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| 4/29/2011 12:00:00 AM

Dura 'puya vallenata' por denuncias de corrupción

La fiesta vallenata estuvo amenazada este año, pero no por el invierno sino por denuncias de corrupción.

A muchos asistentes a la inauguración de la versión número 44 del Festival de la Leyenda Vallenata les sorprendió que el discurso inaugural que pronunció su presidente, Rodolfo Molina, no fuera un homenaje a la música sino un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que defendiera al Festival.
 
“Le solicitamos de la manera más respetuosa, Señor Presidente, sin que se entienda como una invitación a tomar partido, a que disponga el acompañamiento por parte del Ministerio de Cultura o la instancia que usted considere competente, en las averiguaciones que a dichos órganos de control les corresponde hacer sobre los cuestionamientos infundados que se realizan”, dijo Molina.
 
Aunque no dijo quiénes estaban cuestionando al festival, en Valledupar todos saben que el actual secretario de Gobierno del Cesar, Evelio Daza, ha acusado a la familia Araújo de montarse un “negoción” y haber hecho un “raponazo” al quedarse con los terrenos del Parque de la Leyenda Vallenata, donde se realiza el Festival.
 
Otros dicen que la puya local ha escalado y que este es un duelo entre el exprocurador Edgardo Maya y el actual procurador Alejandro Ordóñez, quien nombró al agente especial Johnny Fortich para presionar las investigaciones que han estado quietas en la Fiscalía y la Contraloría, instaurando una acción popular, y exigiéndole al alcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, que emprendiera acciones concretas para que el municipio recupere el Parque de la Leyenda Vallenata.
 
Daza hizo las primeras denuncias hace tres años y tuvieron eco en la contralora municipal, Alba Luz Trujillo, quien a través de una auditoría especial encontró que el Festival nunca había pagado los impuestos por espectáculo al municipio, a pesar de que le cobra al público para ver las presentaciones. El Festival dice que el Concejo municipal siempre los ha exonerado. Este año, por primera vez, luego de que la alcaldía tomó la drástica medida de congelarle las cuentas, la Fundación se comprometió a pagar los impuestos.
 
También se investiga la forma como la Fundación se quedó con los terrenos del parque de la Leyenda Vallenata. El Concejo de la ciudad autorizó al alcalde Johny Pérez en el 2000 para que firmara un “convenio de aporte” en donde se le entregan los terrenos que eran públicos a la Fundación. Lo curioso es que en menos de 6 meses firmaron 3 escrituras distintas. La primera, que era una dación en pago, queda anulada a los pocos días. En las dos siguientes se le cambia la razón social al predio de bien público a bien fiscal, y se aumenta el área entregada de 16 a 23 hectáreas.
 
En el convenio se acordó que la Fundación recibía el predio con el compromiso que durante 10 años se comprometiera a construir allí un parque temático del vallenato. Pero ya han pasado más de diez años y el parque no tiene las atracciones turísticas que prometió en un inicio y por eso argumentan que la fundación incumplió el convenio. Rodolfo Molina dice que no han contado con recursos suficientes para terminar de desarrollar el parque porque el dinero que recaudan se lo meten a la organización del festival cada año que, según él, cuesta alrededor de 4 mil millones. La Contraloría no sabe hoy en qué se ha gastado la plata la Fundación.
 
Cuando hizo el informe de auditoría, la Fundación solo les dio acceso a ciertos documentos y facturas, argumentando que por ser una entidad privada -que sin embargo maneja recursos públicos- no tiene la obligación de rendirle cuentas. Dentro de lo que se investiga está precisamente la autorización del uso de recursos del Fondo Nacional de Regalías para construir el coliseo donde hoy se hacen las presentaciones. Según el exalcalde Elías Ochoa, el presidente Pastrana y Planeación Nacional lo autorizaron, pero no se hizo ningún proceso de licitación para construir la obra.
 
Rodolfo Molina, como representante de la Fundación, el actual alcalde de Valledupar, Luis Fabián Ramírez, y los exalcaldes, Ciro Pupo Castro, Rubén Carvajal Riveira y Johny Pérez han sido llamados a indagatoria por su presunta participación en la comisión de los delitos de prevaricato por acción, por omisión, abuso de confianza, peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.
 
Molina no le ha cumplido las citas a la Fiscalía presentando excusas médicas por una hernia discal, argumentando que su abogado tenía “problemas domésticos” y que “ante inconvenientes insalvables operativos en desarrollo de la programación de la organización del próximo Festival de la Leyenda Vallenata”, no podía presentarse ante la fiscalía ni el 15 de febrero ni el 11 de marzo cuando fue llamado a indagatoria. La Fiscalía espera que el próximo 11 de mayo sí se presente.
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