¿Una banda musical quiso construir ciclorrutas en Medellín?

La constructora barranquillera OLT Logistics logró quedarse con un contrato de más de 4.000 millones de pesos para construir tres ciclorrutas en Medellín. Sin embargo, cuatro años atrás la empresa era un grupo musical llamado Gustavo Fontalvo y su banda, dedicado a animar fiestas y eventos culturales. Aunque cambiar su objeto social no es ilegal, mutar a una actividad tan disímil no deja de causarles extrañeza a los paisas, sumado a que existen varias irregularidades en las licitaciones públicas que esta compañía ha ganado en departamentos de la costa caribe.

En septiembre del año pasado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia, adjudicó un contrato de obra al consorcio Ciclorruta 2014 (30 % de OLT Logistics y 70 % de la antioqueña Promaqco) para la construcción de 2,2 kilómetros en el corredor San Juan y la adecuación de 2,3 kilómetros del corredor Palacé y 0,8 kilómetros del corredor de la 30. Las obras comenzaron, pero sólo a finales de marzo de este año Hernán Elejalde, director del Área Metropolitana, se enteró de las presuntas irregularidades de la compañía costeña. “Empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que en el 2011 el grupo Gustavo Fontalvo y su banda cambió a OLT Construcciones del Caribe SAS, y pasó de animadores de fiestas a expertos en construcciones, y que en el 2012 nuevamente mutó a OLT Logistics SAS”.

Al revisar el Registro Único de Proponentes (RUP) se encontró que en octubre del 2014 a la empresa barranquillera se le anotó un incumplimiento por un contrato celebrado con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para el mantenimiento y la adecuación de la cárcel Bellavista, curiosamente también en Medellín. Lo que más llama la atención es que la Cámara de Comercio de Barranquilla olvidó anotar que también existía una caducidad del contrato y que por esta razón OLT Logistics quedaba inhabilitada para contratar con entidades públicas durante cinco años.

En teoría la empresa debió informar de la inhabilidad y ceder su 30 % del contrato, pero no lo hizo. Sin embargo, Semana.com conoció que en enero de este año sí le informó a la Gobernación de Bolívar que debido a la caducidad del contrato con la Uspec no podía continuar con la construcción y la adecuación de varias instituciones educativas en los municipios de Mompox y Turbaná.

Para ganarse el contrato en Medellín, entre sus experiencias OLT Logistics presentó un supuesto certificado de la Alcaldía de Sincelejo donde aseguraba que hizo parte de una unión temporal que realizó obras de adecuación en las vías de la capital de Sucre en el 2010, como parte de un contrato de 7.686 millones de pesos. Al revisar el certificado, este estaba firmado en Sahagún, Córdoba, y el contrato original indicaba que quien tenía el 93 % de la unión temporal era la empresa Construcciones Integrales C.P.V., lo que supondría una posible falsificación de documento. Además, para ese entonces OLT Logistics no existía y su razón social era Gustavo Fontalvo y su banda.

Pero las irregularidades no pararían ahí. El año pasado OLT Logistics ganó un contrato por 6.440 millones de pesos en Pelaya, Cesar, para construir una carretera que conectaría el casco urbano con el corregimiento de San Bernardo. La compañía no cumplió y en agosto pasado fue sancionada con la cláusula penal del contrato por 1.288 millones de pesos. Curiosamente, tanto en este contrato como en el que ganaron en Bolívar, OLT Logistics fue el único proponente.

El olvido de la Cámara de Comercio de Barranquilla

Todas estas presuntas irregularidades llevaron a que el 27 de abril Hernán Elejalde, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, interpusiera ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una queja en contra de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) por las irregularidades presentes en el Registro Único de Proponentes de la empresa OLT Logistics. “Nuestra queja se basa en dos razones fundamentales por información no veraz. La primera referida a la experiencia habilitante de la empresa y la segunda, respecto de la omisión de registrar la caducidad a un contrato”.

^{Hernán Elejalde, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.}

Por su parte, en un comunicado la CCB aseguró: “Sobre la veracidad de la información aportada por el proponente, es importante manifestar que esta función escapa de la competencia de las cámaras de comercio”. La CCB también indicó que es responsabilidad directa de las entidades estatales reportar las sanciones de contratos adjudicados.

A pesar de que la Cámara de Comercio de Barranquilla también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, la respuesta no fue suficiente para el Área Metropolitana. Según Elejalde, las Cámaras deben verificar las inscripciones, renovaciones y actualizaciones del RUP. Aun así, muchos han criticado que en Medellín tampoco se verificara la información cuando evaluaban las propuestas y se rigieran sólo por el principio de buena fe.

Hasta el momento ni Ottomar Lascarro Torres ni Diego Boon, representantes legales de OLT Logistics, se han manifestado sobre las acusaciones en su contra. Semana.com intentó comunicarse con ellos pero no recibió respuesta.

Otro aspecto que llama la atención es que Promaqco, la compañía que tiene el 70 % del contrato, continuó con las obras a pesar de las presuntas irregularidades con sus socios. Funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá le dijeron a este medio que Martha Rojas, representante legal del Consorcio Ciclorruta 2014, aseguró que la unión con la compañía OLT Logistics se concretó por recomendación de un amigo, pero que nunca conoció personalmente a los señores Ottomar Lascarro y Diego Boon. Incluso, que tuvo que viajar dos veces a Montería para que cedieran el 30 % del contrato a otra empresa, pero todas las gestiones se realizaron por intermedio de otra persona, es decir, nunca conoció a Lascarro ni a Boon. Semana.com se comunicó con Martha Rojas, pero dijo que por sugerencia de sus abogados no iba a pronunciarse frente al caso y que todas las explicaciones se darían ante las instancias judiciales.

El Concejo de Medellín ya ha debatido el tema y el concejal Bernardo Alejandro Guerra ha sido uno de los principales denunciantes de lo que él denomina un nuevo cartel de contratación. “Aunque se debería de ceder el 100 % del contrato del Área Metropolitana, lo que yo estoy pidiendo es que por lo menos ese 30 % que tiene OLT Logistics no terminen entregándoselo a los primos, a los amigos, o a los socios de la misma banda musical”.

Al concejal Guerra le preocupa que en este presunto cartel no sólo estarían los representantes legales de OLT Logistics, sino otros empresarios de Sucre y Córdoba que, según él, ya han obtenido contratos con el Estado en 47 municipios.

Como si esto fuera poco, alrededor de la familia Lascarro siempre ha existido un enorme manto de duda. Hace unos años Luis Alfredo Argel, alias ‘Mano de Trinche’, exintegrante del Frente Sabanas de las Autodefensas, dijo en versión libre que quien suministraba a los paramilitares nombres de personas a asesinar era el entonces alcalde de El Carmen de Bolívar, Ottomar Lascarro (padre de Otomar Lascarro Torres, representante legal de OLT Logistics), quien ejerció como tal entre el 2001 y el 2003.