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| 6/24/2017 10:15:00 PM

La patinada de la Fiscalía en el caso de alcaldes de Montería

Hay dudas sobre la solidez de las acusaciones en el proceso que adelantan contra los mejores mandatarios que ha tenido la capital de Córdoba. ¿Por qué hay tanto revuelo entre los monterianos?

En menos de una semana Carlos Correa Escaf, alto consejero presidencial para las regiones, y su sucesor en la Alcaldía de Montería, Daniel Pineda García, pasaron de la gloria popular al infierno judicial.

El viernes de la semana pasada la Fiscalía General ordenó capturarlos y, tras un despliegue más mediático que de seguridad, los llevó a Paloquemao para legalizar su detención y mantenerlos en la cárcel mientras se les adelanta un juicio. Los acusó de supuestos actos de corrupción en la reconstrucción y ampliación de famoso polideportivo Miguel Happy Lora. La noticia alteró la tranquilidad de Montería, cuyos ciudadanos no entendían cómo los dos hombres que le cambiaron la cara la ciudad en los últimos años habían sido detenidos.

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El alcalde Pineda ya había administrado la ciudad en el periodo 2008-2011. Por su parte, Carlos Correa lo hizo entre 2012-2015 y al final de su periodo la organización internacional City Majors lo galardonó como “el mejor alcalde del mundo”. En la capital de Córdoba sus gestiones fueron un oasis en medio de un departamento sitiado por sonados casos de corrupción, como el cartel de la hemofilia, el desfalco de las regalías, los estudiantes fantasmas, la malversación de los recursos de la infancia o los nexos de la clase política con paras o el Clan del Golfo.

En este ciclo es evidente que Montería pasó de ser un pueblo a la capital que aparece en el mapa de Colombia. La cobertura de acueducto pasó del 50 al 95 por ciento, mientras que la de alcantarillado se extendió del 30 al 92 por ciento. Se hicieron más de 50 kilómetros de nuevas vías, miles de viviendas gratis, se puso en marcha el Sistema Integrado de Transporte para conectarla con municipios próximos. Además se logró una reducción del 15 por ciento del mototaxismo, los ciudadanos ahora cuentan con 150 kilómetros de nuevos andenes en la ciudad y con un malecón de 4,5 kilómetros en la ronda del río Sinú. Trasladaron el mercado público y está en proceso de renovación urbana una gran parte del centro de la ciudad, con 30 kilómetros de ciclorrutas, zonas peatonales, 100.000 árboles nuevos y 7 kilómetros de anillo vial.

El avance no solo se ha visto en ladrillos y cemento. En los últimos años Montería pasó de ser una ciudad cuyos principales renglones eran la agricultura y la ganadería a un gran centro urbano con una oferta variada de servicios bancarios, educativos, comerciales y de transporte aéreo. De ahí que miles de monterianos de todos los barrios salieron a las calles con velas en la mano para solidarizarse con el alcalde y el consejero para las regiones. Pero el desconcierto fue mayor cuando se supo de qué se les acusaba: la demora y supuestos sobrecostos en la remodelación del Coliseo Happy Lora.

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La obra se adelantó por medio de dos convenios interadministrativos entre el municipio, la Gobernación de Córdoba y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, con un costo cercano a los 12.000 millones de pesos. El coliseo se debía concluir en noviembre de 2012, pero solo se entregó en marzo pasado. La Fiscalía considera que durante ese tiempo la contratación fue inflada, por lo que Correa y Pineda –además de otros tres funcionarios– deben responder por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.

Por el contrario, el penalista Iván Cancino, defensor de Pineda, advirtió que la obra “se hizo sin adicionar un peso y bajo la supervisión de Coldeportes. Este es el mundo al revés, pues la Fiscalía los procesa por una obra realizada, mientras en Córdoba hay decenas que se pagaron y nunca se hicieron. Esta parece más bien una cacería de brujas”.

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Lo más sorprendente es que por cuenta de un error de la fiscal del caso, la audiencia de medida de aseguramiento tuvo que ser suspendida por varios días. El viernes pasado, un juez decidió que no había necesidad de mantenerlos detenidos, como pedía el ente acusador, y ordenó su libertad mientras se adelanta el juicio. Es claro que este proceso dará mucho de qué hablar, más cuando hay serias dudas en torno a la solidez de las acusaciones y sobre el uso que la Fiscalía le está dando a las medidas de aseguramiento, que en este y otro tipo de casos debe ser la excepción y no la norma.

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