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| 2/28/2014 12:00:00 AM

Directivos de Drummond responderán por delitos ambientales

Seis empleados de la minera fueron inputados por arrojar carbón al mar y afectar al ecosistema.

Seis personas entre directivos y operadores de la Drummond fueron imputados por la Fiscalía. El ente investigador les endilgó cargos los empleados de la multinacional, entre directivas y operarios, por el delito daño ambiental en hechos relacionado con un vertimiento de poco más de 1.000 toneladas de carbón la mar en Ciénaga, bahía de Santa Marta (Magdalena). 

Los afectados por la decisión son Javier Jácome, superintendente de operaciones; Carlos Flórez, superintendente asistente; José Luis Velásquez, gerente de operaciones; Pablo César Cárdenas, supervisor de operaciones; Carlos Urieles y Raúl Olivella, operadores de grúa.

La fiscal especializada en temas del medio ambiente Juanita Rodríguez, hizo un recuento de los hechos ocurridos el 12 de enero del 2013. Dijo que para la fecha un grupo de directivos de la mencionada empresa conocieron que la barcaza TS 155 presentaba un acopamiento, es decir que se estaba hundiendo y ordenaron arrojar el carbón al mar sin medir las consecuencias. 
 
“Ustedes se reunieron en las instalaciones de puerto Drummond en el ciénaga de Magdalena y una vez tiene conocimiento de la situación tomaron la decisión de arrojar al mar más de 600 toneladas afectando severamente los organismo más pequeños del ecosistema marino, es decir, toda la fauna marina generando enterramiento y aplastamiento del ecosistema marino, lo que causó daño a los organismos donde difícilmente van a sobrevivir especies”, manifestó la fiscal del caso.

Según Rodríguez la decisión no fue la adecuada para ese tipo de emergencias. A lo que le sumó que no solo fue el vertimiento del mineral, sino que el mismo día con ayuda de grúas lanzaron elemento al mar y se arrastró la barcaza afectando el lecho marino y el medio ambiente. 
 
“No entiende esta delegada fiscal cómo es que no se dispone de otra barcaza vacía para que se transportara al lugar y se hiciera el traslado del carbón. Sino que lo lanzan de manera directa al lecho marino”, dijo durante la imputación. 
 
Según la fiscal ante la emergencia debía seguir un procedimiento que en primer lugar busca proteger la vida, luego evitar o minimizar el daño ambiental y en tercera medida la protección de los bienes. Para el ente investigador los empleados de la Drummond hicieron lo contrario, quisieron salvar el barco ante que proteger el medio ambiente. 
 
“Se presentó un gravísimo daño al medio ambiente, así como al lecho y la fauna marítima (…) Por la corriente se pudo extender la contaminación afectando así a varias regiones, aumentando así el daño”, indicó. 
 
Los delitos imputados son dos contaminaciones ambientales y un daño al recurso natural. Los directivos deberán responder todas las conductas, mientras los operarios solo por las primeras. 
 
“El vertimiento al mar produce por una lado el aplastamiento de la fauna y micro fauna, generando un daño a los recurso naturales ocasionado por directivos y operarios y por otro lado el lanzamiento de carbón mineral al mar produce una misión de contaminación que fue efectuado tanto por los directivos como por los operario, esto en cuanto a contaminación ambiental y por el otro el comportamiento del arrastre de la barcaza que en concreta en el delito daño a los recurso naturales y que solo es imputable a los directivos”, señaló la fiscal. 

Por lo sucedido la multinacional recibió por estos hechos una multa por casi 7.000 millones de pesos, la más alta impuesta por infringir las normas ambientales hasta ahora.

En su momento el fiscal general Eduardo Montealegre dijo que la conducta endilgada es un delito imprudente y la ley colombiana establece que en estos casos haya derecho a la libertad provisional mientras se adelanta el proceso, por lo que no se solicitó medida de aseguramiento.

“Nosotros hicimos exámenes técnicos, nos basamos en aportes de una prestigiosa universidad de Bogotá, en los informes del CTI y hemos concluido que existe una evidencia clara del daño ambiental producida por la caída de la barcaza y que durante 30  a 40 años vamos a vivir la grave afectación de la vida marina”, dijo Montealegre al anunciar el llamado a imputación de la seis personas. 

El pasado 2 de enero, luego de una visita de inspección, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) impuso una medida preventiva a la Drummond que consistente en la “suspensión de las actividades” de la firma American Port Company, vinculada con la multinacional Drummond, por haber violado el decreto 3083 de 2007 y la Ley 1450 del 2011.

La Dimar y unidades guardacostas habían denunciado que la minera estadounidense estaba incumpliendo con la normativa que prohíbe actualmente el uso de barcazas y propende por el cargue directo que, en principio, debió implementarse desde el primero de enero de 2012.

El transporte del carbón ha sido duramente cuestionado por ser dañino para el medio ambiente. El procedimiento implica transportar el mineral desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa.

Ello deja contaminación no solo en el aire, por las partículas que se liberan, sino la pérdida del mineral que cae al mar, como lo sostuvo en su momento una investigación de la Contraloría.
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