Drummond de nuevo debe detener su operación

Luego de una visita de inspección, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) impuso el pasado 2 de enero, una medida preventiva a la Drummond que consistente en la “suspensión de las actividades” de la firma American Port Company, vinculada con la multinacional Drummond, por haber violado el decreto 3083 de 2007 y la Ley 1450 de 2011.

La actuación, según un documento conocido en primicia por Semana.com, tiene como objeto “prevenir la ocurrencia de un hecho (o) realización de una actividad… que atente contra el medio ambiente”, debido al “incumplimiento de un deber legal” por parte de la carbonera estadounidense. Frente a la medida no procede recurso alguno.

La Dimar y unidades guardacostas habían denunciado este jueves que la minera estadounidense estaba incumpliendo con la normativa que prohíbe actualmente el uso de barcazas y propende por el cargue directo que, en principio, debió implementarse desde el primero de enero de 2012.

De incumplirse la medida restrictiva de Corpamag, sería un agravante de la responsabilidad dado el carácter inmediato de la decisión.

La multinacional había recibido recientemente una multa por casi 7.000 millones de pesos -la más alta impuesta por infringir las normas ambientales hasta ahora- por un incidente hace casi un año, en el que vertió al menos 700 toneladas del mineral al fondo del mar Caribe, cuando una de las barcazas zozobró y, para salvarla, prefirieron tirar el material.

Este procedimiento de transporte del carbón ha sido duramente cuestionado por ser dañino para el medio ambiente. El procedimiento implica transportar el carbón que la minera extrae desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa.

Ello deja contaminación no solo en el aire, por las partículas que se liberan, sino la pérdida del mineral que cae al mar, como lo sostuvo en su momento una investigación de la Contraloría. Y para colmo de males, el pasado 13 de enero tuvo lugar el desastre ambiental que terminó por causar la indignación de los colombianos.

La denuncia sobre lo ocurrido en Santa Marta fue divulgada en el blog del abogado y periodista José Alejandro Arias, un activista que mediante fotografías denunció lo ocurrido allí en enero pasado y nuevamente fue testigo este año de la nueva violación a la normatividad ambiental.

Arias también es abogado de la Confederación Indígena Tayrona y representante del consejo territorial de cabildos, que reúne a las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, ha realizado decenas de denuncias por la contaminación ambiental en la Costa Caribe.

El abogado usa chaleco antibalas y es una persona protegida por el Gobierno Nacional. La Unidad Nacional de Protección le asignó escoltas luego de que denunció amenazas contra su vida por una entrevista que le hizo a José Gelvez Albarracín, alias el ‘Canoso’, aquel jefe político de las Autodefensas que destapó el maridaje entre políticos y jefes paramilitares.