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El fiscal y sus diversas posiciones con las FARC

Eduardo Montealegre propuso indultos y amnistías para violaciones de derechos humanos, trabajo social en lugar de cárcel. Ahora habla de un mínimo de justicia y contempla la prisión.

14 de julio de 2015

El 9 de mayo del 2012 el país desconocía que el gobierno de Juan Manuel Santos llevaba una buena temporada de conversaciones secretas y exploratorias con voceros de las FARC para sentarse a pactar el fin del conflicto. Nadie lo sabía. En ese momento, sólo el Congreso venía ambientando el asunto. La Cámara estaba a punto de aprobar el marco jurídico para la paz, la norma que permite penas alternativas de cárcel a cambio de verdad y reparación a las víctimas. Todo pensando en un eventual proceso de paz.

Eduardo Montealegre no completaba un mes en el cargo de fiscal general, pero ese día no le sobró confianza. Acompañado del expresidente Ernesto Samper aprovechó las cámaras de televisión para pedirle al Congreso que aprobara el marco para la paz pero con la posibilidad de otorgar indultos o amnistías condicionados incluso para graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Ese es el gran debate. En el momento de finalizar un proceso de paz, el país tiene que pensar seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados inclusive frente a graves violaciones de Derechos Humanos”.

Esa fue la primera frase de Montealegre sobre el tema de la paz. En ese momento nadie se la esperaba y generó cierto escándalo. Se daba por hecho que las palabras indultos, amnistías, perdón y olvido habían quedado desterradas por cuenta del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y al que Colombia se acogió desde mediados de los 90.

Meses después, cuando todo se supo, y el Gobierno y las FARC se sentaron para negociar el conflicto, el fiscal Montealegre, que ya había acumulado mayor vitrina, empezó a fungir como el principal aliado del presidente Juan Manuel Santos en el tema de la paz, y contra opiniones como las del procurador Ordóñez, empezó a ambientar posibles escenarios judiciales para las FARC que llevaron a muchos a jalarse los pelos.

“El marco jurídico para la paz no es sinónimo de impunidad y esa tesis es muy peligrosa para el país. No se puede decir ahora que la cárcel es el único camino para pagar por los delitos cometidos”, dijo el 9 de abril del 2013, día en que se sumó a la marcha por las víctimas y la paz y en la que desafió al procurador. “En el caso de las FARC no se avanza en un proceso de sometimiento, sino de negociación de paz…”.

Tres días después, el fiscal no se ruborizó al afirmar que “no hay condenas a guerrilleros de FARC por delitos de lesa humanidad” y que esa ausencia de condenas “facilitaría que recibieran los beneficios del marco para la paz”. Que el funcionario encargado de investigar y acusar en el país saliera con esto no dejó de ser tan exótico como escandaloso.

Eran las primeras frases del fiscal sobre la paz. En principio fueron asumidas como una estrategia para neutralizar al procurador Ordóñez, el más crítico del proceso de paz que apenas iniciaba, ni siquiera completaba seis meses de haberse instalado, y mucho menos se habían producido acuerdos.

Montealegre generó una gran división de opiniones. Aunque unos aplaudían sus posiciones jurídicas, pues suponían un impulso para la paz, otros hasta lo acusaron de ser un fiscal politiquero y de bolsillo del presidente Santos.

29 de abril del 2013. El fiscal Montealegre dijo que a las FARC “se les podría otorgar el principio de oportunidad” para cesar la investigación penal en contra de los guerrilleros que lleguen a firmar la paz.

30 de abril del 2014. A tres semanas de las elecciones presidenciales, Montealegre añadió un nuevo condimento al debate. Advirtió que la cárcel no es el único método de castigo para las FARC. “Una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes podríamos hablar de penas alternativas a la pena de prisión, por ejemplo, el trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social como el desminado, y que contribuyen a desmontar las estructuras de guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través de trabajo social”.

El pasado 25 de junio, en un debate con Antanas Mockus, sugirió hasta un sistema de arresto los fines de semana como castigo para los autores de crímenes de lesa humanidad.

Pero las frases de Montealegre, que claramente pretendían alinearse en favor del proceso de paz, habrían tenido peligrosas consecuencias. Que el encargado de investigar los crímenes de las FARC dijera todo eso, inevitablemente les dio alas a los voceros de la guerrilla para aferrarse a su posición radical de que no están negociando para pagar un solo día de cárcel.

Alguna vez Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, confesó que en ocasiones, los amigos de la paz hacen más daño y más ruido a la Mesa de La Habana que los más críticos del proceso. Precisamente, los negociadores del gobierno y las FARC llevan más de un año sin acuerdos y están enredados precisamente con el asunto de la justicia transicional.

El Gobierno intenta hacer entrar en razón a la guerrilla de que cárcel habrá para los máximos responsables y para garantizar un mínimo de justicia. Este pulso ocupará a la Mesa en estos próximos cuatro meses y para destrabarlo, las frases de Montealegre estarían lejos de ayudar.

Puede ser una coincidencia, pero en este contexto, Montealegre volvió a salir en los medios de comunicación para pasar de ser laxo y generoso con la guerrilla a ser más exigente. Lleva dos semanas en el empeño. Ahora no sólo anunció por los micrófonos imputaciones para los cabecillas de las FARC, sino que les hizo varias advertencias: “Si las FARC no aceptan un mínimo de justicia, no se puede firmar la paz”, dijo en entrevista concedida a El Tiempo y publicada el pasado domingo 12 de julio. Este martes amplió el concepto, al decir que “las FARC, si tienen voluntad real de paz, deben olvidarse de indultos y amnistías”.

¿Hay movidas en el discurso del fiscal? Es probable. Pero el contexto de cada una de sus posiciones es distinto. Antes buscaba generar un ambiente de  posibles concesiones a la guerrilla a cambio de alcanzar el derecho colectivo de la paz. Ahora cuando la mayoría de la población, según lo registran las encuestas, no aceptaría que las FARC se desmovilicen sin pagar cárcel, el cambio de postura es un grano de arena para desempantanar el proceso de paz.

Por eso, tanto antes como ahora, las frases del fiscal Montealegre son propias de un fiel aliado del presidente Juan Manuel Santos.