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| 1/3/2015 10:00:00 PM

La herencia maldita de la Contraloría

La Contraloría General sigue en el limbo: está sin sede y metida en líos por cuenta del polémico contrato que le dejó la excontralora Morelli.

Es increíble. La Contraloría General de la República, la entidad encargada de vigilar y proteger los bienes y recursos del Estado está sin sede y se encuentra en un gran enredo por su contrato de arrendamiento, que se convirtió en una auténtica herencia maldita.

El contralor Edgardo Maya calificó la situación, que tiene a la entidad al borde de la parálisis, como “absurda, insólita e inconcebible”. El alto funcionario celebró en los últimos días reuniones con abogados, con el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y con la empresa propietaria del inmueble para buscar una solución.

Resolver este lío no ha sido fácil y el tema ha ido escalando hasta que, el 31 de diciembre, venció el contrato de arrendamiento del edificio donde funcionaba la sede de la Contraloría y trabajan 2.300 empleados públicos. Ante la ausencia de un acuerdo, los arrendadores presionaron para que la entidad desocupara en esa fecha, como indicaba el contrato. El contralor lo demandó y ahora el tema quedará en manos de un tribunal de arbitramento integrado el 14 de enero por la Cámara de Comercio de Bogotá.

El problema es de dimensiones mayúsculas porque la Contraloría tiene a su cargo vigilar el manejo de cerca de 700 billones de pesos de recursos del presupuesto de la Nación, del Sistema General de Participaciones, de la salud y la educación. Además, debe expedir los certificados de antecedentes fiscales, un requisito para las personas que se quieran posesionar en un cargo público, que contraten con el Estado, tramiten una pensión o hagan una gestión consular. Como si fuera poco hay 16.000 expedientes electrónicos paralizados, 800 procesos de responsabilidad suspendidos y el problema de desmontar de la noche a la mañana un centro de información que contiene los datos fiscales de los colombianos.

Ante este panorama, Maya declaró la urgencia manifiesta para que las entidades del Estado le ayuden a buscar una pronta salida. Por su parte, el sindicato de trabajadores de la entidad interpuso una tutela por la violación al derecho al trabajo y pidió un plazo de seis meses para abandonar el edificio. Lo peor es que una juez de la República, que debería fallar el viernes, solo lo hará esta semana pues estaba en vacaciones.

El gobierno tiene soluciones parciales. El ministro de Justicia ofreció su sede para albergar 400 funcionarios. También está habilitando las instalaciones del edificio donde se encontraba la antigua Dirección de Estupefacientes. Eso significa que habría que buscar acomodo para los restantes en otras dos o tres sedes más. Mientras eso ocurre muchos funcionarios de la Contraloría tendrán que trabajar desde sus casas.
 
 Lo que todo el mundo se pregunta es cómo se llegó a esta situación tan absurda.  El contrato de arrendamiento de la nueva sede  fue suscrito por la entonces contralora Sandra Morelli, quien afronta investigaciones en la Fiscalía precisamente por supuestas irregularidades al celebrarlo. Morelli al llegar a la Contraloría, resolvió vender sus oficinas en el viejo edificio de Colseguros, en pleno centro de Bogotá, y trasladarlas a unas modernas instalaciones en el centro comercial Gran Estación II, en Ciudad Salitre. En su momento el contrato generó polémica porque el canon mensual ascendía a 2.600 millones de pesos, más 74.000 millones  para adecuar las instalaciones. Eso llevó a investigaciones de la Auditoría y de la Fiscalía, que terminaron en la salida intempestiva de Morelli del país.

Cuando Maya Villazón asumió el cargo el 4 de septiembre, encontró que el contrato vencía el 31 de diciembre de 2014. Como tenía tantos problemas, no lo quiso prorrogar porque podía verse expuesto a investigaciones penales. “De ese carcelazo no me libra nadie”, dijo Maya al explicar una polémica cláusula según la cual si la Contraloría entrega la sede antes de diez años o no renueva el contrato debe pagar una multa de 34.000 millones de pesos. Maya califica de ilegal ese acuerdo y dice que el contrato se firmó por dos años y no por diez. Pero otro hecho agrava más las cosas: se estipuló que en el momento en que la Contraloría salga del edificio debe entregar las instalaciones en obra gris, es decir, se tendría que llevar lavamanos, baños, divisiones, paredes y toda la dotación.

El episodio es un mal síntoma de la salud de las entidades más importantes del Estado. Que la dependencia que controla la administración de los bienes públicos no pueda manejar sus propias instalaciones no tiene presentación. No es posible que se haya permitido que las cosas llegaran hasta este extremo sin que aparecieran soluciones de fondo.  Y lo peor es que el asunto aún parece lejos de resolverse.
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