Duelo de titanes

En medio de la avalancha informativa generada por la Emergencia Social y el fallo contra la reelección, el gobierno emitió un escueto comunicado que pocos vieron o entendieron, pero que podría tener serias implicaciones en el sistema de salud colombiano.

A finales de febrero, la Superintendencia Nacional de Salud le ordenó a Saludcoop, la EPS más grande del país y con seis millones de afiliados, restituir 627.000 millones de pesos que aparentemente eran de todos los colombianos y que fueron utilizados, entre 2004 y 2008, para adquirir hospitales y clínicas que hoy son activos de este grupo.

Más allá de ser un tema que es técnico, contable y prácticamente incomprensible, la Supersalud planteó graves interrogantes sobre la forma como este grupo logró convertirse en muy pocos años en una de las empresas más grandes del país y abrió, a la vez, la puerta para una batalla legal de pesos pesados. Según la resolución 296 de la entidad, que recoge más de un año de investigaciones, entre 2004 y 2008 Saludcoop tomó de la plata que se le giró "a la EPS para atender la prestación del servicio de salud, recursos para la adquisición de activos e infraestructura, además de otras operaciones diferentes a la prestación del servicio de salud".

Esto quiere decir que aparentemente la EPS usó para comprar, construir y dotar más de 25 clínicas y hospitales, parte de los dineros que recibe por la UPC (plata que se le reconoce por cada afiliado), por las cuotas moderadoras y por los copagos que cancelan los colombianos y el sistema de salud. Además, Saludcoop habría usado figuras contables como amortizaciones, intereses, leasing o alquiler, entre otros, para maquillar esas millonarias operaciones. Finalmente, la Superintendencia le dio ocho meses para que los 627.000 millones estén disponibles en la caja de la empresa.

La decisión, que de inmediato fue impugnada por Saludcoop, develó el duro juego de póquer que se avecina. Por un lado, la empresa, que tiene a su servicio algunos de los mejores abogados del país, tratará de demostrar hasta las últimas instancias que la Superintendencia ha sido arbitraria e injusta con la medida, y, que de prosperar la medida, dejaría un pésimo precedente que podría quebrar a varias empresas.

Uno de los abogados de Saludcoop, Eduardo Montealegre, dijo a SEMANA que la empresa no hizo uso indebido de los recursos de la salud. "Después de prestar sus servicios y de deducir los gastos administrativos, tal y como lo establece la ley, a Saludcoop le quedaron unos excedentes entre 2004 y 2008 de 427.000 millones de pesos, no de 627.000 millones como dice la Supersalud, y que según la jurisprudencia, son de propiedad de la EPS. La diferencia es que mientras que en las EPS privadas estos recursos se reparten entre los accionistas, el grupo solidario los destinó a construir 36 clínicas de mediana y alta complejidad que están al servicio de los colombianos".

Según Montealegre, la Superintendencia, en una resolución plagada de errores, tomó una medida desproporcionada que llevaría a la EPS a vender su red hospitalaria para llevar esa plata a la caja de la empresa. Además, con este antecedente, ninguna EPS o clínica no podría usar las utilidades o excedentes.

Pero el gobierno no piensa lo mismo. El presidente Álvaro Uribe, y el superintendente de Salud, Mario Mejía Cardona, decidieron jugarse con la resolución para sentar un precedente sobre el uso inadecuado de los recursos de la salud. Las acusaciones son muy serias y de quedar en firme pondrían a temblar la integración vertical de la empresa y sus servicios, figura que ha sido el éxito de Saludcoop. Esta economía de escala y la reinversión de excedentes le permitió convertirse en una de las mayores empresas del país, con más de 22.000 empleados e ingresos por 2,2 billones de pesos al año.

Ahora Saludcoop deberá demostrar que no usó plata que era sagrada de la salud para adquirir una infraestructura que, según sus críticos, terminó por darle una posición casi monopólica y por generar una competencia desleal. Según el superintendente Mejía, es preocupante el alto endeudamiento que tiene la empresa con el sector financiero, más como consecuencia de crear y mantener esa red, que por falta de recursos de la salud. "Por estas y otras razones, requiere de vuelta los 627.000 millones para que pueda pagar sus deudas y tener un capital que le permita garantizar el servicio a los usuarios".

La EPS también deberá demostrar la forma como fueron adquiridas esas clínicas, que según le dijo a SEMANA uno de los socios fundadores, se pagaron mediante pagos adelantados, contratos de arrendamiento, leasing y préstamos, que por su magnitud salieron de la plata que era del sistema.

"Ninguna de las supuestas acusaciones y denuncias alrededor de Saludcoop no han tenido asidero en la Justicia. Y si algo queda claro de todo lo que ha ocurrido es que detrás hay una mano invisible que quiere acabar con un exitoso modelo solidario que invierte sus utilidades en la salud y que incomoda a muchos", dijo Montealegre a SEMANA.

El problema para Saludcoop es que si la resolución se mantiene en firme, no sólo debería devolver esos millonarios recursos y perder parte de su negocio hospitalario, sino que tendría que verse abocado a responder por otro tipo de situaciones ilegales.

Más allá de las acusaciones y recusaciones, lo importante es que esta polémica sirva de una vez para poner en orden el caótico manejo de los recursos que todos los colombianos han pagado puntualmente a la salud, además de acabar el pobre control que ha tenido el Estado y que permitió, incluso, que grupos paramilitares se financiaran en la costa con recursos de la salud. El pulso apenas comienza.