Miércoles, 18 de enero de 2017

| 1999/04/05 00:00

DOS POR MIL PESADILLAS

Al extender el impuesto del 'dos por mil' a las operaciones interbancarias la Corte Constitucional <BR>borra con el codo lo que el gobierno ha hecho con la mano.

DOS POR MIL PESADILLAS

La semana pasada la Corte Constitucional emitió su segundo fallo relacionado con las
medidas de emergencia económica formuladas por el gobierno para superar la crisis del sistema financiero.
Sin duda alguna el aspecto más controvertido y con implicaciones más profundas de este fallo tiene que ver
con el mecanismo de financiación de las medidas consagradas en la emergencia.
Inicialmente se había planteado que los usuarios del sistema financiero _incluidos los bancos y
corporaciones_ tributaran una tarifa del dos por mil sobre el monto de sus retiros, mientras que el
impuesto a las transacciones interbancarias (el dinero que se prestan los bancos entre sí diariamente) y a
las operaciones con instrumentos del gobierno, como Repos y TES, sería del 1,2 por 10.000. Para los
expertos, el diferencial de la tarifa se justifica si se tiene en cuenta el colosal volumen de dinero que cambia
de manos entre las entidades financieras todos los días y el hecho de que si bien el costo financiero del dos
por mil en una operación de largo plazo es 'negligible', en operaciones de corto plazo _como las que deben
realizar diariamente los bancos para cuadrar sus cuentas_ es enorme.
Sin embargo la Corte Constitucional ha determinado que la tasa debe ser igual en todos los casos. Según el
presidente de la corporación, Eduardo Cifuentes, "la Constitución de 1991 consagra el principio de equidad
tributaria, el cual es violado por el decreto que establece un impuesto diferenciado para depositantes y
entidades financieras". Muchos han cuestionado la competencia de la Corte para reglamentar medidas
urgentes de carácter económico _como las que implican un estado de 'emergencia'_. Ante esto el
magistrado Cifuentes sostiene que "este instrumento tributario (el 'dos por mil') no lo creó la Corte, cuya
única función es revisar los decretos a la luz de lo consagrado en la Carta Magna, en un contexto
puramente jurídico".
Otro cuestionamiento que se hacen muchos analistas tiene que ver con el tiempo que tardó la Corte en
reglamentar las medidas. Como su nombre lo indica, la emergencia económica es un compendio de
medidas de carácter urgente cuyo trámite a simple vista no debería tomar los casi cuatro meses que se
demoró. A este respecto Cifuentes sostiene que "el análisis de un 'hecho sobreviniente' debe ser exhaustivo y
preciso, lo que explica la extensión de tiempo que se debe tomar para ello".

Los 'paganinis'
Ante la decisión de los magistrados la banca privada ha puesto el grito en el cielo, al advertir que la medida
lo único que consigue es ahondar la crisis del sector, cuyos mayores damnificados serán los usuarios
comunes y corrientes. Como lo sostiene Eduardo Romero, presidente de Bank America en Colombia, "la
decisión de la Corte implica que todo el sistema financiero y sus usuarios van a pagar los platos rotos de la
incompetencia y corrupción de la banca estatal". Y agrega, "si la decisión se sostiene, nosotros vamos a
cerrar nuestro negocio de tesorería en el país y a cancelar nuestros planes de expansión".
Los síntomas de la medida sobre la actividad financiera en el país ya son evidentes. El pasado viernes en
el mercado de divisas tan solo se negociaron 30 millones de dólares cuando el volumen normal es de 170
millones. Algo semejante ocurrió en el mercado de TES, cuyo volumen se desplomó de 20.000 millones de
pesos a 1.500 millones. Más relevante para el bolsillo de los colombianos es el hecho de que la tasa de los
TES aumentó en más de 2 por ciento ese día, lo cual anticipa un encarecimiento del crédito.
No se trata de cuestionar el modus operandi de la Corte Constitucional, que a todas luces ha obrado en el
marco que consagra la ley. Lo que realmente es preocupante es el evidente problema estructural de la ley
colombiana en torno a los estados de emergencia. Primero, es insólito que una decisión urgente tenga que
permanecer en el limbo mientras surte un engorroso trámite jurídico que puede tardar varios meses. Aún
más,en medio de una crisis, los criterios constitucionales como el de la equidad _que en este caso es
discutible_ no deben primar sobre el de la eficacia. Es decir, la prioridad debe ser sacar al país del atolladero
y no distribuir la pobreza.

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