Dura advertencia de la Procuraduría por la sequía

Departamentos como La Guajira, Magdalena, Putumayo, Vichada y Meta están presos con una misma tragedia: la falta de agua derivada de los pésimos planes de acueducto sumado al fenómeno de El Niño. El Gobierno, afanado, ha pedido racionalizar agua, mientras que los organismos de control comienzan a tomar acciones para buscar responsables por la falta de previsión.

Semana.com conoció en exclusiva una serie de cartas enviadas por el procurador delegado para asuntos ambientales (E) Alonso Pio Fernández, a todos los funcionarios relacionados con el tema ambiental, para que en un plazo máximo de 10 días entreguen un informe que contenga las acciones que se planea adelantar con el fin de mitigar los impactos generados por el fenómeno  de El niño y el desabastecimiento de agua potable.

Las cartas fueron enviadas al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao; la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, y el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. El funcionario del Ministerio Público cuestiona que, a la fecha, “el ente rector de la política ambiental del país no haya adelantado acciones eficientes que permitan la adaptación al cambio climático y que prevengan las emergencias ambientales que se están presentando actualmente”.

En el fuerte pronunciamiento la Procuraduría les solicita adoptar medidas contundentes y eficaces. De igual forma, les recuerda a los funcionarios que en caso de que se incumplan sus funciones en materia de prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, se podrían emprender procesos en su contra.

En otra misiva la entidad de control advierte: “En la actualidad se presentan situaciones de desabastecimiento del recurso hídrico en diferentes regiones del país, tal como la que se presentó en el departamento de Casanare, sin que existan planes de contingencia y medidas alternas que permitan conjurar este tipo de emergencias”.

De igual forma, estas cartas han sido remitidas a los alcaldes y gobernadores de todo el país y a los directores de las Corporaciones Autónomas del País, en donde les exhorta tomar “medidas contundentes que permitan conjurar los impactos”.

Al término de los 10 días, en caso de que algunos funcionarios no hayan remitido el informe a la delegada ambiental, de inmediato se remitirán copias para que se les investigue disciplinariamente.