El fiscal y el procurador, los poderosos demandantes

Se trata de abogados de enorme prestigio. Ocupan sendos cargos que están en la cúspide del Estado. Por eso, sus anuncios no son marginales y menos cuando se trata de tumbar decisiones impulsadas por el presidente Juan Manuel Santos. Al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y al procurador general, Alejandro Ordóñez, los une ahora su disgusto y anuncian que demandarán para recuperar la tranquilidad.

La semana pasada el fiscal general, quien es cercano al gobierno Santos, se desprendió de lo que para el Ejecutivo ha sido un punto de honor, la aprobación en el Congreso del proyecto de equilibrio de poderes que, entre otros temas, elimina la reelección presidencial, la de altos funcionarios y crea una corte especial para que investigue y sancione las conductas de, entre otros, del fiscal.

Para manifestar su inconformismo con la aprobación del proyecto que ya completó seis de los ocho debates, Montealegre lanzó una advertencia al Gobierno que se entendió en sectores políticos como un desligue entre la Fiscalía y el Ejecutivo.

Si se llegara a aprobar la reforma de equilibrio de poderes, ¿usted entonces la demandará?, se le preguntó hace unos días: “Indiscutiblemente, si el proyecto de equilibrio de poderes es aprobado, presentaré demanda ante la Corte Constitucional porque hay normas que sustituyen la Constitución y violan el trámite que impone esta”. ¿En realidad es así de terrible? Para él sí: “El proyecto está minado de temas inconstitucionales y de vicios de procedimiento”.

El jefe del ente investigador suma más argumentos: que la reforma es inconstitucional, que es una revancha del Congreso contra las altas cortes y la Fiscalía, y que le está entregando más poderes al Ejecutivo. Por eso anunció una demanda.

Ahora el turno es para el procurador general de la Nación, quien tras la aprobación a la suspensión del uso el glifosato para los cultivos ilícitos, también anunció que demandaría el decreto que prohíbe el uso del glifosato.

La votación no favoreció al jefe del Ministerio Público, quien en el Consejo Nacional de Estupefacientes fue derrotado 7-1 para que se aprobara la prohibición. Según el procurador, el ente presentó un documento soportado en estudios y conceptos emitidos por el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente que indican que no es necesario aplicar el principio de precaución y suspender así la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato.

Para Ordóñez se trató de una decisión política, “por tal razón una vez se expida el acto administrativo correspondiente, la Procuraduría General de la Nación lo demandará ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.

Al fiscal y al procurador los han separado sus posiciones frente al procesos de paz y el castigo para los jefes de las FARC, sin embargo, a estos dos poderosos hombres, ahora los une la idea de presentar demandas cuando no les gusta las disposiciones del Gobierno.