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| 10/28/2015 11:40:00 PM

Lanzarían salvavidas a Universidad de la Fiscalía

El fiscal Eduardo Montealegre anunció que la institución pasará a ser una escuela de altos estudios y se garantizará el proceso a los estudiantes.

Hasta este martes muchos en el país no sabían de la existencia de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ) o Universidad de la Fiscalía, mucho menos conocían que ya estaba funcionando y que su continuidad estaba amenazada por falta de recursos.

La denuncia fue registrada por Semana.com y en ella se advirtió que tras una inversión de 35.000 millones de pesos, no tenía dinero para funcionar el próximo año y cumplirles con sus estudios a los 23 estudiantes matriculados en la especialidad de tecnología, 11 en la de juicio oral y cinco en la de pensamiento crítico.
Tampoco cómo responderles a los 16 gestores de conocimiento y 64 empleados administrativos y académicos que hacen parte de la entidad.

Ahora, el fiscal Eduardo Montealegre anunció que la institución cambiará su naturaleza y pasará a ser una escuela de altos estudios “para no interrumpir los proyectos de capacitación”.

El funcionario precisó que la problemática económica de la entidad surge de la determinación del gobierno nacional de reducir los presupuestos de todas las entidades del sector público, debido especialmente a la crisis de los precios del petróleo en el mundo.

Por esto, explicó Montealegre, “propondremos al Congreso que le cambiemos la naturaleza a la institución universitaria para que a través de un proyecto de ley que ya se está trabajando, pase a ser una escuela de altos estudios, dependiente del presupuesto de la Fiscalía”.

Aunque con el anuncio del fiscal Montealegre se disminuiría la tensión por el posible cierre del claustro, ahora, tanto miembros de la Fiscalía como empleados de la universidad no tienen conocimiento de dónde van a salir los recursos para la escuela de altos estudios que propone el alto funcionario. Por esto, se cree que es una idea que sigue en el aire.

Ante la decisión tomada por el jefe del ente acusador, miembros de la universidad esperan que cumpla con lo establecido  antes del 12 de diciembre, que es la fecha en la que se cumple el cierre de semestre.

En relación con esto, una fuente de la universidad le dijo a Semana.com que “la medida será efectiva en cuanto pase de ser una propuesta a algo en firme, si esto no sucede, no habrá nada seguro para la continuidad de la Universidad”.

La crisis del claustro educativo fue evidenciada desde el pasado martes 13 de octubre, durante la aprobación del Presupuesto General en el Congreso, cuando el representante a la Cámara Edward Rodríguez reclamó al Ministerio de Hacienda para que esta universidad tuviera viabilidad jurídica y presupuestal. Esto, tras la negativa del Gobierno de otorgar más dinero para la institución el próximo año.

El funcionario dijo que prácticamente se estaría sepultando a la universidad y, de paso, generando un detrimento patrimonial por lo ya gastado en su funcionamiento.
Con esto, se daban las primeras señales de que esa institución era inviable a corto plazo y con ello lo invertido hasta ahora en ella se podría convertir en plata perdida.

Semana.com indagó sobre el asunto. Lo hizo con el actual rector, César Augusto Solanilla Chavarro, quien mostró su preocupación. Aseguró que desde cuando se conoció la decisión del Ministerio de Hacienda de no otorgar más recursos, se presentaron cerca de 20 derechos de petición a los Ministerios de Hacienda y Educación, a la Presidencia y a los ponentes y coordinadores del Congreso. También se informó al Ministerio de Justicia, con el propósito de resolver la situación.

La CIJ había solicitado reiteradamente la convocatoria al Consejo Directivo, al delegado del fiscal y no había logrado que se convoque. Hasta  este miércoles cuando el fiscal general Eduardo Montealegre lanzó el que parece ser el salvavidas del que desde un principio ha sido su proyecto más ambicioso y consentido.
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