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| 3/10/2012 12:00:00 AM

Duelo en la montaña

El 'Libro Blanco' de Sergio Fajardo es el primer cañonazo en una guerra política en Antioquia que no era necesario declarar.

En Colombia existe una expresión para que no se presenten conflictos entre un gobernante con su antecesor: "No usar el espejo retrovisor". Sergio Fajardo en Antioquia definitivamente no lo usó. Porque prefirió usar una lupa. En un corte de cuentas, sin antecedentes en la historia reciente, decidió hacer una investigación exhaustiva de cada dependencia que heredó de Luis Alfredo Ramos, el gobernador anterior. De ahí surgió el Libro Blanco, que fue presentado para la opinión pública como un ejercicio de transparencia, pero para Ramos y su gente fue una declaración de guerra. Ramos, por su parte, quien acaba de terminar su periodo de gobernador con una aceptación del 83 por ciento, redactó en pocos días su Libro Verde, de 56 páginas, que responde cada cuestionamiento. Retó a Fajardo a un debate público y alistó una artillería jurídica. Demandará por injuria y calumnia. El gobernador respondió que no aceptaba el reto porque le parecía que la actitud de Ramos era una actitud "machista".

Fajardo justifica la publicación del Libro Blanco como una consecuencia de su experiencia cuando llegó a la Alcaldía de Medellín en 2004, después de toda una vida en la academia. En ese momento descubrió "que en lo público, con la dosis adecuada de oscuridad y la suficiente habilidad jurídica, se pueden robar lo que quieran y, todo, bajo el aparente manto de la legalidad", dice. En ese momento, nada quedó escrito. Esta vez quiso dejar una constancia de lo recibido. "Esperamos que, al entregar nuestra administración, quienes nos sucedan escriban su libro blanco sobre lo que les entregamos", advierte el gobernador.

Según el memorial de agravios, lo primero que el equipo de Fajardo encontró fue una dispersión en las decisiones. "No había un modelo estructurado para la contratación en el departamento. No existe un reglamento o manual. La delegación para ordenar el gasto estaba repartida en funcionarios de todos los niveles", dice. El antídoto fue inmediato. Desde el primer día de su gobierno, Fajardo creó un modelo de contratación que les da a pocos funcionarios la facultad de invertir el presupuesto. Esa afirmación fue la primera que refutó Ramos en su libro de respuesta. En él se lee que mediante dos decretos su administración adoptó el manual de contratación, que establecía responsabilidades para los funcionarios encargados de los gastos y tres controles diferentes. "Es importante recordar que el departamento de Antioquia obtuvo la certificación de todos sus procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sin que se hubiese cuestionado el modelo contractual", responde Ramos. Y respecto a que muchas manos contrataban, el exgobernador dice que eso era algo normal.

Lo que sí encontró Fajardo fue que, pese a la dispersión en la contratación, había un factor común: la ausencia de concursos. En 2008, se celebraron 4.820 contratos, de los cuales el 95 por ciento eran contratación directa. La tendencia se mantuvo. En 2011, de los 1.564 contratos firmados, el 80 por ciento se entregaron sin previa licitación pública. Ramos refuta. Dice que la mayor parte de la contratación consistió en convenios con municipios y entidades estatales, ajustadas a la ley.

El despacho del gobernador manejaba directamente su contratación. Allí, Fajardo encontró que el número de cargos de libre nombramiento y remoción pasó de 89 a 124 entre 2008 y 2011. La nómina del despacho se incrementó de 2.900 millones de pesos a 4.500 millones. Ramos se defiende: "Decir que en cuatro años se incrementó el presupuesto en 1.600 millones de pesos es una cifra razonable frente a un presupuesto del departamento de más de 12 billones de pesos en el cuatrienio".

Fuera de eso, no todos los gastos estuvieron sustentados, según las cuentas del Libro Blanco. "En 2008, en el despacho del gobernador se reportaron contratos que explicaron el 80 por ciento del presupuesto de funcionamiento, no se sustentó cómo se gastó el restante 20 por ciento. En 2011, solo se contrató un 4 por ciento, no se encontró acto administrativo alguno que soporte el 96 por ciento restante", dice en el documento presentado por Fajardo. Ramos dice que eso es mentira y que Fajardo recibió dos CD con todos los gastos sustentados. "¡Qué metida de patas! Tendrá que explicar estas afirmaciones a la Procuraduría y a la Fiscalía, ante quienes se harán las denuncias respectivas", responde el exgobernador.

Para Ramos, el manejo que dio su administración a los dineros fue algo normal, como lo hace cualquier gobernante. Dice que en la deuda el comportamiento fue tan bueno que la firma Fitch and Rating le dio la calificación AAA al departamento el año pasado. Sin embargo, el equipo de Fajardo encontró algo distinto. Mientras en 2008 Antioquia tenía una deuda de 250.000 millones de pesos, este año la misma asciende a 700.000 millones aproximadamente. El agravante es que "las nuevas obligaciones crediticias se negociaron con cuatro años de gracia; en 2013 debe iniciarse el pago. El incremento de la deuda en 450.000 millones de pesos impacta la capacidad financiera de la administración y la deja con una baja capacidad de maniobra", se lee en el Libro Blanco.

Independientemente de la validez o no de cada uno de los puntos en este debate, hay consenso sobre algunos aspectos. En primer lugar que algunas de las denuncias contenidas en el Libro Blanco son reales. Pero la mayoría son simples cifras, que sin entender el contexto, no permiten llegar a ninguna conclusión. En algunos casos se trata simplemente del aumento vegetativo de una actividad en cuatro años, también algunas críticas corresponden a decisiones administrativas que pueden ser debatidas, pero no automáticamente interpretadas como irregulares. La verdad es que cualquier nuevo gobernante a nivel nacional, departamental, municipal o distrital podría hacer un corte de cuentas comparable a quien lo precedió en el cargo. Hay una norma inevitable en política y es que a nadie le gusta ni su antecesor ni su sucesor. Un ejemplo claro de esto es la relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, y eso que Santos se comprometió a nunca aplicar el espejo retrovisor. Aunque con frecuencia los recién elegidos o nombrados tienen la tentación de hacerlo, por lo general se abstienen por el conflicto político que este entraña. Fajardo decidió romper esta tradición. Y las consecuencias políticas están por verse.
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