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| 4/8/2017 10:30:00 PM

Drogas: ¿Con licencia médica para traficar?

La Corte Suprema de Justicia absolvió a un drogadicto enjuiciado por portar cinco veces la dosis de cocaína permitida, con el argumento de que era para su consumo personal. ¿Se puede luchar contra el flagelo del microtráfico sin topes para las dosis toleradas?

Nadie sabe dónde está la línea legal que distingue a los consumidores adictos a las drogas de los microtraficantes que se enriquecen al vender tales sustancias prohibidas. Un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia reabre el debate sobre la zona gris en la que se confunde el porte legal de la dosis permitida y el negocio del tráfico.

El caso que acaba de decidir la corte se remonta a 2012 cuando en Bello, Antioquia, dos policías capturaron a un joven de 18 años que tenía en su poder cinco papeletas de cocaína que sumaban 5,7 gramos. Es decir, superaba con creces la dosis personal permitida que según la ley para esta sustancia es de un gramo. La Fiscalía acusó al joven del delito de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”. Pero el que parecía un caso sencillo por tratarse de una captura en flagrancia resultó un imposible, pues el Estado no logró derrotar al acusado en primera ni en segunda instancia.

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Y ahora la corte confirma la inocencia del joven con el argumento de que este demostró su adicción a la cocaína, y, además, él explicó que al ser muy cara la droga en su municipio (San Roque) se veía obligado a ir hasta Bello para conseguirla más barata y que se estaba aprovisionando por un mes cuando lo capturaron. Adicionalmente, señala la corte que la Fiscalía no probó que llevaba la droga incautada para venderla. A la luz de esta jurisprudencia, sin embargo, surge la pregunta de cómo puede la Policía distinguir quién la porta para consumirla y quién para participar en alguno de los eslabones del microtráfico.

La respuesta no es sencilla, sobre todo en un panorama inquietante por dos factores: el crecimiento de las cifras de consumo en el país y la transformación del negocio, entre 2008 y 2014, de grandes carteles exportadores a organizaciones fragmentadas de venta y distribución en pequeña escala. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación divulgado hace seis meses halló que Colombia pasó de ser un país esencialmente productor a importante consumidor, que ocupa el cuarto lugar en Suramérica en cocaína y marihuana.

No es esta la primera vez que la corte emite un fallo en este sentido. Hay cuando menos cinco decisiones en las que el concepto de “aprovisionamiento” se impone a la opción punitiva. En el máximo tribunal hace rato quedó relegada la tesis de que las cantidades en exceso, por sí solas, indican narcotráfico. El problema es que los fallos no fijan topes, lo que lleva a la Policía a dar palos de ciego en las calles y abre un espacio para que mañana un adicto alegue que cierta cantidad es su aprovisionamiento para un semestre o un año. “La corte está diciendo que hay que analizar caso a caso, fijar un techo no sería razonable porque el consumo no es asunto de una vez y para siempre”, explica Luis Felipe Cruz, investigador en Dejusticia.

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Otras voces consideran que la corte, preocupada por rodear de garantías a los adictos, está debilitando la seguridad del resto de la población. Es que el problema de los puntos de venta de droga viene asociado a riñas, lesiones personales, homicidios, hurto, receptación de objetos robados y tráfico de armas, es decir, la galería de delitos que más atormentan a los ciudadanos. “Debe haber topes que permitan distinguir entre un traficante y un consumidor. Eliminar las herramientas para luchar contra el tráfico afecta también los niveles de criminalidad. Cuando usted camina los barrios de cualquier urbe la gente pide que se acabe el microtráfico en los parques y colegios. Hay una realidad desde el escritorio de una corte y otra caminando las calles, concluye Daniel Mejía, secretario de Seguridad del Distrito. 

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