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| 5/16/2015 10:00:00 PM

Fiscal y procurador: ¡por qué no se callan!

Con sus peleas, el fiscal y el procurador han perdido credibilidad y han dejado la sensación de que tienen más interés en la política que en la Justicia.

Eduardo Montealegre y Alejandro Ordóñez no están de acuerdo prácticamente en nada. Son el agua y el aceite. Y, sin embargo, se parecen en muchas cosas. Son la foto y el negativo de un fenómeno similar. Como cabezas de los dos grandes organismos que investigan a los ciudadanos en lo penal (Montealegre) y en lo disciplinario (Ordóñez), interpretan su papel institucional de una forma demasiado amplia.

Ambos se creen voceros de los ciudadanos. Se la pasan dando ruedas de prensa, participan en los programas de debate, dan entrevistas, generan polémica. No se callan. Por su intensa actividad verbal proyectan una imagen de dirigentes políticos que es muy diferente a la que se asocia con quienes administran justicia, que normalmente se caracteriza por la discreción. No por coincidencia, de los dos se dice que tienen aspiraciones electorales para el futuro y que están usando sus cargos como trampolines.

La semana pasada, nuevamente, compartieron foro en la Universidad del Rosario. No era la primera vez y dejaron en claro, una vez más, sus antagónicas posiciones sobre el proceso de paz. Ordóñez considera que, como cabeza del Ministerio Público, debe plantear los límites que, según él, deben tener las negociaciones con las Farc. En una ocasión controvirtió en público con el presidente Juan Manuel Santos, cuando este le pidió que no se metiera en sus fueros y le contestó sin reato que tiene atributos legales para intervenir en el tema de la paz. Ordóñez se ha convertido en un vocero de la mano dura, posición que lo acerca al uribismo.

En la otra esquina, Montealegre considera que, como fiscal, tiene facultades que le permiten aportar en la búsqueda de fórmulas para lograr la paz. Apoya la idea de una justicia transicional para la guerrilla, los militares y los no combatientes, un planteamiento que lo acerca mucho al gobierno y por eso Montealegre ha recibido críticas por fungir como muy cercano al Ejecutivo.

Montealegre y Ordóñez están en orillas opuestas, que son coherentes con sus trayectorias. El procurador ha militado en el conservatismo y el fiscal en el liberalismo, y eso se refleja en sus antagónicos planteamientos sobre la paz. En el corto plazo, eso ha dejado mejor parado a Ordóñez ante varios sectores de la opinión. Desde un punto de vista político, siempre es más rentable atacar al gobierno que defenderlo. Más aún cuando se trata de criticar o apoyar un proceso de paz que se encuentra en una grave crisis de credibilidad después del asesinato de 11 soldados en el Cauca, por parte de las Farc. Ordóñez le habla a la galería mientras Montealegre actúa con realismo y con ánimo de salvar las negociaciones pero poniendo en aprietos al gobierno y al equipo negociador de La Habana. La actitud del fiscal puede ser más cuidadosa, pero es claramente menos rentable en las encuestas.

El hecho es que las diferencias entre los dos grandes organismos de investigación no siempre se tramitan con el rigor, la prudencia y la responsabilidad que requieren los líderes que ostentan estos dos importantes cargos. La pugnacidad ha crecido y ha alcanzado niveles tan preocupantes como grotescos. La semana pasada Ordóñez se salió de casillas y llamó al presidente Santos “culipronto”. Luego ordenó allanamientos de los ministerios de Salud y de Ambiente que desbordaron cualquier proporcionalidad y tuvieron un sabor a abuso de poder. Funcionarios de la Procuraduría con funciones de Policía Judicial llegaron a los despachos de los ministros Alejandro Gaviria y Gabriel Vallejo sin previo aviso, en busca de documentos que respaldan la posición de esos dos funcionarios en favor de suspender la fumigación con glifosato. Ordóñez opina que la política de erradicación por aspersión aérea debe continuarse y fue el único que la defendió en la reunión del Consejo de Estupefacientes, el jueves, que concluyó con que se debía suspender la fumigación aérea con glifosato. El hecho es que las intimidadoras visitas tuvieron ribetes de persecución a dos sospechosos o criminales, cuando en realidad la información que necesitaba la Procuraduría se habría podido obtener con un par de llamadas.

Montealegre también se ha salido de madre. Y no solo en declaraciones sino también en acciones. Fue el gestor de la reunión con las cabezas de las altas cortes, y el redactor del texto allí adoptado con la insólita propuesta de hundir la reforma de equilibrio de poderes –que después de seis debates ya está en la puerta del horno– y convocar a una Asamblea Constituyente.

No solo fue insólito el torpedo contra un proyecto de reforma que ha apoyado el gobierno. También fue desmedido el lenguaje con el que se despachó contra todo el mundo, en una entrevista con Yamid Amat en El Tiempo, en especial contra el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alfil del gobierno en los debates sobre la reforma en el Congreso. No menos desafortunado fue anunciar, en una entrevista en Caracol Radio, que esta semana le imputará cargos y pedirá medida de aseguramiento contra Luis Alfonso Hoyos, exdirector espiritual de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Más allá de la pertinencia –o no– de las medidas, en un país serio estas se anunciarían por fallos judiciales y no a través de micrófonos radiales.

El fiscal Eduardo Montealegre se había ganado fama de títere del gobierno. Para nadie es un secreto que la salida del entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, tuvo que ver con sus desacuerdos con Montealegre sobre una iniciativa para reformar la Justicia. Pero con su férrea posición de mosquetero de las cortes y su intento de estocada final contra la reforma de equilibrio de poderes, no quedó como un amigo del gobierno sino todo lo contrario. Y el triple salto mortal lo desprestigió más ante la opinión pública.

Un coletazo contra el mismo fiscal es la fotografía que se tomaron los dirigentes de todos los partidos políticos, el martes pasado, después de una reunión en el Hotel de la Ópera en Bogotá en la que decidieron seguir adelante con el proyecto de equilibrio de poderes. No solo es llamativa la respuesta política al alimón contra la idea de abortar la iniciativa sino el impacto simbólico y mediático de tener, cerrando filas, a contradictores políticos tan disímiles como Horacio Serpa y Óscar Iván Zuluaga y Claudia López, entre otros. En contra de la carta de los presidentes de las cortes, inspirada por el fiscal, convergieron los líderes de todos los partidos, defendiendo la separación de poderes y la legitimidad del Congreso. Un hecho tan insólito como estimulante.

Procurador y fiscal, por igual, han llegado demasiado lejos. En los últimos días coincidieron con amenazas de demandas contra decisiones con las que no han estado de acuerdo y en las que han sido derrotados por estar en minoría. Eso planteó el procurador contra la suspensión del uso del glifosato por parte del Consejo de Estupefacientes. Buscará que el Consejo de Estado revoque la decisión. Y algo parecido anunció el fiscal contra la reforma de equilibrio de poderes si, como todo indica, es aprobada por el Congreso. Dijo que la demandará ante la Corte Constitucional. En el calor de la confrontación, para estos funcionarios ya no es aceptable que haya decisiones diferentes a las que ellos quieren. No aceptan una última palabra, a menos que sea la de ellos.

Otros motivos de rifirrafe, de hecho, han tenido que ver con la manera como los cambios que el Congreso está introduciendo a la Constitución, en términos de la justicia, los puede afectar. El senador liberal Luis Fernando Velasco levantó polvareda cuando reveló que una funcionaria de la Fiscalía estaba haciendo lobby para que se excluyera una norma que establecía una inhabilidad que le impediría al fiscal litigar en procesos penales durante los cinco años siguientes a la terminación de su periodo. Y, por su parte, causó un intenso debate la inclusión del procurador en la lista de funcionarios beneficiados con un foro especial para ser juzgados: quedar en manos del tribunal de aforados, en vez de la jurisdicción ordinaria. Ambos episodios dejan el sabor de que los dos están actuando en función de intereses personales y no institucionales.

Como siempre ocurre en Colombia, hay versiones que aseguran que los interesados –procurador y fiscal– les han ofrecido puestos a los congresistas a cambio de su voto. Aún si eso no es cierto –y no existe ninguna prueba de que lo sea– es un hecho que los congresistas no son totalmente libres para tomar decisiones que tienen que ver con funcionarios, como el procurador, que tiene la facultad para investigarlos y destituirlos. Siempre estará esa espada de Damocles en la yugular de sus votaciones.

Todo esto se produce, además, en un entorno de desconfianza de la opinión y crisis de la Justicia. Hace apenas unas semanas se destaparon las denuncias contra el expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. En las últimas encuestas las instituciones de la rama cayeron a niveles de desprestigio comparables con los que hace rato golpean al Congreso y a los partidos, es decir, por encima del 75 por ciento. Un panorama así solo puede enfrentarse con responsabilidad y visión, que es todo lo contrario de lo que están esgrimiendo el procurador y el fiscal. Estos dos funcionarios, por su poder, simbolismo y significado institucional deberían ejercer un liderazgo a la altura del momento histórico que el país está viviendo.

Sería injusto decir que Ordóñez y Montealegre son los únicos causantes del descalabro, o de los bajos índices de favorabilidad que hoy afectan a las instituciones de la Justicia. También ha habido falta de liderazgo del gobierno, metidas de pata de la oposición de izquierda y de la uribista, embarradas del Congreso e irresponsabilidad de los medios de comunicación. Y allí también hay culpables de que el debate político haya perdido nivel y ponderación. Se ha politizado la Justicia y judicializado la política, y no hay muchos que puedan tirar la primera piedra: hay múltiples culpables y el llamado a la sensatez debe ser general.

Alejandro Ordóñez y Eduardo Montealegre pueden tener aspiraciones políticas legítimas, pueden no esconder sus diferencias doctrinarias, ni renunciar a buscar un liderazgo dentro de la Rama Judicial. Pero ambos han asumido formas y protagonismos que, por su magnitud y también por su orientación, están haciendo mucho daño. En un momento tan crucial, el país necesita de líderes con madurez y cordura. Que no es, propiamente, el papel que vienen cumpliendo el procurador y el fiscal.
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