El ‘articulito Maya’, el proyecto que busca elevar la edad de retiro forzoso

El contralor general de la Nación cumplirá años el próximo 24 de julio. La noticia sería motivo de celebración si no fuera porque habrá 65 velitas y el ordenamiento jurídico colombiano establece que esa es la edad de retiro forzoso de los funcionarios en Colombia. Es decir, que muy probablemente no podría seguir en su cargo.

Sin embargo, Maya tiene una esperanza. Esta semana se debate un proyecto de ley que propone ampliar la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Como quizás el principal beneficiado con la norma sería él, en el Capitolio lo llaman el “articulito Maya”.

El hecho de que el proyecto se debata con tanta urgencia esta semana, cuando faltan apenas tres sesiones para que se acabe la legislatura, ha causado desconcierto entre los congresistas. En la agenda legislativa hay otros proyectos de mayor apremio como el Código de Policía, la ley estatutaria de Justicia, la creación de la Comisión de Aforados y el proyecto de Transparencia, que si no salen aprobados en estas semanas se caerían.

A diferencia de todas esas iniciativas, la de la edad de retiro forzoso apenas está en segundo debate. Sin embargo, esta semana ese proyecto tuvo prioridad. Aparte del contralor, del procurador y del defensor del Pueblo, hay otros dos sectores de poder que se beneficiarían si este fuera aprobado: los magistrados y los notarios. Se sabe que ambos han hecho lobby en el Capitolio para empujar el proyecto.

El martes en la tarde, la plenaria de la Cámara de Representantes se dedicó a darle trámite a esa ley. Como el proyecto afecta a los magistrados, más de 50 congresistas que tienen procesos pendientes en las cortes se declararon impedidos. Resolviendo esos recursos se pasó toda la tarde.

El tema despierta las más álgidas controversias en el alto mundo del poder y es una de las causas de la cúpula de la justicia. Por un lado, porque es un hecho que al cumplir los 65 años muchas personas tienen todavía muchísimo que aportar a la sociedad y esa es la situación en la que se encuentran decenas de altos funcionarios.

La exposición de motivos hace énfasis en esa realidad y asegura que las capacidades intelectuales no cesan con el paso de los años. También destaca que esta medida ayudaría a aliviar los graves problemas del sistema pensional.

Por otro lado, quienes se oponen consideran que esto impide que haya una renovación en los altos cargos del Estado y que quienes la proponen actúan en causa propia.

Parte de la molestia que existe es que la nueva norma no cobijaría a todos los funcionarios, sino a unos muy específicos.

Según quedó consagrado en la ponencia, sólo aplicaría para el nivel directivo o decisorio de las Ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Poder Público, de los organismos de control (como la Contraloría), la organización electoral, los organismos especiales, los jueces y magistrados de la República y sus equivalentes, y de los particulares que ejerzan funciones públicas (es decir, los notarios).

El tema siempre es de hondo calado y en el caso de Maya ha generado suspicacias desde cuando su nombre comenzó a sonar para la Contraloría. De hecho, esa una de las razones por las cuales cuando lo ternaron muchos habían salido a vetarlo.

El procurador Alejandro Ordóñez en una carta al Congreso evidenció que esto podría ser una inhabilidad y que por eso no deberían elegirlo. En ese momento, sin embargo, se dijo que como la Contraloría es una entidad autónoma, a él no le aplicaría esa norma. Pero hay opiniones jurídicas opuestas sobre el tema.

Así, las cosas, el Congreso que eligió al contralor hace apenas un año podría tener en sus manos la posibilidad de dejarlo o sacarlo.