Dura de morir

En septiembre de 2011 la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) era el centro del escándalo nacional. Además de liderar el ranking de las entidades más caóticas del Estado, en especial en lo que tenía que ver con la administración de los bienes incautados al narcotráfico, aparecieron indicios de que varios políticos se estarían beneficiando de este desorden al hacerse a la administración de estos inmuebles. Al gobierno se le llenó la copa y ordenó liquidarla en un plazo máximo de un año. Pero esto no se cumplió y la DNE hoy es como una suerte de zombi que se resiste a morir.

En su momento el ministro del Interior Germán Vargas Lleras sostuvo que sería sencillo terminar la DNE. Dijo que todo estaba planeado y que la liquidación depuraría los inventarios mientras los nuevos bienes incautados serían asumidos con nuevas reglas por una dependencia del Ministerio de Hacienda. De haber sido así se habría conjurado la maldición que estos bienes trajeron sobre la DNE, y que se convirtieron en un gran foco de corrupción del Estado.

Pero desde un principio los tecnócratas de Hacienda se resistieron a que les trasladaran inmuebles con problemas, aunque precisamente esa es la principal característica de esos bienes. No solo tiene encima el sambenito de haber sido de narcos, sino que usualmente están ocupados irregularmente, con contratos amañados, o quedan en zonas distantes. De ahí que la liquidación, a cargo de la Fiduprevisora, tuvo que realizar esta labor en el peor de los mundos, pues a la vez ha tenido que ser una mezcla de entidad inactiva y activa, con buena parte de las fallas que la llevaron a la liquidación.

Según el decreto presidencial que ordenó la liquidación, en tres meses debían estar actualizados los inventarios de bienes. Pero a pesar de sus esfuerzos, y ante las circunstancias descritas, la liquidadora María Mercedes Perry no tuvo cómo cumplir el plazo, a pesar de su gran trayectoria en este tipo de encargos. De ahí que en diciembre del año pasado se expidió un nuevo decreto para darle siete meses más. Un informe de la Contraloría General asegura que a febrero de este año la liquidación solo había alcanzado a depurar el 5,92 por ciento de los registros de inmuebles que aparecen en el sistema. Según el informe, a ese ritmo se necesitarían al menos siete años solo para lograr esa meta en particular.

Ante las evidentes dificultades, el gobierno tuvo que expedir un nuevo decreto, esta vez para reconocer que un año era claramente insuficiente para terminar la liquidación. En junio de este año se decidió ampliar el plazo a diciembre de 2013, pero nada garantiza que sea posible cumplirlo.

Se calcula que la DNE tenía a su cargo más de 70.000 inmuebles cuando comenzó la liquidación. A esta impresionante cifra se le han sumado en este año 2.542 bienes más, a lo que se agrega que la DNE solo tiene 16 funcionarios en la dirección de bienes, por lo que tuvo que vincular a 84 colaboradores de misión para que apoyen el proceso, en especial las decenas de operativos de incautación que se dan por todo el país. La Contraloría asegura que al momento la entidad en liquidación ya acumula 55 hallazgos fiscales. Entre estos llama la atención la venta de 26 inmuebles por debajo de su valor catastral.

El viceministro de Política Criminal Farid Samir Benavides dijo a SEMANA que entiende que exista desconfianza porque no se ven resultados, más con los antecedentes de una entidad como la DNE, pero que la filigrana procesal dilata y alarga los tiempos. "Estamos haciendo un seguimiento constante y actuando con transparencia", dice Benavides. Sin embargo, para el caso de la DNE está más que probado que solo anuncios y buenas intenciones no son suficientes para solucionar sus problemas estructurales.