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| 10/3/2004 12:00:00 AM

Dudas demócratas

La ayuda social del Plan Colombia está en el ojo del huracán. Se cuestiona su eficacia y algunos congresistas temen que se esté politizando.

Hace dos semanas el Senado de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda a Colombia para el próximo año. El documento final -que pasará a conciliación con la Cámara de Representantes- no tiene sorpresas. Pero el debate de la ayuda se vio enrarecido por los cuestionamientos a la eficacia de la ayuda social del Plan Colombia. Un informe crítico publicado en agosto por la Contaduría General del Congreso de Estados Unidos avivó la polémica. Más cuando desde julio un grupo de senadores demócratas había congelado temporalmente los fondos de derechos humanos en Colombia de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, a raíz de una denuncia de la posible politización de la acción de esta agencia en el país.

Un grupo de congresistas demócratas hicieron esfuerzos en 2000 para que el Plan Colombia, aprobado durante la administración de Bill Clinton, incluyera un componente social y sobre todo, dé ayuda a organizaciones no gubernamentales. El Plan busca fortalecer al Estado, pero también se consideró esencial para la democracia apoyar a las organizaciones civiles. Por eso muchos de los recursos destinados a derechos humanos están dirigidos a apoyar el trabajo de ONG, a sabiendas de que las más importantes han sido críticas no sólo del gobierno colombiano sino del Plan Colombia.

Al parecer la sensibilidad frente a los cuestionamientos de las ONG ha ido en aumento no sólo en el gobierno colombiano sino en la misma AID. En junio pasado esta entidad envió una carta a la firma que contrató para administrar los recursos de derechos humanos, Management Systems for Development (MSD), en la que le pide que solamente se dé apoyo a las ONG que trabajen en la línea de fortalecer los programas del gobierno en derechos humanos, lo cual excluye de hecho a las que los cuestionan. La extensa carta propició el retiro de los dos principales directivos de MSD en Colombia, a quienes también se les endilga haber puesto en duda la eficacia del programa gubernamental de derechos humanos.

Algunos senadores norteamericanos, como el influyente demócrata Patrick Leahy, alarmados sobre una eventual intención de silenciar la crítica a los programas del Plan Colombia, congelaron los fondos -hasta hace pocos días- y le solicitaron explicaciones a la AID sobre esta situación. Para 2005 los recursos asignados a derechos humanos llegan a seis millones de dólares, la mayoría de los cuales se destinan a programas del gobierno.

"En el Congreso de Estados Unidos hay preguntas serias sobre la eficacia de la ayuda no militar y hay controversia sobre si se está politizando la ayuda de la AID, si se están silenciando los puntos de vista críticos y a quienes cuestionan la eficacia de las políticas de derechos humanos", dice Kimberly Stanton, subdirectora en Washington de Wola, una de las más influyentes organizaciones de derechos humanos en ese país.

Esta preocupación se reflejó en la decisión del Senado de solicitar que dos millones de dólares destinados a programas de medio ambiente sean ejecutada por ONG que trabajen con la población indígena, y no por el Ministerio del Medio Ambiente como hasta ahora. Esta es una reacción del Senado ante el despido en enero pasado de Juan Carlos Riascos, ex director del Sistema de Parques Nacionales. Mientras estuvo en el cargo, Riascos concertó los programas con las comunidades que cuestionaban las fumigaciones.

"En todas las democracias hay ONG fuertes. Si sólo se puede financiar a las organizaciones oficialistas, ¿de qué democracia estamos hablando?", se pregunta Adam Isacson del Centro para las Políticas Internacionales, con sede en Washington.

Las tensiones entre el gobierno republicano de Bush y los congresistas demócratas, exacerbadas por una campaña electoral particularmente crítica en el tema de cómo Estados Unidos está conduciendo su política exterior, explican en parte la polémica alrededor de cómo puede el país del norte fortalecer la democracia colombiana. Pero en parte, también surge porque todavía no es claro si la estrategia estadounidense para ayudar a mejorar el desempeño colombiano en derechos humanos es lo suficientemente coherente como para que tenga impacto.
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