia definitiva de Guerrero. Pero la verdad es que gran parte de los votos de Guerrero y de Susana Correa son difíciles de endosar, ya que provienen de las clases medias y dirigentes caleñas que desde hace varios años luchan por cambiar la política.

Varios candidatos consultados por SEMANA creen que de no ser por el apoyo de la clase dirigente a Guerrero y Correa , "el problema no tendría semejante despliegue" y hay toda suerte de comentarios de sus adversarios por la forma como Guerrero logró recoger casi 120.000 firmas en menos de un mes. En la campaña de Guerrero explican que le pagaron a veinte coordinadores inicialmente, y luego a cien, que se suman a los voluntarios, al Partido Verde y a la ASI, que aportaron miles de firmas.

Quienes conocen a Guerrero consideran inverosímil que su imagen esté en entredicho. Tiene una hoja de vida intachable y una exitosa gestión como alcalde de Cali y concejal, y actualmente es el director de una prestigiosa fundación conocida como Vallenpaz que trabaja por los desplazados y campesinos víctimas del conflicto. Hasta el momento es la palabra del registrador, quien acusó a Guerrero de haber metido planas, muertos y presos en sus firmas, contra la de un candidato de gran credibilidad que insiste que aunque pueden existir errores involuntarios, como que las personas que firmaron no estén inscritas en el censo, descartó que hubiera firmas falsificadas. Dijo que tenía copias escaneadas de todas las firmas que presentó para demostrarlo.

El misterio sobre "el torcido" en este escándalo depende ahora de los resultados que arrojen el reconteo de la Registraduría y las investigaciones de las autoridades. El reconteo empezó el jueves de la semana pasada, se hará en doble jornada -incluidos fines de semana-, cuenta con veeduría permanente de la Procuraduría y culminará en diez días hábiles. Como le dijo el registrador a Guerrero: "Se le advierte, si le salen peor no es mi problema". Y más vale que las investigaciones que adelantan la fiscal Viviane Morales y el director de la Policía, general Óscar Naranjo, rindan sus frutos a corto plazo, pues lo que está en juego es más que la construcción de condiciones tranquilas para la campaña. También se definirá si el Valle y Cali podrán superar problemas estructurales de corrupción política que han impedido durante muchos años la elección de buenos gobernantes.

En todo caso, después de todo este escándalo, es poco problable que Guerrero no pueda competir. Unas elecciones sin su participación, y lo que él representa para la ciudad, podrían tener graves problemas de legitimidad.
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