Dos años después de la muerte del grafitero

Un "falso positivo urbano", así ha catalogado la Fiscalía la muerte de Diego Felipe Becerra, ocurrida el 19 de agosto del 2011 en Bogotá. Dos años después, 11 personas están vinculadas por supuestamente alterar la escena del crimen del joven Ocho de los investigados son policías.

El caso de Becerra, el joven que con apena 16 años se dedicaba a pintar grafitis y que murió luego que el patrullero Wílmer Alarcón le disparó, se ha convertido en uno de los tantos episodios que se quedan en la memoria de los colombianos no sólo por la polémica que causa, sino porque la familia de la víctima se ha encargado de no permitir que lo sucedido se quede en el silencio.

Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, padres del joven, junto a su abogada Miriam Pachón, quieren que el nombre de Becerra quede en limpio. De manera incansable han tocado puertas. Hoy pueden decir que además de Alarcón, autor material de la muerte del joven, han conseguido con la ayuda de la Fiscalía que ocho Policías y tres civiles tengan que dar las explicaciones, entre ellos dos son coroneles y el propio general Francisco Patiño, quien fungiera para la época de los hechos como el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Pero la familia de Diego Felipe y su abogada dicen que aún falta conocer más detalles. Según ellos, más de 30 miembros de la institución estarían vinculados con los irregulares hechos que rodean lo que sucedió con el joven.

Dos años después de la muerte del grafitero, su familia no supera su partida. Dicen que ese dolor que sienten es el que les da el impulso para no desfallecer o temer por lo que les pueda pasar. Quieren justicia y que el caso de su hijo no se repita.

Por el lado de Alarcón, el policía que supuestamente disparó, este ya fue sancionado por la Procuraduría con diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Actualmente, su proceso penal por homicidio se encuentra en audiencia preparatoria.

Pero esta no es la única investigación en contra del uniformado, también cuenta con una segunda indagación por la presunta manipulación de la escena del crimen, lo que llevó a que en abril pasado la Fiscalía le imputara los delitos de fraude procesal, encubrimiento, ocultamiento, destrucción y alteración de material probatorio, y fabricación y porte ilegal de armas. El mismo días y por idénticos hechos, también se le endilgaron esos delitos al patrullero Freddy Snéider Navarrete Rodríguez.

Al subteniente de la Policía Rósemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrera, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez, el abogado Héctor Hernando Ruiz Echavarría (defensor de Alarcón) y el conductor de buseta, Jorge Eliécer Narváez, el 24 de octubre del 2012, la Fiscalía luego de capturarlos les imputó a todos los delitos de fraude procesal, alteración de elementos de prueba y favorecimiento de homicidio. A los policías también se les endilgó por porte ilegal de armas de fuego y falsedad ideológica en documento público. Su proceso está para iniciar audiencia preparatoria.

Mientras el coronel José Javier Vivas y el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo, subcomandante de la Policía Metropolitana y comandante de la estación de Suba para la época de los hechos, respectivamente, están en libertad luego que el pasado 4 de julio una juez así lo determinó. Ellos recibieron cargos por falsedad en documento público, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, además de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Pese a no estar detenidos su proceso continúa.

Ese mismo día Nubia Mahecha, compañera sentimental de Jorge Narváez (conductor del colectivo que aseguró que Diego Felipe cometió un robo en su vehículo), fue cobijada con medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Le imputaron los delitos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento de homicidio.

El caso más polémico es el del general Francisco Patiño, quien se encuentra investigado por el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Hace unos días se presentó ante la Fiscalía y negó haber participado en la alteración de la escena del crimen. Los hechos pusieron en entredicho si debía o no ser ascendido, pese a tener una indagación en su contra.

Este sábado la familia y los amigos de Becerra le rindieron un tributo a su memoria pintando algunos grafitis en el lugar de su muerte en el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en la capital del país. Este el lunes 19 de agosto, cuando se cumplen los dos años exactos, se celebrará una misa y más actos conmemorativos en el sitio donde el grafitero perdió la vida.