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| Foto: Archivo particular

JUDICIAL

Fiscalía pide imputar a seis empleados de la Drummond

Entre las personas llamadas a responder hay directivos y operarios.

31 de enero de 2014

Seis personas, entre directivos y operadores de la Drummond, enfrentarán responsabilidades ante la Fiscalía puesto que el ente investigador solicitará imputación de cargos a los empleados de la multinacional por el delito de daño ambiental. 

Los afectados por la decisión son Javier Jácome, superintendente de operaciones; Carlos Flórez, superintendente asistente; José Luis Velásquez, gerente de operaciones; Pablo Cárdenas, supervisor de operaciones; Carlos Urieles y Raúl Olivella, operadores de grúa.

Los empleados de la Drummond serían los presuntos responsables de los hechos ocurridos en enero del 2013 en Magdalena, cuando una barcaza que llevaba cerca de 2.000 toneladas de carbón zozobró y vertió el mineral al fondo del mar Caribe. Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, los implicados eran los encargados del transporte del mineral. 

Por lo sucedido, a la multinacional le fue cobrada una multa de casi $7.000 millones, la más alta impuesta por infringir las normas ambientales hasta ahora.

Según el jefe del ente acusador, la conducta que les será endilgada es un delito imprudente, y la ley colombiana establece que en estos casos haya derecho a la libertad provisional mientras se adelanta el proceso, por lo que seguramente no se solicitará medida de aseguramiento. 

"Nosotros hicimos exámenes técnicos, nos basamos en aportes de una prestigiosa universidad de Bogotá, en los informes del CTI y hemos concluido que existe una evidencia clara del daño ambiental producida por la caída de la barcaza y que durante 30  a 40 años vamos a vivir la grave afectación de la vida marina", dijo el fiscal. 

El pasado 2 de enero, luego de una visita de inspección, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) impuso una medida preventiva a la Drummond que consiste en la “suspensión de las actividades” de la firma American Port Company, vinculada con la multinacional Drummond, por haber violado el Decreto 3083 del 2007 y la Ley 1450 del 2011.

La actuación, según un documento conocido en primicia por Semana.com, tiene como objeto “prevenir la ocurrencia de un hecho (o) realización de una actividad… que atente contra el medio ambiente”, debido al “incumplimiento de un deber legal” por parte de la carbonera estadounidense. Frente a la medida no procede recurso alguno.

La DIMAR y unidades guardacostas habían denunciado que la minera estadounidense estaba incumpliendo con la normativa que prohíbe actualmente el uso de barcazas y propende por el cargue directo que, en principio, se debió implementar desde el primero de enero del 2012.

De incumplirse la medida restrictiva de Corpamag, sería un agravante de la responsabilidad dado el carácter inmediato de la decisión. 

Este procedimiento de transporte del carbón ha sido duramente cuestionado por ser dañino para el medio ambiente. El procedimiento implica transportar el mineral desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa. 

Ello no sólo deja contaminación en el aire, por las partículas que se liberan, sino la pérdida del mineral que cae al mar, como lo sostuvo en su momento una investigación de la Contraloría. Y para colmo de males, el pasado 13 de enero tuvo lugar el desastre ambiental que terminó por causar la indignación de los colombianos.