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| 10/13/2017 7:58:00 AM

La denuncia penal de Montealegre contra Gustavo Moreno

Sin que se haya divulgado el contenido de la declaración del abogado Moreno ante la corte, el exfiscal general pide que sea investigado por falso testimonio y fraude procesal. Eduardo Montealegre solicitó que miembros del CTI que participaron del caso Ashton sean interrogados.

Dos días después de que el abogado Gustavo Moreno rindiera una declaración ante la Corte Suprema de Justicia por el supuesto caso de corrupción en una investigación contra el senador liberal Álvaro Ashton, el exfiscal general Eduardo Montealegre sorprendió anunciando una denuncia penal para defenderse. 

El contenido de las declaraciones de Moreno son hasta ahora de carácter reservado, sin embargo, Montealegre trae a colación un aparte del interrogatorio para anticipar que le pidió a la Fiscalía General que se investigue a Moreno por falso testimonio y fraude procesal.

"Gustavo Moreno sugirió que el senador Álvaro Ashton tenía acceso a los miembros del CTI (...). Según Moreno, la supuesta información sobre temas sometidos a reserva judicial se produjo por la cercanía del fiscal general de la época Eduardo Montealegre con el senador Ashton", indicó en la lectura de un comunicado.

Adelantándose a la actuación de la corte, Montealegre aseguró que le pedirá al alto tribunal que compulse copias ante la Comisión de Acusaciones para que lo investiguen por estos señalamientos, las cuales calificó de contrarios a la verdad. "Son irresponsables conjeturas que constituyen un engaño para la justicia". 

La mención de Moreno al exfiscal Montealegre está relacionada con las investigaciones que se adelantan en la Corte Suprema por parapolítica en contra de Ashton. El caso pasó por manos de dos magistrados de la Sala Penal: Gustavo Malo y Eugenio Fernández Carlier. Ellos disponen a su vez de investigadores del CTI de la Fiscalía asignados de manera especial para adelantar los procedimientos. 

En contexto: "Magistrado auxiliar está herido en el corazón por su salida de la corte"

Moreno asegura que para frenar el ritmo de las investigaciones de este proceso se exigieron $1.200 millones, de los cuales el senador Ashton habría accedido a pagar $600 millones. De este dinero, asegura que 200 millones fueron entregados a Francisco Ricaurte y 200 a Leonidas Bustos. 

Varios aspectos llaman la atención del curso de esta investigación en la corte. Una de ellos es el extravío de las interceptaciones telefónicas hechas al parlamentario Álvaro Ashton, hecho del que advirtió el exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez que llevaba la investigación. Estas interceptaciones fueron después recuperadas directamente con los peritos técnicos que las tomaron. De manera que cuando Gustavo Malo hace entrega del expediente al magistrado Fernández Carlier, estas ya estaban incorporadas. 

El tema es sensible, ya que estas interceptaciones hacen parte de un extenso informe que contiene seis meses de conversaciones telefónicas. De lo que se conoce, estas grabaciones dan cuenta de la relación de cercanía que existía entre Ashton y el exmagistrado hoy capturado Francisco Ricaurte. 

También en una entrevista rendida ante la Fiscalía, el exmagistrado auxiliar Raúl Gutiérrez explicó la forma en que fue apartado de su cargo por su jefe Eugenio Fernández. Cree que detrás de su salida estuvo la incomodidad que pudieron haber generado sus posiciones frente a algunos casos de parapolítica que estaban a su cargo, uno de ellos es el de Álvaro Ashton. Fernández Carlier explicó que la salida de Gutiérrez fue ordenada por la misma Sala Penal de la Corte Suprema.

En todo caso, aunque el exmagistrado auxiliar Reyes Rodríguez había advertido que este proceso daba para la apertura de una investigación formal antes de entregarlo en el año 2014, hasta hoy no se ha realizado ninguna actuación en contra de Ashton. 

Con la denuncia de falso testimonio y fraude procesal contra Moreno, Montealegre también le pidió a la Fiscalía General que todos los agentes del CTI que intervinieron por asignación especial en el proceso de Ashton sean interrogados. También, que sea ordenada una asignación especial para investigar la denuncia. 

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